Reconfiguración del rol de las Fuerzas Armadas y “ayuda humanitaria” Norteamericana

Por Martín Calero

En un discurso pronunciado el día 29 de mayo en el Colegio Militar de El Palomar, el presidente Macri confirmó que el gobierno está analizando cambios para el futuro de las Fuerzas Armadas. Según una nota publicada el mismo día por el diario Clarín¹, autoridades del oficialismo insisten en modificar el decreto 727/06, que limita el rol de las FF.AA. ante agresiones de origen externo perpetuadas por ejércitos de otros Estados. A estas definiciones se le suma la orden de movilizar mil efectivos del Ejército a la frontera norte del país para realizar tareas de seguridad de los radares y logística. Por sí sola, esta medida no configura ningún cambio, y forma parte del trabajo de frontera que se viene realizando desde hace tiempo. Lo que llama la atención es la progresiva reconfiguración de los recursos humanos y recursos materiales de las fuerzas, sin que la misma vaya de la mano de una modificación del marco legal establecido. Sin duda, desde Cambiemos anticipan que plantear un cambio a la normativa vigente abriría la puerta a un debate tanto dentro de las propias FF.AA. como al interior de la coalición de gobierno y, por supuesto, con las organizaciones de Derechos Humanos.

En un intento por evitar esta situación, en diferentes medios digitales empezó a circular una versión que afirma que se está analizando traspasar suboficiales del Ejército a Gendarmería. “Hoy tenemos Fuerzas Armadas con muchos miembros, pero desatendidos y sin la inversión adecuada. Esta iniciativa permitiría optimizar un recurso que ya tiene el Estado como la Gendarmería, que es una fuerza policial militarizada. A la vez, nos permitiría salir de la discusión de si las Fuerzas Armadas van a hacer seguridad interior para dar respuesta a una situación grave como la seguridad ciudadana”². De esta manera, se intenta repetir la estrategia utilizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde en el año 2016 se realizó el traspaso de alrededor de 23 mil agentes de la Policía Federal a la Policía Metropolitana, creando por la ley 5.688 la “Policía de la Ciudad”. Esta unificación que se viene llevando adelante desde el año 2016 está lejos de ser exitosa, persistiendo en la actualidad grandes y profundos problemas que surgieron de la unificación de las fuerzas.

Otro de los acontecimientos más importantes que tuvo lugar el último mes fue la decisión del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Neuquén de avalar la instalación de una base de “ayuda humanitaria” norteamericana, geoestratégicamente situada cerca de una de las reservas de gas y petróleo más importantes de la República Argentina: nada menos que Vaca Muerta. Repasemos algunos de los antecedentes que dieron lugar a este potencial establecimiento de una base militar de un Estado extranjero en un territorio que no presupone ninguna necesidad de ayuda humanitaria, pero que representa uno de los activos más importantes para el desarrollo económico y la soberanía energética de la Argentina.

El proyecto original para la construcción de la base había sido anunciado en 2012 por el entonces gobernador Jorge Sapag, pero fue suspendido debido a los cuestionamientos que en paralelo denunciaban la instalación de un emplazamiento de características similares en la provincia de Chaco. Es que tanto la sede chaqueña como la que se construiría en Neuquén habían sido “donadas” por el Comando Sur de los Estados Unidos, un organismo militar que en su propia página web afirma que “aprovecha las capacidades de respuesta rápida, la colaboración de naciones socias y la cooperación regional dentro de nuestra área de responsabilidad para apoyar los objetivos de seguridad nacional de los EE.UU.”³

El actual gobernador Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), desmintió que se trate de un espacio destinado a operaciones militares futuras y aseguró que las instalaciones albergarán a miembros de Defensa Civil y del Comité de Emergencia locales.

Precisamente, en octubre de 2016 se promulgo la Ley N° 27.287, que instituye el “Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil” o SINAGIR⁴. La normativa establece un marco legal sobre el cual se trabaja la prevención, preparación, mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de situaciones de emergencia en el territorio argentino. Por medio de esta ley también se crea el Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo Integral y la Protección Civil, que es la instancia superior de decisión, articulación y coordinación de Recursos del Estado Nacional.

A través de su artículo 10 la mencionada Ley crea el Consejo Federal para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, el cual tiene como representante del Poder Ejecutivo nada menos que a la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, y en el cual todas las provincias participan a través de un representante con rango no inferior a Subsecretario o equivalente. La provincia de Neuquén, por su parte, fue una de las primeras en aprobar la adhesión a este SENAGIR y por lo tanto también forma parte del Consejo Federal.

Por supuesto, la “ayuda humanitaria” no constituye una herramienta nueva ni poco común de intervención en países periféricos. En la actualidad, la Organización de Naciones Unidas (ONU) publica como emergencias humanitarias las situaciones en Siria, Iraq, Sur de Sudan, Yemen, Nigeria y Somalia⁵. Casualmente en Siria e Iraq existen conflictos bélicos por la administración de recursos petrolíferos y en el caso de Yemen por su influencia en el Golfo de Adén, por donde circula gran parte del petróleo del mundo. El estrecho de Bab el-Mandeb tiene 40km de ancho y es la puerta de entrada a la península arábica y el canal de Suez. En ese sentido, es importante seguir de cerca la evolución del establecimiento de la base en Neuquén y comprender la gran relevancia geopolítica de la influencia estadounidense en zonas cercanas a recursos naturales estratégicos.

Por último, es importante remarcar que la Argentina a través del Libro Blanco para la Defensa establece que “La progresiva configuración de la región suramericana como una zona de paz, el incremento en ella de la cooperación en materia de Defensa y la consolidación de diversas medidas de confianza mutua, han llevado a la República Argentina a suprimir las históricas hipótesis de conflicto militar con los países de su entorno geográfico inmediato que constituían el criterio ordenador del planeamiento estratégico militar en décadas pasadas”⁶.

La eliminación de las hipótesis de conflicto tradicionales obligó a la Argentina a establecer un nuevo paradigma de Defensa y forzó a las áreas de gobierno responsables del planeamiento militar a poner en marcha un cambio integral sobre la asignación de recursos de las Fuerzas. Esta situación, en conjunto con el marco normativo que determina y limita las acciones e intervenciones de las Fuerzas Armadas creó un escenario propicio para llevar adelante la modernización y profesionalización del conjunto de las fuerzas. Sin embargo, la actual administración está demostrando su intención cada vez más clara de alinear la política y el planeamiento militar bajo la órbita de los intereses de los Estados Unidos. En su afán de “reinsertarse en el mundo”, vemos con preocupación la reconfiguración de los objetivos de política militar en detrimento del interés nacional y en favor de los intereses geopolíticos continentales de la potencia hegemónica.

[1] Recuperado de: https://www.clarin.com/politica/seguridad-fuerzas-armadas-mauricio-macri-abrio-puerta-nuevo-debate_0_r17WPgiJm.html

[2] Recuperado de: https://www.infobae.com/politica/2018/06/01/el-gobierno-evalua-traspasar-suboficiales-del-ejercito-a-gendarmeria/

[3] Recuperado de: http://www.southcom.mil/

[4] Recuperado de: http://www.minseg.gob.ar/ley-27287-ley-del-sistema-nacional-para-la-gesti%C3%B3n-integral-del-riesgo-y-la-protecci%C3%B3n-civil

[5] Recuperado de: http://www.unocha.org/

[6] LIBRO BLANCO DE DEFENSA 2016. “El Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional”. Capítulo X. Pág 132.