La asignación de recursos en la organización social y económica de la sociedad actual se realiza mediante los incentivos que plantean los sistemas de precios. Estos son tomados como un sistema de señales, a partir de los cuales los agentes económicos toman decisiones analizando si estas señales acercan a la rentabilidad. Surge un problema significativo cuando, a modo de sinécdoque, se toma esta manera de asignar socialmente los recursos con los que contamos como la única e irremplazable. Al mismo tiempo, se pierde de vista una diferencia fundamental que la teoría económica aporta: el valor y el precio no son lo mismo, y no todo lo que tiene valor tiene precio. ¿Todo lo que tiene precio tiene valor?
Esta dicotomía entre precio y valor ha llevado a numerosos economistas y cientistas sociales a escribir cientos de miles de páginas discutiendo no solo esta diferencia, sino también como opera en la realidad, si tienden a igualarse o alejarse cuantitativamente el precio y el valor entre sí. Si bien no existe una ley general que manifieste el comportamiento dinámico de los valores y los precios en conjunto, certeramente podemos encontrar en el mercado que, por escándalo, la mayoría de las veces estos difieren entre sí.
Al mismo tiempo, una visión sesgada de la cuestión plantea que lo único importante son los precios -o sea, el valor reconocido por el mercado, pero no el valor intrínseco del bien o servicio entendido como horas socialmente necesarias destinadas a proveer ese bien o servicio en la sociedad-. Esto configura una ceguera elemental que no permite dar cuenta de cientos de bienes y servicios que cotidianamente son provistos día a día, pero no tienen un reconocimiento mercantil: las tareas de cuidado, con una alta tasa de feminización, son un ejemplo típico y más fácil de comprender. Esto conlleva consecuencias sociales indeseables como la feminización de la pobreza material y la pobreza de tiempos.
Ahora bien, en el agregado del funcionamiento del sistema económico vigente hay diversos bienes y servicios que no tienen un reconocimiento otorgado por el mercado, que son provistos por la sociedad en su conjunto a través del financiamiento de las arcas del Estado. Así, éstas funcionan como base necesaria e indispensable sobre la cual se montan negocios privados que generan caudalosas ganancias. Aquí estamos hablando de la provisión de bienes públicos como carreteras y puertos, pero también de la investigación en ciencia básica. Generalmente se suele juzgar que, debido al alto riesgo que estas actividades tienen aparejado, la ganancia potencial es difícil de calcular.
Sin embargo, la historia nos demuestra que es la sociedad en su conjunto quien asume esos riesgos desarrollando tecnologías e infraestructura para que luego se monten negocios privados con altas rentabilidades. Hasta aquí, no encuentro problema alguno. No obstante, el paso siguiente en el análisis es la apropiación de dichas rentabilidades. Lo que encontramos es que, si bien la sociedad se hace cargo de los riesgos iniciales, no es retribuida de la misma manera en las rentabilidades finales.
Este punto de análisis es completamente aplicable a los rescates que se vuelven moneda corriente en momentos de grandes crisis. De esta forma, los gobiernos asumen las pérdidas de capital proveyendo grandes caudales de dinero al mercado para rescatar negocios privados que, en el mejor de los casos, se han visto gravemente afectados por una situación de crisis. En otros casos, los mismos empresarios son aquellos que fuerzan una situación de crisis -o stress financiero- para ser rescatados, pero sin la más mínima voluntad de compartir el control de los activos y el goce de las ganancias por estos rescates.
Sin ir muy lejos en el tiempo, esta fue la historia de la crisis financiera de 2008. Para ahondar más en esta cuestión se puede encontrar un desarrollo más extenso en el Informe de Política sobre desigualdad, fuga de capitales y deuda publicado por OCIPEx el mes pasado.
Un gravísimo problema sería repetir esa dinámica en la actual crisis que trae la pandemia, pareciera que esto está sucediendo. Los gobiernos han gastado billones en planes de estímulo sin crear como contrapartida estructuras que permitan subvertir las herramientas de corto plazo en medios para una economía más sostenible, inclusiva y estable. Esta problemática retroalimenta una sinergia clave en la constante propagación de las desigualdades. Mariana Mazzucato lo expresa muy sincréticamente: socializamos los riesgos, pero privatizamos las recompensas. Desde este punto de vista, el rol de las empresas es crear valor y el de los gobiernos es simplemente facilitar los procesos y remediar las fallas de mercado.
Para no volver a recaer en una salida de la crisis únicamente financiada por los Estados que luego no reportan beneficios por ello y ven su poder político diezmado frente al capital financiero internacional y multinacionales organizadas, debemos redefinir el concepto de valor en sí mismo y su relación con los precios. Venimos interpretando confusamente el precio confundiéndolo con el valor, y esa confusión se transforma en piedra angular de la desigualdad, distorsionado, a su vez, el papel del sector público.
La base de la confusión es una errónea interpretación de la ciencia y la teoría económica: se observa con exclusividad lo que sucede al momento del intercambio. O, lo que algunos llaman, una visión cataláctica de la economía. Esta visión señala que solamente tienen valor las cosas que tienen precio, y que estos precios sumados dan una aproximación del tamaño de la economía -PBI-. Sin embargo, observar esto exclusivamente sería como considerar que la Luna está conformada solamente por la mitad iluminada que podemos observar desde la tierra y que, contrariamente a la realidad, no tiene un lado oscuro que no es perceptible.
Complejizar el análisis económico es necesario y un deber para pensar las configuraciones estructurales de la economía actual y las modificaciones deseables para salir de la crisis pandémica, que ataca al corazón de la forma de producción, con un sistema económico más inclusivo, sostenible y estable.
En conclusión, los rescates y recuperaciones que se lleven a cabo en estos momentos tienen que hacerse pensando también en que sean una solución para el mediano y largo plazo, no solamente para que el activo social en forma de empresa, puestos de trabajo y capital no se pierda. Por este motivo, la decisión política de que los Estados que formen parte de un plan de recuperación de una empresa debe tener una contraparte que garantice la utilización de estos activos para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Si esto no se da así, recaeremos en los mismos errores del pasado que, de manera sistémica, configuran un poder asimétrico que perjudica a los pueblos.
En este sentido, sacando la lupa de las dinámicas generales del sistema global y poniéndola en la realidad efectiva de Argentina, el asunto de Vicentín resulta fundamental. Es una empresa del sector más próspero de la Argentina, los granos y oleaginósas, ubicada en una zona geográfica mundialmente privilegiada para desarrollar esta actividad. La agroindustria en Argentina conforma una manera de apropiarse de la renta diferencial, debido a la diferencia de productividad que tiene con el promedio mundial del sector.
En ese contexto, Vicentín fue vaciada, sus activos fueron desmembrados en un juego de mamushkas que da forma a una estructura societaria difícil de rastrar pero fácil para fugar. Así, la empresa fue manejada con una lógica “difícil de explicar, pero fácil de enseñar” parafraseando al Indio Solari. Como sabemos, la parte más perjudicada es la sociedad en su conjunto. Dañada a través de préstamos no devueltos a la banca pública, deuda con más de 1800 productores, pero, sobre todas las cosas, el daño potencial más grande se encuentra en la amenaza de extranjerización.
El sector cerealearo, granífero y oleaginoso tiene un rol central en el proceso de desarrollo nacional, es el sector de la renta diferencial por excelencia en la economía argentina. En la actualidad ya se encuentra altamente concentrado y extranjerizado, empeorar esta situación sería caótico y dramático para las generaciones venideras. En este sentido, muchas soluciones se han puesto sobre la mesa representando a los intereses de diferentes sectores. Lo que queda claro es que, para no convertir la realidad en un meme, la única solución posible es que el Estado Nacional tome el control y recupere este activo estratégico para el desarrollo argentino.
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