Por Emanuel Bouza
“Alemania ya no será más un pueblo ni un Estado, sino que se convertirá en una empresa comercial puesta por sus acreedores en manos de un recaudador, sin concedérsele siquiera la ocasión de cumplir sus obligaciones espontáneamente. Esa Comisión, con cuartel permanente fuera de Alemania, va a tener sobre Alemania derechos incomparablemente mayores que jamás tuvo el Emperador. El pueblo alemán, bajo este régimen, quedará durante décadas privado de todo derecho en una extensión mucho mayor que ningún pueblo en los días del absolutismo, de toda independencia de acción, de toda aspiración individual e incluso de progreso moral.”
Comentario acerca de la Comisión de reparaciones de guerra hecho por la delegación alemana presente en la Conferencia de Paz de París, 1919.
Quizá sea ingenuo detenerse a reparar en efemérides en medio de una coyuntura internacional sacudida por los desplantes de Donald Trump a la OTAN, las tensiones comerciales sino-estadounidenses, el triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador o, más aún, considerando que en el frente interno fuimos testigos de un hito que sin duda condicionará el rumbo político-económico de la Argentina durante los próximos años: la oficialización de los compromisos asumidos por el gobierno de Mauricio Macri para dar cumplimiento al Acuerdo Stand By suscripto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero es precisamente esto último lo que vuelve interesante recordar que este 2018 marca el centenario del final de la Primera Guerra Mundial, cuya paz se firmaría en junio de 1919 en el Palacio de Versalles. Permitan a un servidor justificar esta licencia.
Versalles es una ciudad de los suburbios occidentales de París y fue la sede elegida por Francia y el Reino Unido para celebrar la Conferencia de Paz que dejó atrás más de cuatro años de conflagración con los denominados Imperios Centrales. El mayor legado de la Conferencia fue un tratado bautizado con el nombre de la ciudad gala, que estipulaba, entre otras cosas, que Alemania debía acarrear con la responsabilidad financiera de la destrucción causada por la guerra. La cifra final de reparaciones fue fijada arbitrariamente en 132 000 millones de marcos y nunca se discutió si el país podía afrontarla. La destrozada economía alemana era tan débil que incluso el pago de un pequeño porcentaje de ese monto aún representaba una carga intolerable, y fue la causa de la hiperinflación que posteriormente hundió la economía en un pozo.
Un joven John Maynard Keynes había sido el principal representante del Tesoro Británico en Versalles. Furioso porque se habían ignorado sus sugerencias sobre las reparaciones, publicó una obra condenatoria de la Conferencia, “Las consecuencias económicas de la paz” (1919). En este libro el economista inglés acusa a los Aliados de no haber tenido consideración alguna por el porvenir o el desarrollo del pueblo alemán ni por el de su recientemente instituida República de Weimar, que colapsaría años después víctima de una profunda crisis económica y del ascenso del nazismo.
Pero, después de todo, Alemania había perdido una guerra. Hacemos esta salvedad porque casi un siglo después, de este lado del Atlántico, la Argentina se ha comprometido ante el FMI a: renunciar a la definición soberana de su política monetaria; liquidar activos del Estado; desinvertir de forma casi total en obras de infraestructura; recortar transferencias a provincias y empresas estatales; contraer la planta de empleados públicos y ajustar salarios a la baja de aquellos que no sean despedidos.
Cabe preguntarse entonces: ¿en qué lugar se congregaron los líderes de las potencias vencedoras de vaya uno a saber qué guerra para luego determinar que la Argentina sea prácticamente despojada de su Banco Central, sus tenencias públicas de acciones, su capacidad de brindar apoyo financiero a administraciones provinciales en crisis o a compañías como Aerolíneas, ARSAT o YPF?, o bien, ¿dónde hace base el ejército de ocupación que podría invadir la nación si estas medidas no se cumplimentaran? Porque resulta difícil asimilar que una entrega tan brutal se produzca en ausencia de una derrota militar, y hasta en ese supuesto merecería la censura internacional.
Lo que es peor aún, la firma de esta verdadera “rendición incondicional” aparece rodeada de múltiples apretones de manos y fotos protocolares llenas de sonrisas y rostros casi de euforia, que se condicen muy poco con el contenido de los documentos presentados por el Fondo el 13 de julio pasado. Hablamos del famoso staff report elaborado por el organismo y del infame “Memorándum de Políticas Económicas y Financieras”, de producción cien por ciento nacional.
Algunas de las obligaciones más regresivas y ruinosas para el interés nacional que el gobierno de Macri asumió e hizo propias (esto último es fundamental) por medio del Memorándum abarcan la virtual co-producción del proyecto de presupuesto 2019 entre Hacienda y los equipos del FMI, el regreso de las revisiones cuatrimestrales de metas fiscales, la continuidad de la tasa de interés más alta del mundo; la elaboración de una nueva Carta Orgánica del Banco Central que modifique el status legal de las reservas y sustraiga a la entidad de cualquier intento de integrarla como herramienta de desarrollo productivo y regulación financiera; la fijación de un techo del 8% para la pauta salarial del sector público hasta 2019 y el congelamiento de contrataciones hasta 2020; un recorte de 150 mil millones de pesos en las trasferencias a las provincias; un ajuste de hasta el 50% del total de fondos destinados a obra pública; y, finalmente, la venta de tierras, inmuebles, títulos y acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
¿Cuál es, entonces, el trasfondo detrás de esta receta para una miseria planificada en la Argentina? Nada menos que un país en claro riesgo de default, generado por el vertiginoso ciclo corto de apertura importadora, endeudamiento, valorización financiera y fuga de capitales que sostuvo el macrismo entre 2016 y 2018, seguido de una socialización de dicho riesgo a través de medidas de shock supervisadas una a una y mes a mes por el FMI.
El staff report se encarga de repetir en más de una ocasión que no hay garantías de que la deuda externa sea sostenible. Entre otras cosas, debido a que un acceso a la totalidad de los fondos contemplados por el crédito stand by llevaría a vencimientos por aproximadamente 11 mil millones de dólares en el 2023- únicamente con el FMI- y a una relación servicios de deuda /total de exportaciones de un 178%.
Todo esto lleva a concluir que lo que se produjo a partir la corrida cambiaria de abril fue una suerte de suspensión por tiempo indefinido del mediano plazo. Toda la batería de reformas estructurales que tenía en carpeta el macrismo era sin duda tan regresiva como este Acuerdo con el Fondo, no obstante, tenía otros tiempos de implementación, otras vías de anclaje institucional –ingreso a la OCDE, Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea- y un relativo equilibrio entre las demandas de sus aliados en el agro, la banca y parte del sector industrial. Pero ya no hay ni los dólares suficientes ni el acceso a los mercados de capitales para apuntalar el proyecto de restauración neoliberal “gradualista” al que aspiraba Cambiemos. El saldo que dejan los últimos dos años es el de un país en cuarentena y terapia intensiva: aislado para que no “contagie” su volatilidad financiera a otras economías emergentes, y sostenido con un flujo de dólares tabulado con precisión clínica, de modo que sobreviva lo suficiente para hacer frente a sus deudas.
En uno de los pasajes finales de la obra de Keynes, el economista advierte sobre la manera en que el Tratado de Versalles impactará sobre Europa, y escribe: “(…) el invierno se acerca. Los hombres no tienen nada que esperar, ni esperanzas que alimentar. Habrá poco combustible para moderar los rigores de la estación y para confrontar los cuerpos extenuados de los habitantes de las ciudades”. Quizá alguno de los aliados políticos del presidente que aún conserve cierto apego por el bienestar del pueblo, pueda tener a bien obsequiarle un ejemplar.