Autor: GT América Latina y el Caribe
Cronología del golpe. El momento de la destitución
Al asumir, consciente del estadio político y social, Castillo buscó impulsar un proyecto de ley para convocar a un referéndum y elaborar una nueva Constitución que reemplace la actual, elaborada por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori en 19931. Este proyecto fue archivado de inmediato, rechazado por 11 votos frente a 6 en la comisión de la Constitución del Parlamento.
Con el correr de los meses y frente a la imposibilidad de conformar un gabinete estable, el 12 de octubre, Pedro Castillo solicita a la Organización de los Estados Americanos (OEA) la aplicación de los artículos 172 y 183 de la Carta Democrática Interamericana con el fin de “activar este mecanismo de garantía colectiva para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder”. En respuesta, se designó un grupo de alto nivel (GAN) conformado por los representantes de los Estados Miembros para que realice una visita y realice un análisis de la situación. Entre los hallazgos se destacaron:
●Inestabilidad democrática: debido a la fragmentación de las fuerzas políticas, constantes cambios en la formación de gabinetes, cuestionamiento al nombramiento de funcionarios por ser considerados no idóneos, obstaculización de poder, los pedidos de vacancia presidencial, entre otros.
● Uso excesivo de herramientas de control político: preocupación por el uso indiscriminado de las mociones de vacancia, la negación al Presidente para viajar al exterior, votos de censura. Asimismo, se indicó al GAN que se está ante un proceso de “judicialización de la política y politización de la justicia”, lo que desvirtúa el rol y equilibrio de los poderes del Estado.
Ambiente altamente polarizado, acoso permanente y confrontación entre poderes, cuestionamientos sobre el rol de la prensa y medios de comunicación, crisis social, racismo y discriminación, compromiso con el dialogo.
El 1 de diciembre la OEA emitió el informe con sus recomendaciones: utilizar el diálogo, iniciar una tregua política y utilizar la justicia constitucional como garante de los posibles acuerdos.4
Ese mismo día el Congreso5 aprobó debatir una nueva moción de destitución (el tercer intento desde que asumió el presidente) con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones6, por “incapacidad moral” para ejercer ese cargo y “sus vínculos cada vez más evidentes con graves actos de corrupción, incompatibles con el ejercicio de la presidencia de la República” refiere el documento presentado en el Congreso.7
El miércoles 7 de diciembre, Pedro Castillo anuncia la disolución del Congreso, el inicio de un “gobierno de emergencia excepcional” y la “reorganización” del Poder Judicial y Fiscalía de la Nación, también la convocatoria a una Asamblea Constituyente en un plazo de 9 meses, que le permitiría gobernar por decreto hasta entonces.
Esta medida implicó una infracción constitucional porque según el Artículo N°134 de la Constitución Nacional, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso “si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, lo cual no había sucedido.
La respuesta inmediata fue la renuncia de la mayoría de los ministros y el pronunciamiento en contra de la decisión presidencial tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional.
Castillo fue declarado culpable de “delito de rebelión”8 y encarcelado en prisión provisional por el plazo de 18 meses por orden del Tribunal Constitucional. 9 10 En su lugar, asumió la vicepresidenta, Dina Boularte.11
En cuanto a las Fuerzas Armadas, el General de Ejército – Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, (quien agradeció los reconocimientos de Dina Boularte y el presidente de Congreso, Jose Williams del Partido Avanza País,12 luego de la asunción de la nueva presidenta)13 asumió en agosto del 2021 y por la Ley N°31496 aprobada por el Congreso en junio de 2022 ni el Jefe del Comando Conjunto ni los Comandantes Generales pueden ser destituidos de sus puestos por el período de dos (2) años.14
El gobierno de los EE.UU se pronunció inmediatamente a favor de la destitución través de Lisa Kenna, Embajadora en Lima, primero rechazando el acto de Castillo15 y luego aprobando la asunción de Dina Boluarte como presidenta.16
Una de las consecuencias inmediatas fueron el inicio de las movilizaciones en diversos lugares del país como Arequipa, Ica, Tacna, Lima y en el interior del país como Chota, Trujillo, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Moquegua.17
Los gobiernos de la República Argentina, la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Plurinacional de Bolivia emitieron un comunicado conjunto expresando su profunda preocupación por los sucesos acontecidos. Argumentan que Castillo “fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…) para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”.18
Evolución de los acontecimientos tras el golpe
Luego de la jura de Dina Boluarte organizaciones sociales de la Convención como Federación Provincial de Campesinos, la federación de estudiantes, camioneros, sindicatos (SIMAG) desataron protestas en Arequipa, (Panamericana Sur), Cusco y Puno, exigiendo el cierre del Congreso19 y el adelanto de las elecciones generales.
El 12 de diciembre, Dina Boluarte, anuncia el estado de emergencia en las regiones de Ica, Apurímac y Arequipa20, además de anunciar el adelanto de las elecciones para abril del 2024.21 Se habían confirmado ya 7 personas fallecidas en el territorio nacional y se declara paro indefinido.22
Atento al saldo de personas heridas y fallecidas en el marco de las brutales represiones ocurridas en diversas protestas y manifestaciones, el 06 de enero.
Patricia Benavides (Fiscal de la Nación) procede a iniciar una investigación por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra la presidenta Dina Boluarte y otros funcionarios.23 De concretarse la denuncia, y tener que ser removida Boluarte, la sucedería el presidente de la mesa directiva del Congreso, ex militar José Williams Zapata de la ultraderecha. Aun así, el procedimiento legal determina que la convocatoria a elecciones generales debería llevarse a cabo en un plazo no mayor de 5 meses.24
El 14 de enero Boluarte declaró la renovación del estado de emergencia25 por un plazo de 30 días en las regiones de Puno, Cusco y Lima. Autorizando a la Policía Nacional del Perú a mantener el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.26
A fines de esta semana los movimientos campesinos e indígenas se comienzan a movilizar hacia Lima y la presidenta todavía no considera viable adelantar las elecciones al 2023.27
¿Cuáles fueron los antecedentes que propiciaron la destitución de Pedro Castillo?
En julio del 2021, Pedro Castillo, asumió la presidencia por el Partido político Perú Libre28, tras vencer en una segunda vuelta con el 50,3% de los votos enfrentados a Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular.29 De casi nula experiencia política, proveniente del sindicalismo docente, llega como candidato a Presidente por el Partido Perú Libre porque su principal referente, Cerrón, no podía postularse al estar condenado por corrupción.
Desde la asunción, el gobierno tenía una presión constante de los principales medios de comunicación y de los distintos aparatos del poder judicial y una extrema derecha más unificada mediante los partidos Fuerza Popular, Avanza País y Renovación.
Desde el Congreso Nacional, su posición se mostraba frágil, al contar con 37 diputados de un total de 130. Si bien Perú Libre conformaba la primera minoría, el conjunto de los partidos de derecha sumaban 80 bancas.30 Esto colocó a Castillo en una posición de debilidad que lo llevó a nombrar 4 gabinetes diferentes en 6 meses de gobierno, y en los mismos con el paso del tiempo, comenzaron a participar actores políticos pertenecientes a partidos considerados de centro y centro derecha. Se nombraron 78 ministros durante toda su gestión.
Los impedimentos comenzaron ya en marzo del 2022 cuando se evitó que el presidente viajara a la Cumbre de la Alianza del Pacífico porque debía responder a la Justicia.31 Tan solo a 4 meses de la asunción se produjo el primer intento de destitución (por supuesto financiamiento ilícito del Partido Libre y tráfico de influencias, causa abierta por el ex-fiscal de la Nación, Pedro Sánchez).32
Desde el Poder Judicial se abrieron 6 investigaciones contra Castillo. La fiscal General de la Nación, Patricia Benavides33 (votada por el Congreso Nacional para ocupar el cargo en junio del 2022), lo acusó de liderar una “organización criminal” desde dentro del Gobierno “con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.34
Esta avanzada judicial fue complementada por la fuerte presión de los medios de comunicación, principalmente del diario más importante del país, “El Comercio”.35 Con este panorama sobre la fragilidad estructural que marcó el inicio de su gestión es que podemos avanzar sobre cómo ejerció el rol ejecutivo.
¿Qué medidas económicas buscó implementar Castillo?
Económicamente, se propuso empujar la nacionalización de los principales yacimientos mineros y gasíferos y llevar a cabo una reforma tributaria que incluía al sector minero para aumentar recursos por un poco más del 1% del PBI. Este sector representa el 10% del Producto Bruto Interno (PBI), 20% de los ingresos fiscales y casi el 60% de las exportaciones.36
En octubre del 2021, Castillo había solicitado al Congreso trabajar en conjunto para nacionalizar el gas de Camisea (la mayor reserva de gas en el territorio nacional peruano) y al mismo tiempo renegociar los contratos que estaban en manos de empresas privadas.
Este yacimiento está bajo operación de un consorcio que lidera Pluspetrol, del grupo Techint junto a socios menores, la empresa SK Group (Corea del Sur), Hunt Oil de los Estados Unidos y Repsol S.A de España.37
Además se presentaron proyectos para declarar el gas natural como un servicio público y garantizar su distribución en el territorio nacional38 o promover el acceso al recurso para las viviendas de menores recursos.39 Sin embargo, ninguna de estas leyes fue aprobada.
De hecho, luego de la destitución del presidente, se extendieron al 31 de diciembre del 2027 la vigencia de dos leyes que implican la devolución del “Impuesto General a las Ventas” para los titulares de la exploración minera40 y de hidrocarburos.41
Respecto de la reforma tributaria, en noviembre del 2021, el Ejecutivo le solicita al Congreso la delegación de facultades para legislar en materia tributaria general con el objetivo de aumentar la recaudación de manera progresiva (contenía alrededor de 40 medidas). El impacto por las medidas estimaba aumentar recursos por un poco más del 1% del PIB.
La recaudación por la actividad minera asciende a casi el 3.5 por ciento del PIB. En términos del PIB, la recaudación total del sector minero ha fluctuado y reducido. Finalmente, en diciembre del 2021 el Congreso no aprobó la reforma tributaria en minería del proyecto de ley que había presentado el ejecutivo.
¿Cuál era la situación económica en el país?
La inflación anual se ubicó por encima de la meta establecida a principios de año. En alimentos y energía alcanzó un 11,82% anual y todavía no se puede volver a los niveles pre-pandemia cercanos al 3% en esos rubros.
La tasa de desempleo se ubicó en torno al 4% para el tercer trimestre del 2022 (último dato disponible). La evolución del indicador muestra una disminución de 1,2% con respecto al mismo periodo del 2021 y 5,5% del 2020. Si bien se pueden notar mejoras significativas, todavía no se alcanza a recuperar los niveles pre-pandemia, donde el desempleo era del 3,5%42. Según el último informe sobre pobreza y condiciones de vida en Perú, en el año 2021 la pobreza monetaria alcanzó al 25,9% de la población.
Aun con estos indicadores, la evolución de la popularidad de Pedro Castillo desde su inicio de gobierno fue decreciendo profundamente hasta alcanzar un nivel de desaprobación del 71% en diciembre del 2022.43
De acuerdo con el informe técnico N°2 del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (entre octubre de 2021-marzo 2022), el nivel de confianza en las instituciones muestra los siguientes datos:
Conclusiones
● Desde el inicio de su Gobierno, Pedro Castillo no contó con el apoyo ni de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, alineadas con el Poder Judicial (ya que lo eligen) que al año había abierto 6 investigaciones contra Castillo. A su vez recibió una fuerte presión de los medios de comunicación.
● Esta situación no le permitió aprobar casi ninguna de las propuestas de reforma política e inclusiva como eran la reforma tributaria en minería.
● La inestabilidad político-institucional es una constante en el Perú desde los años 90, tanto en gobiernos de derecha como de izquierda. La decisión tomada por Pedro Castillo fue similar a la que definió Alberto Fujimori en 1992 con la importante diferencia de que este último impuso un régimen autoritario.
● El Congreso Nacional es uno de los poderes más importantes, con capacidad de elegir a los/as integrantes del Poder Judicial, de modificar legislaciones en pos de sus intereses como el de mantener en sus cargos a los Comandantes de las Fuerzas Armadas y de destituir presidentes.
● Actualmente, la mayoría de las fuerzas en el Congreso son de derecha y están alineadas con el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas (que también ocupan la presidencia del Congreso y del Consejo de Ministros) y los principales medios de comunicación.
2 Art 17: «Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática»;
3 Art 18: «Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento».
4 https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-028/22
5 Los congresistas que firmaron la tercera moción de destitución pertenecían a las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular.
7 https://www.telam.com.ar/notas/202212/612966-pedro-castillo-congreso-peru.html
8 https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/jurisprudencia/j_20221208_08.pdf
9 Este requerimiento fue presentado por el fiscal supremo Uriel Teran (encargado del despacho de la Segunda Fiscalía suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos).
10 Entre los miembros del Tribunal Constitucional votados por el Congreso Nacional, se encuentran Manuel Monteagudo Valdez, afiliado al partido Acción Popular de derecha, Gustavo Gutiérrez Ticse vinculado a Renovación Popular, también de derecha, Luz Pacheco Zerga vinculada al Opus Dei, Morales Saravia quien tiene un vínculo con el partido de Keiko Fujimori. Augusto Ferrero, quien votó a favor del hábeas corpus contra la sentencia que anuló el indulto para Alberto Fujimori.
11 Dina Boluare no tiene bancada propia en el Congreso y también fue expulsada de Perú Libre como Pedro Castillo.
13 Se graduó el año de 1984, en la Escuela Militar de Chorrillos con el grado de alférez, del arma de Artillería y es licenciado en Ciencias Militares, siendo Inteligencia su segunda calificación. Asimismo, ostenta los títulos de Maestría en Ciencias Militares, Magíster en Administración y Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica. Ha seguido los siguientes cursos o programas en el extranjero: Básico y Superior de Inteligencia Militar en EE.UU., tirador de misiles AAC en Bulgaria; Comando y Estado Mayor en los Estados Unidos de Norteamérica, historia y cultura árabe en la Universidad de Herzliya – Israel. Para más
información, ver https://www.gob.pe/institucion/ccffaa/funcionarios/45170-manuel-jesus-martin-gomez-de-la-torre-arani
bar
15 https://twitter.com/USAmbPeru/status/1600552518056308736
16 https://twitter.com/USAmbPeru/status/1600957424332337152
18 https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/comunicado-conjunto-sobre-la-situacion-en-pe
21 Para que sea efectivo, el congreso deberá llamar a una segunda votación en febrero del 2023.
22 Se designa a Juan Carlos Liendo O’Connor# como nuevo directo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), ex funcionario de Alberto Fujimori entre 1991 y 1998 quien, posteriormente se vio obligado a renunciar luego de haber calificado la muerte de personas en las protestas como “insurgencia terrorista”.
23 El Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el Ministro del Interior, Victor Rojas y el titular de Defensa, Jorge Chávez.
25 Decreto Supremo N°. 009-2023 PCM.
28 Partido fundado por Vladimir Cerrón, que reivindica las líneas marxistas-leninistas y mariateguistas.
29 Según el Instituto de Estudios Peruanos, el 25% del electorado eligió a Castillo para oponerse a la continuidad del modelo político que se desarrollaba. Para más información, ver “Informe de opinión”, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, junio de 2021.
30 Fuerza Popular (24), fujimorista, Acción Popular (16), Alianza para el Progreso (15), Renovación Popular (13), Avanza País (7), Podemos Perú (5), Juntos por el Perú (5), Somos Perú (5), y Partido Morado (3).
31 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63225469
33 Durante su gestión, retiró a la fiscal Bersabeth Revilla del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en donde estaba viendo la investigación contra la hermana de la cabeza del Ministerio Público, Emma Benavides, por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización
criminal.
35 Perteneciente a la familia Miró Quesada, una de las más ricas de Perú, que maneja no solo el negocio de la comunicación concentrando 9 de los 12 diarios más leídos del país, sino también del turismo, sector inmobiliario, entre otros.
38 https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/817
39 https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3043
40 Ley N°27623: Dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración que implica una tasa del 18%.
41 Ley N°27624: Dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Promoción Municipal para la exploración de hidrocarburos que implica una tasa del 18%.
42 Los datos de empleo del 2022 son preliminares.