Desde hace más de un año, Brasil trabaja en una propuesta de reducción del Arancel Externo Común del Mercosur (AEC) en un 50 %, con una implementación acelerada a 4 años. Bolsonaro pretende obtener el aval para esta reforma en la Cumbre de Presidentes del 5 de diciembre, casi en las vísperas de la asunción del nuevo gobierno en la Argentina. La Confederação Nacional da Indústria estima que, sólo en Brasil, la medida pondría en riesgo unos 2,4 millones de puestos de trabajo y hasta 52 mil millones de reales de masa salarial. La Unión Industrial Argentina y la CTA de los Trabajadores remitieron notas a la Cancillería expresando su preocupación y exigiendo se convoque urgentemente a los sectores del trabajo y la producción.
Como el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea pero más rápido y a cambio de nada. Así podría resumirse la apuesta de Jair Messias Bolsonaro por avanzar en una liberalización unilateral del Mercosur -vía una reducción del 50% del Arancel Externo Común (AEC) a 4 años- en la Cumbre de Presidentes del bloque que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Bento Gonçalves. Ni el día escogido ni la intención del presidente brasileño obedecen a la casualidad. Pese a que la última Cumbre celebrada en Brasil (2017) tuvo lugar un 21 de diciembre, este año la decisión fue adelantarla a una fecha previa a la asunción del nuevo gobierno argentino.
De esta manera, Bolsonaro pretende condicionar a la futura administración del Frente de Todos imponiendo una agenda regional que además de avanzar en una revisión del AEC, incluye una flexibilización de la Unión Aduanera para suscribir acuerdos de libre comercio bilaterales, y una reducción de la estructura institucional del Mercosur del 20%.
Ninguna de estas iniciativas podrían haber avanzado de no contar con el apoyo o la aquiescencia del gobierno de Cambiemos. Fue la Argentina la primera en manifestar su voluntad de hacer de la revisión del AEC uno de los ejes de su Presidencia Pro Témpore, la cual ejerció durante la primera mitad de este 2019.
El AEC se aprobó en Ouro Preto en el año 1994. El principio general para su diseño fue incrementar la alícuota de los bienes importados de acuerdo con un criterio de fomentar mayor agregación de valor y favorecer el comercio intrarregional. La estructura original del AEC constaba de 11 niveles, de alícuota 0% hasta 20%, aumentando de dos en dos. Posteriormente y a partir de 2007 se incrementó a 35% el nivel del AEC para el sector tejidos, vestimenta y calzado.
Desde los inicios de su implementación, y a fin de reconocer los desequilibrios en las estructuras productivas de los Estados Partes, se fueron instrumentando tanto excepciones al AEC como regímenes especiales de importación, entre ellos el draw-back. Además, el Mercosur permitió que hasta el 31 de diciembre de 2023 Uruguay y Paraguay importen insumos agropecuarios al 0%; y que Paraguay mantenga su régimen de importación de materias primas hasta la misma fecha.
Efectivamente, a la fecha, el AEC presenta ciertas inconsistencias, tales como niveles de protección mayor para un determinado insumo que para el bien terminado que se produce con él, o incluso distintos niveles de protección para bienes con similar valor agregado. Sin embargo, dichas inconsistencias son puntuales y distan de ser estructurales. Pero este matiz de análisis no estaría siendo contemplado por el dúo Bolsonaro-Paulo Guedes, que pretende lisa y llanamente “hachar” la protección arancelaria a la mitad, sin muchas medias tintas.
En esa línea, Brasil puso en marcha el Grupo Ad Hoc para Examinar la Consistencia y Dispersión del AEC (GAHAEC), al cual, en marzo de este año, se le instruyó elevar una propuesta de revisión del esquema arancelario para la última Reunión Ordinaria del Grupo Mercado Común de 2019, conteniendo un análisis del mismo, modalidades y plazos de implementación.
El 11 de agosto, el GAHAEC presentó una propuesta preliminar de aranceles para cada eslabón del nuevo AEC, junto con la determinación de los ítems arancelarios de cada uno de ellos. En dicha reunión, Brasil manifestó su voluntad de iniciar la implementación del nuevo AEC el 1° de enero de 2020, y de contar con el total de modificaciones plenamente implementado hacia 2021. El Arancel de Referencia propuesto en agosto por Brasil para cada uno de los rubros de importación, fue el siguiente:
Como se advierte, la reducción del 50% del AEC se haría casi exclusivamente a expensas de la liberalización del mercado de bienes industriales, quedando los derivados del agro prácticamente con la misma protección que hasta ahora. Por otro lado, Brasil también procura reducir los actuales niveles arancelarios para contar con solo cuatro niveles:
La baja de aranceles por sector sería del 35% a 12% en el caso de los automóviles, 35% a 4% para autobuses, 12% a 4% para aceros laminados (en un contexto de sobreoferta global); 35% a 12% para textiles y prendas; 31,8% a 12% para calzados; 11,2% a 3,8% para equipamientos médico-hospitalarios; 10,8% a 4,8% para productos plásticos; 10,4% a 3,7% para productos siderúrgicos; y 12% a 4,2% para máquinas, materiales y aparatos eléctricos.
Un estudio recientemente dado a publicidad por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil, señala que este reajuste pondría en peligro, sólo en Brasil, unos 2,4 millones de puestos de trabajo y hasta 52 mil millones de reales de masa salarial. Entonces, ¿cuáles son los peligros de esta medida de apertura unilateral y acelerada para las ya golpeadas industrias de la Argentina?
En primer lugar, provocaría prácticamente la pérdida de la preferencia de la que actualmente goza la Argentina en el mercado brasileño, pero también en el uruguayo y paraguayo. Recordemos que según datos del INDEC, en 2018, un 44 % de las exportaciones industriales de Argentina tuvo como destino el Mercosur. De esta manera, sectores altamente dependientes de sus exportaciones al Mercosur, como el automotor, el textil, el del calzado y el del plástico se verían profundamente perjudicados. Esto último, sumado al hecho que no se modificarían los aranceles para productos agrícolas, profundizaría aún más el proceso de reprimarización de la estructura productiva.
Por otro lado, y en un contexto de profunda restricción externa, se produciría un impacto notable sobre la balanza comercial, vía caída de exportaciones y aumento de importaciones, a lo que se sumarían los costos fiscales del cese de la recaudación aduanera.
Hasta el momento tanto la CTA de los Trabajadores, como la Unión Industrial Argentina y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADMIRA), han remitido sendas Notas a la Cancillería solicitando una convocatoria urgente a los sectores de la producción y el movimiento obrero organizado, a fin de que se den a conocer tanto los términos de la propuesta brasileña como los estudios de impacto llevados a cabo por el gobierno argentino.
En su diligencia, la CTA-T plantea una serie de preguntas en torno a la revisión del AEC, que transcribimos a continuación:
¿Cuál sería el impacto global de la pérdida de la preferencia que actualmente goza la Argentina en el mercado brasileño, para sectores como el automotriz, el autopartista, el textil, el del calzado, el del plástico y el lácteo?
¿Cuántas empresas dedicadas a estos rubros poseen una dependencia puntual con relación al Brasil y al nivel de protección conferido por el AEC?
¿Cómo se verían incrementadas las importaciones industriales extrazona ante una rebaja del 50% en el AEC?
¿Qué efecto tendrían estas medidas sobre los plazos de desgravación a los que se comprometió el gobierno argentino en el marco de las negociaciones Mercosur-Unión Europea y Mercosur-EFTA?
¿Cuál es el costo fiscal estimado para la pérdida de esta renta aduanera?
Por sobre todas las cosas, ¿Cuál es el perjuicio estimado en términos de pérdida de empleos y caída del salario para la Argentina, en un contexto de 16 meses de caída consecutiva de la actividad industrial y la utilización de capacidad instalada, aumento del desempleo y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores?
Finalmente, manifiesta su oposición a “a cualquier forma de liberalización UNILATERAL, ACELERADA y NEGOCIADA EN SECRETO, como la que viene siendo impulsada al interior del Mercosur, en tanto pone en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo nada menos que una coyuntura de aumento del desempleo y caída brutal del salario de los argentinos, y de una escalada dramática en los niveles de pobreza e indigencia en nuestro país.”
La UIA, por su parte, remitió una nota elaborada de forma conjunta con la CNI, la Unión Industrial Paraguaya y la Cámara de Industrias del Uruguay, en la que expresa que “Una reforma del AEC afectaría significativamente las estructuras operativas de las empresas y de los sectores industriales en los países del Mercosur y en el extranjero. Es un instrumento determinante para la industria del Mercosur, sin importar tamaño o sector, y tiene una vinculación directa con la toma de decisiones de inversión, la asignación de tareas laborales y la generación de nuevos empleos”. A continuación, solicita al canciller Faurie “un mayor diálogo y transparencia con el sector productivo junto con un proceso de consulta pública, especialmente respecto a la metodología que se está utilizando y a los criterios aplicados para examinar el AEC”.
La liberalización unilateral y acelerada del Mercosur, con eje en el sector industrial, se enmarca dentro del viraje hacia el agronegocio iniciado por Bolsonaro, que encuentra en la bancada ruralista uno de sus principales punto de apoyo político. Su implementación en el actual contexto que atraviesa la industria argentina, con 16 meses consecutivos de caída de la producción y del uso de la capacidad instalada, no sería menos que un golpe de muerte para cualquier posibilidad de recuperación. Amén de la postura que adopte la administración entrante, la cual ya padece los embates y amenazas del actual gobierno de Brasil, es fundamental que las cámaras industriales y las organizaciones sindicales asuman una actitud contundente de rechazo a estas medidas.
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