Por Martín Calero
Durante su discurso del 1 de marzo de 2016 ante la Asamblea Legislativa, Macri estableció los puntos y áreas de política exterior que pretende llevar adelante su gestión de gobierno.
“En primer lugar quiero mencionar una intensa agenda para vincularnos con el mundo, para tener una Argentina protagonista en los debates y procesos de la agenda internacional. La Argentina puede ser parte de la solución de cuestiones globales como la agenda de pobreza, la distribución del ingreso, la democracia y los derechos humanos, la pelea contra el terrorismo y el narcotráfico, la investigación científica y tecnológica, la preservación de la paz, el diálogo interreligioso, la promoción del comercio y las inversiones y la lucha contra el cambio climático.”[1]
La política exterior de Cambiemos en materia de defensa y seguridad se concentra en el terrorismo y el narcotráfico. En el mismo sentido, durante el discurso del año 2018 ante la misma Asamblea Legislativa, el jefe de estado expresó que “La seguridad y la lucha contra el narcotráfico son dos de las demandas más grandes de los argentinos. Por primera vez tenemos una estrategia nacional para abordar estos temas. Esta estrategia está funcionando. Las incautaciones de droga son récord, más de 300 toneladas, la cantidad de robos se redujo un 11% y los homicidios más de un 20% en estos dos años”[2].
Establecer “amenazas transnacionales” como objetivos de política exterior presenta dificultades y desafíos. En primer lugar, es importante remarcar que un sinnúmero de autores y organismos internacionales han intentado definir el “terrorismo” sin éxito. Esto puede ser, por una real complejidad inherente al fenómeno y el creciente aumento de conflictos bélicos no tradicionales; o bien por un interés de sectores de poder de mantener cierto margen de maniobra para determinar qué llamar terrorismo en función de aumentar su influencia y poder de intervención en ciertas partes del globo. En segundo lugar, se plantea la lucha contra el narcotráfico, sin tener una posición clara sobre el lavado de dinero. Dentro de todo análisis serio sobre el narcotráfico, es esencial establecer que una parte fundamental del mismo, es el lavado de dinero. Abordar la problemática del crimen organizado internacional, no sólo es incautar cargamento, es también llevar adelante una política clara contra los paraísos fiscales y las cuentas off shore que facilitan las transacciones del tráfico ilegal de estupefacientes, personas y armamento. Esto presenta una contradicción muy grande en un gabinete de gobierno que cuenta con un Jefe de Estado, más de 5 ministros y personas cercanas al gobierno que formaron o forman parte de paraísos fiscales a través de cuentas off shore.
Es por todo esto, que observamos con mucha sospecha que la gestión de Macri se esfuerce en cumplir o intentar cumplir los objetivos propuestos para la defensa nacional y la seguridad. En cambio, queremos arrojar un poco de luz sobre el cambio que se viene llevando adelante sobre rol de las Fuerzas Armadas, las compras de armamento y otros elementos que hacen al sistema de defensa y seguridad de la República Argentina. Observamos que el gobierno plantea un cambio de paradigma en referencia a la visión y definiciones que están plasmadas en el Libro Blanco de Defensa. Este cambio, sospechamos, está orientado a la utilización de las FF.AA. para actuar dentro del territorio argentino y no como una herramienta para resguardar la soberanía de la integridad territorial y en todos y cada uno de los ámbitos de la patria: desde la producción, la investigación, en ciencia y tecnología, en la educación y políticas sanitarias.
La tensión que existe entre las diferentes fuerzas políticas que tienen por objetivo la conducción de un país, produce como resultado, diferentes paradigmas sobre cuál debe ser el rol del Estado. Por nombrar solo una diferencia, existen quienes piensan que el Estado tiene solamente el deber de intervenir en el cumplimiento de los contratos entre privados; y otros, en cambio, que consideran conveniente que el Estado regule y distribuya la riqueza generada por una nación. En este sentido, es importante recordar que uno de los elementos fundacionales de lo que conocemos como estado nación moderno, es la creación y administración del ejército nacional; y tal como hemos mencionado, el rol de las Fuerzas Armadas también se encuentra bajo la misma tensión de paradigmas.
En su escrito de 1919, “El político y el científico”, el sociólogo alemán Max Weber, define al Estado como “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es un elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legitima”. Esta definición abarca una amplitud de conceptos y originó incontables debates. En este caso, nos servirá como disparador e interrogante para empezar a pensar el papel que cumplen las fuerzas armadas como herramienta de administración estatal y más específicamente qué rol cumplen en la implementación de la política exterior.
Para ello consideramos necesario repasar diferentes conceptos y establecer cierta unidad de concepción sobre los lineamientos y definiciones que delimitan el rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Proponemos comenzar por repasar sintéticamente, el Libro Blanco de la Defensa actualizado al año 2015 y contrastarlo con los hechos y las políticas llevadas adelante por la actual gestión. Este ejercicio nos permitirá adquirir el conocimiento descriptivo, histórico y técnico necesario sobre el papel que cumplen las Fuerza Armadas en el continuo esfuerzo por alcanzar la soberanía política y la persecución del interés nacional.
Cuando hacemos mención a las “Fuerzas Armadas Argentinas” no sólo nos referimos al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; sino a una estructura de gobierno que abarca una amplitud de instituciones. Finalizada la dictadura militar, se comenzó a rediseñar el conjunto de normas que reglamentan las funciones y la estructura del sistema de seguridad argentino, las mismas se encuentran mayormente encuadradas en “La Ley de Defensa Nacional N° 23.554” sancionada y promulgada en 1988 y en “La Ley de Seguridad Interior N° 24.059”. Esta necesaria actualización legislativa otorga un nuevo rol a las FF.AA. y brinda las herramientas necesarias al Poder Ejecutivo y Legislativo para que ejerzan un mayor el control civil sobre las autoridades militares. Como observamos en la cadena de mando establecida en la ley 23.554 es:
- a) Presidente de la Nación;
- b) El Consejo de Defensa Nacional (CODENA);
- c) Congreso de la Nación Argentina;
- d) El Ministro de Defensa;
- e) El Estado Mayor Conjunto (oficiales con máximo rango de las tres FFAA);
- f) El Ejército, La Armada y La Fuerza Aérea Argentina;
- g) Gendarmería Nacional y Prefectura Naval;
- h) El Pueblo de la Nación [3]
La sanción, promulgación y reglamentación de estas leyes establecen la división sobre los ámbitos de acción que tienen las diferentes fuerzas. Por un otro lado la Ley de Seguridad Interior especifica que, Gendarmería y Prefectura Naval, forman parte del “convenio” entre la Nación y las Provincias desarrollando el “sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior», a la que define en su artículo segundo como «la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional»”[4].
Por el otro lado, el decreto 727/06 en su artículo primero establece que: “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s…” “Se entenderá como ‘agresión de origen externo’ el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.”
Por último observemos lo incluido en los considerandos del decreto sobre el rol de las fuerzas militares: “deben rechazarse enfáticamente todas aquellas concepciones que procuran extender y/o ampliar la utilización del instrumento militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente conocidas bajo la denominación ‘nuevas amenazas’, responsabilidad de otras agencias del Estado organizadas y preparadas a tal efecto; toda vez que la intervención regular sobre tales actividades supondría poner en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de una herramienta funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales.”.
Como podemos observar las políticas y definiciones llevadas adelante por esta administración de gobierno se encuentra en varios casos violando el marco legal establecido. Al jerarquizar la “lucha contra el narcotráfico” como el principal objetivo de las fuerzas militares y de seguridad, denota una falta de conocimiento sobre el rol que debe desempeñar cada fuerza y plantea un objetivo que está en directa contradicción con las normas. Establecer como política prioritaria el combate contra el narcotráfico, tiene mucho más que ver con seguridad interior, trabajo de inteligencia y en muchas instancias firmas de acuerdos regionales; que con un papel activo de las fuerzas militares dentro del territorio.
De a poco este gobierno intenta desdibujar la división que se plantea entre la Defensa Nacional y la Seguridad Interior. La cooperación entre fuerzas de seguridad y militares, excepcional, como lo plantea el marco legal, está siendo utilizada como norma. Ejemplos de esto vimos sobre la represión a civiles llevada adelante en el operativo del 14 de diciembre de 2017. En su nota del 18 de diciembre del mismo año “Como confundir Seguridad y Defensa” Horacio Verbitsky, evidencia la intención del gobierno afirmando que “La militarización de las fuerzas de seguridad va acompañada con el proyecto de encargar a las Fuerzas Armadas tareas de tipo policial, con lo cual se desvirtúan las funciones de unas y otras, y con la expansión del espionaje político, que el decreto de ampliación presupuestaria menciona como ‘interceptación y captación de las comunicaciones’, al que se destinan 2.823 millones de pesos más. A eso hay que sumar otros 2.416 millones para “operaciones complementarias de Seguridad Interior”[5] .
[1] Recuperado de: https://www.lanacion.com.ar/1875715-discurso-completo-de-mauricio-macri-ante-la-asamblea-legislativa
[2] Recuperado de: https://www.clarin.com/politica/20-definiciones-claves-mauricio-macri-congreso_0_ryUaOtBuG.html
[3] Ver: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20988/texact.htm
[4] Libro Blanco de Defensa 2015. pág. 51
[5] Ver: http://www.elcohetealaluna.com/como-confundir-defensa-con-seguridad/
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