La Argentina anarco-colonial

Autor: GT Agroindustria y Desarrollo Rural

El avance de los intereses privados sobre el patrimonio nacional

En los últimos años, bajo el argumento de la modernización del Estado y la meta del equilibrio fiscal, se ha llevado adelante un proceso sistemático de degradación de las capacidades estatales en la República Argentina. Mediante decretos de necesidad y urgencia, reestructuraciones y disoluciones de organismos estratégicos, el Poder Ejecutivo ha favorecido una lógica de desposesión y concentración que amenaza la soberanía nacional y el entramado productivo. En este contexto, actores privados como Cresud S.A., brazo agropecuario del Grupo IRSA, emergen como beneficiarios directos de estas políticas, accediendo a tierras, bienes públicos y recursos estratégicos. Este trabajo analiza cómo, detrás del discurso reformista, se esconde un proceso de privatización encubierta que pone en riesgo el patrimonio público, el desarrollo productivo federal y la integridad territorial del país.

La soberanía nacional bajo amenaza: decretos que degradan las capacidades estatales y favorecen intereses particulares

La soberanía nacional está siendo amenazada por una serie de medidas que, bajo un paraguas de “Necesidad y Urgencia” y en nombre de la modernización del Estado, han degradado las capacidades del mismo. El Decreto N° 70/2023 fue un paso clave en este proceso, ya que modificó reglas esenciales de la arquitectura constitucional y se delegaron facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, avasallando la división de poderes y vulnerando los derechos de millones de argentinos¹. Estas facultades, respaldadas por la Ley Bases N° 27.742, habilitaron al Ejecutivo a decretar el estado de emergencia en áreas como la administración, la economía, las finanzas y la energía, posibilitando reformas profundas y controversiales que afectaron la vida social y los intereses de la Nación argentina.

Entre tantos ejemplos, uno de ello fue la tentativa de derogar la Ley N° 26.737², conocida como la Ley de Tierras, que establecía límites a la concentración y extranjerización de tierras rurales. Dicho intento, formalizado mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, abrió la puerta a operaciones inmobiliarias sin restricciones, habilitando viejas prácticas latifundistas y oligárquicas.

Aunque recursos judiciales presentados por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata³ lograron frenar parcialmente esta medida, la iniciativa evidenció los intereses del gobierno ante cuestiones estratégicas. La concentración de tierras en manos extranjeras, especialmente en provincias como Salta, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén, Misiones, Corrientes, entre otras, que presentan altos niveles de extranjerización, genera preocupaciones sobre los riesgos de la integridad territorial de la Nación, especialmente ante los avances del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), piedra fundacional del modelo anarco-colonial⁴. 

Un caso emblemático que ilustra esta problemática es el de Joe Lewis, dueño de la sexta fortuna más grande del Reino Unido, quien en 1999 adquirió la Estancia Lago Escondido en Río Negro, un terreno de más de 12 mil hectáreas donde ni la Prefectura Naval Argentina puede acceder. Condenado en Estados Unidos y libre bajo una fianza de 300 millones de dólares⁵, Lewis simboliza, en muchos aspectos, la impunidad y la ocupación extranjera en territorio argentino, tal y como ocurre en nuestras Islas Malvinas, la cara más visible de la ocupación británica.

La disolución de organismos estratégicos y sus efectos sobre el vínculo público-privado

Como complemento a estas cuestiones territoriales; en materia gestión y administración, en 2025 se profundizó la desarticulación y debilitamiento de organismos fundamentales para el desarrollo productivo, como es el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre tantos otros, mediante el Decreto 462/2025 publicado el 07/07/2025. Esta reforma, junto con otra decena de decretos que reestructuraron o disolvieron organismos y áreas del Estado Nacional, impulsadas por el presidente Javier Milei y su flamante Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reflejan un fuerte centralismo que pone en riesgo la relación con las provincias y la colaboración público-privada, cuestiones trabajadas durante décadas. 

Estas medidas, inexorablemente impactan en el entramado productivo del país, afectando desde pequeños hasta grandes productores, PyMEs, cooperativas y empresas. Particularmente, la transformación del INTA a una estructura “desconcentrada” dependiente de la Secretaría de Agricultura y subordinada al Ministerio de Economía (Decreto 585/2025), podría diluir su autarquía, gobernanza y efectividad, generando efectos totalmente negativos para las comunidades rurales que se encargan de agregar valor en origen.

A pesar de la reestructuración de dichos organismos y de los puestos de trabajo vulnerados, uno de los principales intereses del Ejecutivo se posa sobre los bienes y activos de cada uno de éstos. En 2024, por ejemplo, ya se barajaba poner a “disponibilidad”, sea por venta en subasta pública o arrendamiento, un total de 27 mil hectáreas de tierras productivas (equivalente a 1,3 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires) ubicadas en distintas Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA) del INTA.⁶ Por lo tanto, detrás de estos decretos publicados en el Boletín Oficial, se observa que la decisión política es llevar a cabo un negocio inmobiliario utilizando las tierras de todos los argentinos.

Es en este contexto que surge la pregunta: ¿Quiénes se benefician con estas reformas? La respuesta apunta a ciertos actores privados, como Cresud S.A, que parecen ser grandes ganadores de la degradación del Estado y de la pérdida de control sobre recursos estratégicos. Las transferencias dispuestas por normativa, de bienes y activos de los organismos disueltos o reestructurados a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) abre la posibilidad de que inmuebles y vehículos puedan ser reasignados, enajenados o dispuestos. Aunque existe un procedimiento formal para solicitar excepciones, en la práctica esto puede facilitar que empresas como Cresud accedan a tierras y bienes públicos, en detrimento del patrimonio nacional, considerando que Nicolás Alberto Pakgojz, designado por Javier Milei como titular de la AABE, posee un estrecho vínculo con el Grupo IRSA.

Asimismo, es importante mencionar que el Poder Ejecutivo junto con la AABE ya han comenzado a evaluar cómo reacciona la comunidad y el personal de cada uno de los organismos reestructurados para llevar a cabo su objetivo principal, que en palabras de Luis Caputo es “acumular reservas de diferentes maneras”, privatizando empresas públicas, vendiendo “fuertemente activos de la AABE”⁷, entre otras medidas perjudiciales para la soberanía nacional.

Listado de tierras del INTA que forman parte del proceso de venta y arrendamiento

Campo Experimental	Provincia	Superficie (ha)	Para INTA (Actual)	Disponible para AABE
INTA Anguil	La Pampa	3752	467	3285
INTA Balcarce	Buenos Aires	2430	450	1980
Campo Forestal El Bolsón	Río Negro	2636	306	2330
INTA Leales	Tucumán	1484	199	1285
INTA Mantoiri	Córdoba	1028	152	895
INTA Marcos Juárez	Córdoba	1028	133	895
INTA Concepción del Uruguay	Entre Ríos	1152	172	980
INTA San Luis	San Luis	1011	90	921
Forralta Manuel Borrás	Misiones	2239	240	2000
INTA Santiago del Estero	Santiago del Estero	7475	971	6505
INTA Rancañí	Entre Ríos	211	23	188
INTA Paraná	Entre Ríos	92	11	81
INTA Pergamino	Buenos Aires	325	54	272
INTA San Pedro	Buenos Aires	115	14	101
Cnel Ortiz Basualdo de Avacucho	Buenos Aires	1044	144	900
Cnia Ferrari en Maipo	Buenos Aires	1815	255	1560
INTA Reconquista	Santa Fe	1301	56	1245
INTA Rafaela	Santa Fe	486	58	428
INTA Chubut	Chubut	153	23	130
INTA Hilario Ascasubi	Buenos Aires	102	46	144
INTA Junín	Mendoza	56	6	50
INTA Bordenave	Río Negro	602	100	502
INTA Luján de Cuyo	Mendoza	82	10	72

Cresud S.A, el brazo agropecuario del Grupo IRSA 

Uno de los principales beneficiarios de la degradación del Estado Nacional

Cresud es una sociedad especializada en la adquisición, arrendamiento de campos y desarrollo de actividades agroproductivas en tierras con alto valor y potencial agrícola. Geográficamente, lleva a cabo sus operaciones en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, San luis, Mendoza, Catamarca, Salta, Chaco y Santa Cruz, como así también en Paraguay, Bolivia y Brasil, mediante la unidad de negocios de BrasilAgro (Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas)⁸.

Actualmente, Cresud maneja un vasto portafolio de 864.700 hectáreas (71% propias, 14% arrendadas y 15% bajo concesión a largo plazo) consideradas estratégicas, rentables y de gran valor agroecológico⁹, teniendo en cuenta que se ubican en el área de influencia de los corredores fluviales del Sistema de la Cuenca del Plata. 

Ciertamente, la planificación corporativa detrás de la adquisición de las tierras mencionadas con anterioridad, refleja un intento de posicionar a la compañía en aquellas regiones con altos rendimientos productivos (quintales producidos por hectáreas utilizadas – qq/ha), en un contexto donde la producción agrícola se ve favorecida gracias a la ubicación estratégica de las mismas (zonas núcleo); como así también a los avances técnicos, producto de una agricultura de precisión más sofisticada y el desarrollo de diversas herramientas biotecnológicas; junto con una demanda sostenida de alimentos, productos y subproductos agroindustriales a nivel global.

Siendo parte del conglomerado IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima)¹¹, y bajo la conducción política de Eduardo Elsztain, Cresud se centra, puntualmente, en la producción y comercialización de granos de soja, trigo, maíz y en menor medida sorgo y maní en el mercado interno y externo. Asimismo produce caña de azúcar, derivados agroindustriales de la misma, como el etanol. Mientras que en materia ganadera, cuenta con un considerable stock bovino de 82.150 cabezas, distribuidas en más de 80 mil hectáreas dedicadas a la cría e invernada de la hacienda.

Las principales ventas de la compañía en el sector agropecuario se dirigen a importantes empresas como Cargill (EE.UU), Viterra (ex Glencore,  Anglosuiza) Bunge (EE.UU), líderes en el ranking agroexportador¹², entre otras firmas de capitales internacionales y locales, que en conjunto representan, aproximadamente, el 60% de la facturación de la sociedad¹³.

En términos de rentabilidad, el EBITDA¹⁴ ajustado de los agronegocios de Cresud mostró un crecimiento significativo entre 2017 y 2022, alcanzando un máximo de 191 millones de dólares en 2022. Este aumento se debió principalmente a la expansión del segmento agrícola, que en ese año aportó 115 millones de dólares, y también a las ventas de tierras, que llegaron a 59 millones. Los servicios, aunque con menor participación, aportaron 18 millones en ese mismo período. Sin embargo, en 2024, los resultados disminuyeron a 100 millones de dólares, reflejando una desaceleración que estuvo relacionada a condiciones climáticas (recuperación productiva pos sequía); una variación de precio a nivel global; y a la incertidumbre política y económica constante que enfrenta el sector agropecuario en general (Cresud, 2025).

Evolución del EBITDA ajustado de los agronegocios de Cresud

Sin embargo, la participación de Cresud no se detiene en las actividades agropecuarias en sí mismas. Mediante el Grupo IRSA, la sociedad también gestiona el grueso de las operaciones inmobiliarias. En materia financiera, participa de este segmento a través del Banco Hipotecario, donde posee capital accionario. Mientras que a través de sus subsidiarias, ofrece servicios de consultoría y comercialización para potenciar los negocios de sus clientes. Además, ha sido pionera en lanzar Agrofy, un marketplace para el sector agroindustrial que opera en Argentina, Brasil y Uruguay, con miras a una expansión regional.

Cresud en Cuyo: el gobernador del agua y una amenaza a la seguridad alimentaria de la Provincia de Mendoza

A modo de ejemplo puede citarse la crisis hídrica en Mendoza, uno de los desafíos más urgentes que enfrenta la provincia, ya que influye tanto en la disponibilidad de agua para actividades esenciales como para la producción agropecuaria, que constituye uno de los principales pilares económicos de la región, y de la provincia.

En medio de este panorama, la intervención de Cresud y otras empresas refleja una problemática adicional que agrava la situación: la irregularidad en las autorizaciones de perforaciones en zonas donde, según la normativa provincial, no deberían realizarse. 

A fines de 2024, la Resolución Nº 1.108 había establecido una restricción de dos años para nuevas perforaciones en la subcuenca El Carrizal, en Agrelo, con el fin de preservar ese acuífero. Sin embargo, poco después, el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, emitió la Resolución Nº 125 permitiendo la intervención de nueve pozos en esa misma zona, en contradicción con la restricción y sin contar con aval técnico suficiente. Esta decisión benefició a empresas como Cresud, con 5 pozos que permiten irrigar a más de 400 hectáreas, evadiendo las normativas vigentes y poniendo en duda la gestión del recurso hídrico.

Denuncias contra el responsable del área de Irrigación, sugieren un ejercicio negligente de sus funciones, promoviendo intereses económicos en lugar de salvaguardar la sostenibilidad hídrica, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua y la seguridad alimentaria de la provincia, flagelos que, actualmente, ya son parte de una realidad nacional.

Cuenca del Río Mendoza y Cuenca del Río Tunuyán

Referencias

1. https://ocipex.com/articulos/necesidad-y-urgencia-para-la-destruccion-de-la-argentina-analisis-del-dnu-70-2023
2. Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales
3. https://agendamalvinas.com.ar/noticia/los-excombatientes-apelaron-el-fallo-que-avalo-la-derogacion-de-la-ley-de-tierras-por-dnu
4. https://ocipex.com/articulos/la-piedra-fundacional-del-modelo-anarco-colonial-el-regimen-de-incentivo-a-las-grandes-inversiones
5. https://www.ambito.com/mundo/joe-lewis-fue-condenado-eeuu-facilitar-informacion-privilegiada-pero-no-ira-la-carcel-n5976316
6. https://bichosdecampo.com/inmobiliaria-inta-el-gobierno-de-milei-quiere-vender-27-mil-hectareas-productivas-ubicadas-en-22-campos-experimentales-del-instituto-tecnologico/
7. https://www.lanacion.com.ar/propiedades/inmuebles-comerciales/caputo-dijo-que-los-terrenos-que-subasta-el-estado-son-una-fuente-de-dolares-donde-estan-y-cuanto-nid02072025/
8.  Cresud cuenta con una participación del 35,4% en el capital accionario de Brasilagro, unidad de negocios que posee tierras en Brasil, Bolivia y Paraguay.
9.  En comparación a la Compañía de Tierras Sud Argentino (originalmente de capitales ingleses) propiedad de la familia italiana Benetton, las 900 mil hectáreas ubicadas en la Patagonia poseen una menor valorización de mercado por el simple hecho de no ser aptas para la producción de los principales cultivos demandados por este.
10.  Mapa Países de la Cuenca del Plata. https://cicplata.org/wp-content/uploads/2019/08/cuenca-del-plata.png  
11.  Cresud cuenta con una participación del 55,1% en el capital accionario de IRSA.
12. https://bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/como-quedo-el
13. https://bichosdecampo.com/quien-es-cresud-el-brazo-agropecuario-del-grupo-irsa-que-tiene-bajo-su-orbita-mas-de-745-mil-hectareas-entre-argentina-y-brasil/#:~:text=Entre%20sus%20principales%20clientes%20del,el%2060%25%20de%20sus%20ventas.
14.  Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización.