OCIPEx dialogó con la abogada Paula Litvachky, Directora de la Secretaría de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sobre el impacto del realineamiento geopolítico con las potencias occidentales y el uso de la figura de “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico” en las políticas de Defensa y Seguridad Interior que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri.

Por Martín Calero

Desde el CELS se viene advirtiendo sobre el cambio de paradigma que impulsa el gobierno respecto del rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas ¿Qué medidas identifica como parte de esta política? 

Venimos viendo que tanto el Presidente como la Ministra Bullrich y el Ministro Aguad, en menor medida, han tomado un posicionamiento muy claro sobre las medidas de defensa y seguridad bajo el paradigma de “las nuevas amenazas”. Durante la gestión kirchnerista, si bien hubo algunas fluctuaciones, era bastante claro que con Nilda Garré no se iba a trabajar bajo ese paradigma. Hoy es, sin duda, el posicionamiento político de un gobierno que tiene la decisión de encolumnarse en la línea geopolítica de Estados Unidos, Colombia y otros países de la región, vinculada justamente a esta visión de las “nuevas amenazas”. Esto es importante porque tiene que ver con la cuestión de darle a las Fuerzas Armadas (FFAA) un “nuevo rol para el siglo 21”, como lo llamó el Presidente. Están ocupados en encontrarles ese nuevo rol en la guerra contra el terrorismo internacional, la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra el crimen transnacional, las nuevas hipótesis de conflictos transnacionales o donde se requiera una respuesta bélica o intervención de las FFAA de los países.

Lo que vemos es un alineamiento muy claro, en donde la idea de “insertarse en el mundo”, que en realidad es el mundo occidental, tiene que ver con apropiarse de lleno de las hipótesis de conflicto definidas por las grandes potencias, Estados Unidos en este caso. Sin presentar visiones conspirativas, vemos una definición de una política exterior que implica entender el mundo de esa manera. Eso ha traído como consecuencia un alineamiento de la política exterior argentina definida más que nada por la política de defensa, pensando como la defensa define a la política exterior y viceversa. Lo que lleva a la Argentina a tomar políticas de alineamiento con esos países tales como: adopción de los conflictos en ese mismo sentido, firma de acuerdos y, más importante, la adopción en general de una cosmovisión o paradigma discursivo y político que se traduce en consecuencias político-institucionales. Es muy pronto para hacer un análisis sobre esto, pero si aparecen sobre la mesa algunas decisiones que ya se toman, por ejemplo, que las FFAA pasen a tener un rol más preponderante en las cuestiones asociadas a la custodia de fronteras o todo lo que tiene que ver con la ciberdefensa, que todavía es muy discutible y no tiene una agenda muy clara.

Esto tiene dos dimensiones de análisis. Por un lado, la necesidad de modificar el marco normativo en materia de Defensa, sobre todo el decreto 727/06, que plantea que la agresión externa debe ser entendida únicamente como la agresión de otro Estado, y que por tanto limita el modo en que pueden entenderse las agresiones vinculadas al terrorismo o al crimen transnacional. Como en el caso de la Triple Frontera, en donde sostienen que hay células terroristas y cuando uno mira los informes de Naciones Unidas o Estados Unidos sobre el terrorismo no aparece ni mencionada. Pero si uno ve las notas de los diarios argentinos en las últimas semanas, encuentra pedidos específicos de modificación del decreto para otorgar intervención a las FF.AA. en esos territorios.

Por otro lado, aparece la necesidad de modificar el marco normativo en lo que concierne a seguridad interior. Ahí el gobierno necesita modificar la Ley de Seguridad, para que la guerra contra el narcotráfico y algunas hipótesis de terrorismo interno puedan ser asumidas por las FFAA. No necesariamente por medio de “tanques en la calle”, sino con otro tipo de intervenciones, por ejemplo, inteligencia militar o esta idea de apoyo logístico que en realidad ya no es solo apoyo logístico por parte de los militares sino también cierto nivel de patrullas en frontera.

¿Existe una relación directa entre la criminalización de la protesta social y este nuevo mandato que se pretende otorgar a las FFAA?

Por ahora no parece que explícitamente el gobierno vaya a decidir intervenir represivamente con los militares en la calle. Y los propios militares tienen dudas y reticencias sobre esto, considerando lo que significó el Terrorismo de Estado y el desprestigio y desprofesionalización de las fuerzas que se dio en ese momento. Lo que los lleva a plantear que no tienen intención de volver a hacer ese trabajo sucio. Pero hay relación en el sentido que, ante una situación económica cada vez más complicada, que probablemente derive en una mayor conflictividad social y que sea respondida desde el Estado con una mirada represiva y de criminalización, las FFAA quizá no intervengan directamente, pero si estén abocadas a trabajar en redimensionar el aparato de seguridad como un todo.

“Bajo el paraguas de las ‘nuevas amenazas’ el gobierno busca dar un rol más preponderante a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.” 

¿Uno podría pensar que entonces dentro de las “nuevas amenazas” se establece una dimensión de “enemigos internos”?

Alguna intención de explotar la figura del “enemigo interno” hay, y tiene que ver con, por ejemplo, cómo se abordó el denominado “conflicto mapuche”. Desde el punto de vista de la seguridad también se impidió el ingreso de activistas extranjeros al país durante un evento de la Organización Mundial de Comercio (OMC), aquí a partir de informes de inteligencia que decían que algunas personas que iban a asistir eran “sospechosos” de cometer actos de violencia vinculados con protestas.

Es importante no simplificar la discusión, y resumir todo a si está el ejército en la calle o no. Porque no necesariamente ese va a ser el problema, y porque habilita al macrismo a argumentar que, si no pone los tanques en la calle, en realidad no se está incumpliendo una norma. Eso en sí mismo es problemático, entonces muchas veces Bullrich o algunos integrantes del gobierno de Cambiemos plantean a los grupos que advertimos estas cosas que estamos exagerando, porque en realidad no están las FFAA en la calle y solo estamos haciendo anti-macrismo. El punto para nosotros es que no hace falta esperar que pongan los tanques en la calle porque posiblemente

Paula Litvachky – Directora de la Secretaría de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

eso no suceda. El problema es como se está pensando la política de defensa, el modo en que se está pensando la política de seguridad, cómo están asociados seguridad y defensa en este momento bajo el paradigma de las “nuevas amenazas” y la mirada que eso tiene respecto a los conflictos sociales. Algunas problemáticas como la cuestión mapuche y la discusión sobre las tierras llevan, por ejemplo, a un mayor nivel de represión y de actividades de inteligencia.

Otro punto que nos parece central son aquellas cuestiones que implican sobredimensionar el aparato de seguridad, hacer que las propias fuerzas de seguridad respondan con algunas características militarizadas, las compras de armas con características de guerra, que se traducen, por ejemplo, en la forma en que el grupo táctico Albatros de Prefectura fue y mató a Rafael Nahuel. Por lo tanto, uno tiene que estar alerta básicamente de todas estas cosas, que no necesariamente implican que mañana el presidente decida que el ejército va a impedir que se corte el puente Pueyrredón.

En el plano regional, ¿ustedes ven que esté pasando lo mismo en otros países?

A nosotros nos preocupa mucho toda la orientación sobre la militarización de temas de seguridad que se da en la región, y que tiene distintos grados. El más extremo es México, y las consecuencias de la guerra contra las drogas y la intervención directa de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico. La cantidad de muertes, desaparecidos, violaciones de derechos humanos y el problema vinculado al comercio de droga sigue siendo más o menos parecido. En realidad, ahí lo que se dio fue una guerra que se articuló bajo sus propios intereses con consecuencias nefastas para los Derechos Humanos de la población mexicana, incluso de algunos militares. Hay informes muy interesantes de los propios militares, en general de rangos bajos, donde plantean cuan mal la pasaron ellos mismos en esa situación de extrema violencia, con algunos puntos parangonables al Terrorismo de Estado acá en la Argentina. Una derivación de consecuencias muy negativas para a los Derechos Humanos, por la que no se pudo discutir en realidad lo que se tenía que discutir, que era el problema de las drogas, y trabajar sobre algún tipo de política para combatir el narcotráfico.

La situación de Colombia también, con la intervención de las FF.AA. en la lucha contra las FARC y como se planteaba el narcoterrorismo. Durante lo que han sido los Procesos de Paz hemos conocido situaciones de violaciones de Derechos Humanos muy preocupantes, donde para nosotros la intervención de las FF.AA. fue parte del problema.

Últimamente en Brasil, con una decisión directamente del Estado Federal de intervenir sobre el estado de Rio de Janeiro y decidir que la cuestión de la violencia urbana y también de la lucha contra el narcotráfico en las favelas de Rio se aborde con una intervención directa con los militares, también está trayendo un montón de consecuencias negativas para la vigencia de los Derechos Humanos y es obvio que no están bajando los niveles de violencia, ni van a bajar.

¿Hay señales que la Argentina se está encaminando en este sentido?

Es difícil decir que Argentina se está encaminando en términos lineales con esta situación. Lo que pasa es que uno ha aprendido a mirar la región como un conjunto, y lo que si es muy alarmante es la definición política de este gobierno de quedar asociado con ese paradigma y con esa cosmovisión. Lo que tiene Argentina es, por un lado, un marco normativo mucho más rígido, que fue parte de un acuerdo interpartidario generado tras el fin de la dictadura. La correlación de fuerzas hoy no le da al gobierno para llevar estas cuestiones al Congreso y modificar el marco normativo actual. Pero sí le está dando para tomar algunas definiciones de política exterior, de defensa y seguridad que son muy preocupantes, que van orientadas en este paradigma y que ya han tenido algunas consecuencias negativas: la muerte de Rafael Nahuel, el modo en el que se está interviniendo en protestas sociales, lo que uno se entera en cuestiones de inteligencia muy problemáticas, la intervención de las FFAA en cuestiones de frontera, con esta idea del apoyo logístico que se está brindando que no está clara. No es que llevan el agua nada más, hacen patrullaje y realizan otras tareas.

La pregunta es ¿hacia dónde va?, y es eso lo que hace a uno mantenerse a la expectativa de si esto se va a terminar plasmando en un cambio del decreto o en algún tipo de salvoconducto que les permita avanzar en esta dirección, pero sin toquetear mucho el marco normativo. Que hay decisión y están convencidos que la orientación de la política es para ese lado, ya no cabe duda. Lo viene diciendo el Presidente y lo vienen diciendo todos. Lo otro todavía es una incógnita, hay que esperar un poco y ver hasta dónde llegan y que alcance tienen. La movilización en Argentina es muy fuerte en general, hay que ver un poco como se da esto y también es muy importante pensar que en las propias Fuerzas Armadas no hay acuerdo sobre todo esto.

¿Se puede utilizar la firma de tratados internacionales para sortear el marco normativo argentino dada la jerarquía constitucional de los mismos?

No sería la firma de tratados internacionales porque deben pasar por el Congreso; sería más bien la firma de acuerdos. Se están firmando acuerdos con Israel y Estados Unidos. Los intercambios con el Comando Sur, por ejemplo, se reflejan en los viajes y visitas que se hacen y en la compra de armas. Así como también es una preocupación lo que va a pasar con la instalación de la base de ayuda humanitaria en Neuquén, que en Chaco no se pudo instalar.

Pero hay que estar alerta porque la orientación de la política va un poco hacia ahí, todavía no es tan claro cuáles son las consecuencias de la firma de estos acuerdos, pero si seguro hay una consecuencia en relación con la orientación de la política argentina y de las relaciones internacionales, de cómo la Argentina piensa que se tiene que insertar en el mundo que es muy preocupante.

Desde el CELS ¿se tiene una mirada sobre el rol que deberían tener de las FFAA?

Nosotros como CELS no tomamos como tema de agenda cual debería ser el modelo de las Fuerzas, esto lo hacen otros centros con los cuales nosotros nos asociamos para trabajar, y que no necesariamente se ponen de acuerdo sobre qué deberían hacer las FFAA. Unos tienen una mirada más liberal, otros una mirada más nacionalista, pero todos tienen un acuerdo bastante claro, que no hay que modificar el marco normativo que limita el rol militar.

Nuestra perspectiva como organismo de Derechos Humanos, con la historia del CELS de haber surgido en plena dictadura y sobre todo haber impulsado el proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes del Terrorismo de Estado, ha sido siempre plantear la necesidad de que las Fuerzas Armadas se democraticen. Depurarlas respecto de las cuestiones de la dictadura y que tengan un rol en democracia. No somos especialistas en decir tienen que hacer esto o aquello, esta hipótesis de conflicto o la otra, pero siempre desde la perspectiva de la democratización.

Tenemos preocupación sobre la discusión de defensa y seguridad, y más que nada sobre el discurso oficial que plantea que estuvieron injustamente castigadas y hay que revalorizarlas. Eso nos hace ver que en realidad están planteando cosas por debajo de la mesa, aunque no todos los sectores.  Son ante todo los cuerpos de retirados los que plantean cierta discusión sobre el Terrorismo de Estado y la idea de que los juicios por los crímenes de lesa humanidad en realidad han sido juicios políticos y se condenó a militares injustamente. Esas críticas tienen que ver con que quieren ser revalorizados por la sociedad argentina por el papel que supuestamente habrían llevado adelante durante la dictadura, aunque se trata sectores muy reducidos y no pareciera haber consenso en ese sentido aún, dentro de las FFAA.