Autora: Agustina Sánchez Beck
El sector comercializador de granos es históricamente clave en la República Argentina debido a que es la mayor fuente de dólares del país por exportaciones. La cadena industrial del sector está compuesta por numerosos eslabones: productores, molienda, acopio y comercialización. La relación entre estos actores es asimétrica: los que tienen capacidad de acopio y comercialización pueden imponer condiciones muy desfavorables a los pequeños y medianos productores y así maximizar la ganancia en el eslabón más concentrado de la cadena.
En la actualidad, las diez principales comercializadoras de granos del país concentran el 91% del total del mercado, estando la mitad de ellas en manos de capitales extranjeros, como Cargill (EEUU), COFCO (China) o Dreyfus (Francia). En 2019 Vicentin ocupó el sexto lugar en el ranking de exportadoras de granos, harinas y aceites, siendo responsable de una cuota del mercado que asciende al 9%; además, es la mayor productora de biodiesel del país.
La concentración del mercado se agrava por el hecho de que las compañías más grandes gozan de un alto grado de integración vertical entre producción (sea mediante grandes productores o pooles de siembra), acopio, transporte y comercialización, que incluye la concesión portuaria. Estas características posibilitan posiciones dominantes de principalmente empresas multinacionales, que influyen desproporcionadamente sobre los intereses de los productores y, por ende, afectan la cadena de industrialización de alimentos en su conjunto.
Esto se evidencia al observar que gran parte de los acreedores de Vicentin son productores que entregaron sus granos para molienda, acopio o exportación a la empresa, pero que nunca recibieron el pago correspondiente. Así, se provoca una situación límite para miles de pequeñas y medianas producciones agrarias, decenas de cooperativas y otras organizaciones de capital social que se han visto estafadas por Vicentin.
El periodista Juan Chiummiento geolocalizó a los acreedores del grupo en un mapa interactivo que es altamente ilustrativo de la situación. Los puntos verdes refieren a productores que le vendieron granos a la empresa y aún no han recibido el pago correspondiente: la mayoría de ellos están localizados en el litoral argentino, particularmente en la provincia de Santa Fe.
Ahora bien, no solo productores y asociaciones cooperativas han quedado a la deriva debido al desfalco de Vicentin, varios bancos públicos son acreedores de la empresa, como el Banco de Santa Fe, el BICE, Banco Provincia, el Banco Ciudad y el Banco Nación. Entre ellos, éste último es el mayor acreedor y, a su vez, es por lejos su mayor prestatario, lo que le genera una situación de alta vulnerabilidad en caso de concretarse la quiebra. El préstamo otorgado por Banco Nación asciende a los 300 millones de dólares, de los cuales casi un tercio (86,6 millones de U$S) fueron otorgados en noviembre del 2019, último mes de gobierno de Mauricio Macri luego de que perdiera las elecciones en octubre. La empresa se declaró en “estrés financiero” el 5 de diciembre de 2019.
Fuente: LPO. https://infogram.com/bancos-acreedores-de-vicentin-1g94pk31w5k623v
La totalidad de los préstamos otorgados por el Banco Nación a Vicentín representa el 78% de la deuda bancaria de la compañía. La magnitud de los montos excede todos los límites de riesgo de concentración fijados en la normativa de Basilea II, adoptada por el Banco Central de la República Argentina. Esta deuda significa tal exposición para el Banco Nación que compromete el 20% de su responsabilidad patrimonial computable, limitando gravemente su capacidad prestable y poniendo en jaque sus finanzas. Además, este mismo banco financió a gran parte de la cadena de proveedores de la industria que también se ve perjudicada por la cesación de pagos de Vicentín, que desde diciembre se encuentra en concurso de acreedores y, por lo tanto, tiene su operatoria diaria completamente diezmada.
Lo que es más llamativo es que Vicentín exhibió un alto dinamismo expansivo en el período 2015-2018, siendo un jugador importante del sector triunfante del modelo económico agrario y dependiente propuesto por Mauricio Macri. De esta forma, el patrimonio neto (activos menos pasivos) de la empresa creció un 68,3% respecto al 2017 y en los últimos 14 años solo exhibió una retracción en sus ventas en 2013 (1). El peso de sus pasivos sobre las ventas no parece poder justificar el “estrés financiero” en el que dice haber caído la empresa en diciembre, luego de recibir 86,6 millones de U$D en préstamos del Banco Nación durante el mes inmediatamente anterior.
Otra arista necesaria en el análisis es que los últimos préstamos se otorgaron en concepto de financiamiento de exportaciones realizadas desde “Vicentin Argentina” a “Vicentin Uruguay”, una de las tantas subsidiarias del grupo. Esta es una práctica habitual de las empresas para configurar un entramado societario complejo y de difícil rastreo que posibilita la elusión y evasión de impuestos en territorio argentino. En una entrevista otorgada por Claudio Lozano a Luis Bremer y Ernestina País en AM750 el 11 de junio (2), el director del Banco Nación menciona que “Vicentin Paraguay” -otra subsidiaria- tiene menos de 8 personas empleadas y, aunque no tiene planta productiva allí, es la segunda exportadora de soja de Paraguay. ¿Cómo se justifica esto?
Los barcos zarpan de tierras guaraníes vacíos, hacen una parada para cargar granos en el puerto de San Lorenzo, Santa Fe, y luego se declara que la mercadería viene de Paraguay. En otras palabras, son exportaciones argentinas camufladas, declaradas en Paraguay y que permiten un menor pago de impuestos y retenciones en nuestro país y, en consecuencia, una menor entrada de reservas internacionales al Banco Central. Es un claro caso de sub-declaración de exportaciones vinculado, además, con otra sede de la empresa en Panamá, país famoso por ser guarida fiscal. Si bien en la Fiscalía de Paraguay hay radicada una denuncia al respecto, paradójicamente, el juez a cargo del concurso de acreedores no encontró conveniente abrir una instancia de investigación acerca de estas maniobras. Por consiguiente, la Unidad de Información Financiera (UIF) Argentina solicitó ser querellante en la causa contra Vicentin desatada por los préstamos irregulares otorgados por el Banco Nación. La hipótesis manejada es haber simulado la situación de cesación de pagos con el objetivo de fugar y lavar dinero en el exterior (3).
Fuente: Agrofy News en base en CIARA-CEC
De conocimiento extendido es que la insuficiente generación de divisas en el país limita el crecimiento económico y que, en algunos momentos, la especulación de los acopiadores de granos aumenta aceleradamente la presión sobre el valor de nuestra moneda nacional. Por ejemplo, a pesar de contar con una cosecha mayor a la de años anteriores, en el corriente la liquidación de divisas hasta el mes de mayo es la menor desde 2007. Gran parte de esta -4.300 millones de U$S- fue liquidada en los meses de noviembre y diciembre del año pasado para evitar una previsible suba de las retenciones.
La exportación de estos bienes sería de gran utilidad en el contexto actual donde, a pesar de que el comercio internacional sufrió una importante caída producto de la pandemia, la demanda externa por granos, harinas y aceites nacionales sufrió una reducción relativamente pequeña en comparación con otros productos, e incluso las demandas de Europa, el sudeste asiático y China vienen en franco repunte las últimas semanas. En consecuencia, es una consideración estratégica para el Estado Nacional tener una empresa testigo que le provea información de primera mano acerca del funcionamiento del mercado que mayor volumen de divisas le provee al país.
La potencial alta rentabilidad de la empresa no es únicamente de interés público: en las últimas semanas, varias empresas extranjeras demostraron interés por apoderarse de los activos de Vicentin y, algunas, ampliar así su ya poderosa cuota de mercado. De haber ocurrido, los problemas descriptos al principio de esta nota probablemente se hubieran agravado, con una dificultad aún mayor para el Estado Nacional en su rol de control y legislación.
En este punto hay una cuestión central: del total de 1350 millones de U$D deuda que tiene Vicentín al momento, aproximadamente 500 millones de U$D corresponden a acreedores privados internacionales. Estos se unieron en un “Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales” para negociar de forma conjunta ante el anuncio de cesación de pagos de Vicentin en diciembre del 2019. Este grupo de acreedores tiene como líder y parte fundamental a la Corporación Financiera Internacional (CFI) que pertenece al Banco Mundial y se dedica a desarrollar negocios exclusivamente en el sector privado de países en desarrollo; no obstante, también es integrado por un Banco de Desarrollo controlado por el Estado de Países Bajos (FMO), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole. Este Comité es el que radicó la denuncia en la Fiscalía del Paraguay por evasión y lavado de activos; mientras que, al mismo tiempo, presiona por una solución extranjera y privada del conflicto.
En definitiva, teniendo en cuenta la importancia estratégica del sector para el desarrollo nacional, que la banca pública en su conjunto es el principal acreedor de Vicentin, la posible pérdida de más de 7 mil puestos de trabajo, el tendal de productores estafados, la amenaza de extranjerización de la empresa y concentración de poder en el sector, el gobierno nacional tomó la decisión de intervenir Vicentin SAIC por sesenta días. Sin embargo, todavía no ha enviado el proyecto de declaración de utilidad pública y nacionalización de la empresa al Congreso Nacional.
La intervención busca preservar la continuidad de la empresa que se encuentra parada desde diciembre, darle un horizonte a los trabajadores y trabajadoras en situación de vulnerabilidad e incertidumbre, y genera la posibilidad para que productores y acreedores, entre ellos los bancos públicos, consigan una devolución de los préstamos. Ahora bien, de demostrarse el fraude de Vicentin al Estado se abre la puerta para que la deuda que el grupo mantiene con los bancos extranjeros puede ser saldada con los activos de sus dueños. Con ese objetivo, el viernes 12 de junio la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió dictamen con el objetivo de crear una comisión bicameral que investigue una posible defraudación del Banco Nación en el otorgamiento del crédito mencionado.
No obstante, la última semana Alberto Fernández manifestó que se encuentra abierto a nuevas propuestas que planteen una salida beneficiosa para los trabajadores del grupo Vicentín, los productores estafados y para los acreedores bancarios incluido el Estado. La primera solución propuesta fue un canje de la deuda que el grupo mantiene con la banca por acciones, pero sin tomar el control. Justamente debido a que la banca púbica tiene prohibido por estatuto transformar sus acreencias en acciones de empresas deudoras -para evitar el vaciamiento de la banca- es que esa solución no es viable. Pero, además, de no tener el Estado Nacional capacidad de control y decisión sobre el futuro de la empresa, todas las cualidades estratégicas de la acción se tirarían por la borda.
En este sentido, ni el reciente rescate del Estado alemán a Lufthansa, ni el Estado estadounidense en el rescate a las grandes empresas automovilísticas en el 2008 cedieron la capacidad de tener ciertos márgenes de control sobre las decisiones empresarias de los grupos rescatados. Socializar las pérdidas -o las ganancias- a través de las acciones del Estado no pone a éste en un rol estratégico y activo en la formulación de una estrategia de desarrollo nacional apalancada en sectores clave.
En definitiva, de consumarse la recuperación estatal del grupo Vicentin implicaría un ingreso de divisas claro para las arcas del Estado Nacional, superior al que recibió hasta el momento producto de maniobras fraudulentas de triangulación con subsidiarias en el extranjero anteriormente mencionadas, conllevando, además, una ampliación de la recaudación tributaria concerniente a la empresa. Contar con una empresa testigo en este mercado propicia un proceso de blanqueo del comercio de granos al poder tener información de primera mano de los movimientos del mercado. Incluso, en tanto empresa pública, se genera la posibilidad de terminar con el abuso de posición dominante que la comercializadora solía tener ante pequeños y medianos productores, mejorando los precios y dando márgenes para la reinversión y tecnificación. Así, la recuperación de la empresa Vicentin se torna fundamental en la conformación de la estrategia de desarrollo nacional.
(1) “1er informe sobre la situación de la firma Vicentin” elaborado por Claudio Lozano, Director del Banco de la Nación Argentina. 16 de enero del 2020.
(3) https://amp.pagina12.com.ar/271788-la-uif-pidio-ser-querellante-en-la-causa-vicentin?utm_term=Autofeed&utm_medium=Echobox&utm_source=Twitter&__twitter_impression=true //https://www.ambito.com/politica/vicentin/la-uif-acusa-haber-realizado-maniobras-lavado-dinero-y-apunta-exfuncionarios-macristas-n5109485
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