¿Se puede privatizar la Argentina?

Autor: Manuel Valenti Randi, Director de OCIPEx, Magíster en economía internacional (UBA)

Bajo la fe extremista de mercado que profesa Javier Milei, y con la clara voluntad de hacer negocios con el patrimonio público en beneficios de sus empresarios amigos, el Gobierno intentó desde el primer día privatizar empresas públicas. 

Dentro del experimento de anarco-colonialismo al que estamos siendo sometidos los argentinos, una parte importante del mismo radica en convencernos que bajo la órbita privada todo funciona mejor y se asignan mejor los recursos. Pero, ¿es así, o es un verso para justificar sus negocios?

Como marcó Cristina Fernández de Kichner en la UMET en 2023 “la gran discusión” no es “si el capitalismo sí o el capitalismo no, sino quién conduce los procesos de producción”. En este sentido las empresas públicas (EEPP) pueden cumplir un rol fundamental para conducir un proceso capitalista donde se distribuya la riqueza de forma más justa y se garantice un desarrollo económico autónomo de los centros de poder mundial, estatales o privados. Para encontrar las respuestas a este falso dilema que plantea la fe libertaria entre lo público y lo privado, es necesario hacernos las preguntas correctas. 

1. ¿Cuántas empresas públicas existen en Argentina? ¿Son todas deficitarias? ¿Que significa que tengan déficit?

En la actualidad, el Estado Nacional tiene participación en más de 100 empresas, donde en 34 de ellas es dueño o accionista mayoritario (sociedades anónimas o sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria y sociedades del estado). A su vez, es accionista minoritario en algunas de las compañías privadas más importantes del país, con la posibilidad de designar directores. 

De las 32 EEPP que envían su información a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) al último trimestre de 2023, 21 empresas públicas tenían superávit financiero, es decir, que tenían más ingresos que gasto. Durante el gobierno de Milei ese número bajó a 12 en el primer trimestre de 2024. Los Messi de las finanzas y el mercado parece que no la tienen tan clara.

Pero el problema no termina ahí, nuevamente se repite una política de boicot a las empresas públicas, empeorando su servicio, quitándoles contratos y sus principales unidades de negocios. Esto se puede ver reflejado en su facturación. Las ventas de las EEPP del primer semestre de este año respecto al 2023 tuvieron una caída generalizada en: Aerolíneas Argentinas con un 28%, Correo Argentino y Corredores viales del 26%, Tandanor del 58% y Nucleoeléctrica del 10%. En esta línea, el anuncio de quitarle a ARSAT la franja reservada de 100 mhz y el contrato por el cual proveía internet a más de 42 mil escuelas- por más de $60.000 millones anuales según Adorni-, va en detrimento del desarrollo nacional y la rentabilidad de la empresa. 

Sin embargo, en el caso de AySA y Trenes Argentinos, su facturación se incrementó en consecuencia del aumento de la tarifa de agua y el boleto de tren. 

En síntesis, bajo este modelo pierden todos los argentinos, ya sea porque rematan su patrimonio o porque les aumentan los servicios públicos, deteriorando aún más su poder adquisitivo.

2. ¿Son más eficientes las empresas públicas o las privadas? 

Como todo, depende del cristal con que se lo mire. Si el objetivo es ganar la mayor cantidad de plata en el menor tiempo posible y después mandarte a mudar, una empresa pública no es “eficiente”. 

Si el objetivo es tener empresas que brinden servicios de calidad, a precios razonables, inviertan y den estabilidad macroeconómica, una empresa pública, o de mayoría estatal, puede ser muy eficiente y necesaria.  YPF, AR-SAT o Corredores Viales son ejemplo de esto. 

En YPF la inversión en Vaca Muerta no avanzó hasta la estatización de la mayoría accionaria y la decisión de ser pioneros en un yacimiento en el que hoy empresas privadas nacionales y extranjeras son parte y socias de la empresa insignia argentina. 

AR-SAT fue la empresa conductora del proceso de construcción de satélites y la construcción de red de fibra óptica de 34.500 kilómetros, junto con empresas provinciales y privadas. Esto permite, entre otras cosas,  incrementar la calidad y extensión de la banda ancha en todo el territorio nacional, donde los privados no llegarían. 

También se puede citar el caso de Corredores Viales que se hizo cargo de los negociados fallidos de Participación Público-Privada que quiso hacer el macrismo para construir obra vial. Por ejemplo, esto permitió continuar con el Corredor Sur (que incluye la  Autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, las Rutas N° 3 y N° 205), mejorando la eficiencia logística de la Provincia de Buenos Aires. 

Este criterio de eficiencia, que incluye el beneficio social y económico al conjunto de la sociedad, no implica que no haya participación y asociación de las EEPP con privados. La clave es quien conduce el proceso capitalista – si es el Estado o el capital concentrado-, y a quien pertenece la propiedad del patrimonio público y sus recursos. El gobierno actual pretende rematar y entregar a los grandes capitales privados la totalidad de los activos estratégicos de los argentinos, y con ello, los principales resortes que tiene el Estado para armonizar y conducir los intereses del capital, el trabajo y los consumidores. 

3. ¿Para que se usan las transferencias del Estado Nacional a las EEPP? ¿Son el problema del déficit y desequilibrio macroeconómico? ¿Si se privatizan las EEPP, mejoran sus servicios?

Las transferencias a empresas públicas tienen por fin el financiamiento de obras específicas que tienen por objetivo brindar servicios públicos (como AySA, Trenes Argentinos o Correo Argentino),  construir gasoductos (ENARSA), llevar a cabo proyectos tecnológicos (como AR-SAT o Dioxitek). 

Lo que se presenta como “gasto ineficiente” por parte del Estado es, en realidad,  desarrollo tecnológico, conexión vial, o  acceso a servicios públicos a un precio razonable, que se garantiza a través del pago de impuestos. Esto no se contradice con  la necesidad de que exista una mayor planificación y transparencia, en la gestión de las EEPP.. 

Para pensar si las transferencias (inversión) a las EEPP son un problema vinculado a la “eficiencia”, podemos mirar cuanto representa en el total de la economía y del presupuesto ejecutado. 

Producto de la “motosierra”, respecto a 2023, la representación total de las transferencias a las EEPP pasó del 0,7% del PBI, al 0,4%. Respecto al total del presupuesto ejecutado (el efectivamente utilizado) nunca llegó al 7%, y es aún mucho menor si no contamos ENARSA. Es decir, su representatividad en el total del gasto es muy baja, y su impacto en el conjunto de la sociedad, y la actividad económica es significativa. El supuesto el problema del déficit es el velo que busca ocultar el gran negocio que implican las privatizaciones.  

Año	% de los gastos a empresas públicas	% sin ENARSA
2020	4,1%	3,2%
2021	6,8%	4,2%
2022	5,3%	3,2%
2023	6,3%	3,2%
2024 (junio)	5,1%	2,3%
Elaboración propia en base a datos de la ONP

Si miramos a nivel del gasto e inversión del gobierno nacional, las empresas públicas tuvieron un recorte del 46% en las transferencias, donde 3 de cada 4 pesos recortados fueron de ENARSA. Esto se debió a la menor necesidad de importaciones de gas y a la quita de subsidios a los usuarios de gas de red. Es decir, que el grueso de la reducción de las transferencias no fue por mayor eficiencia, sino por la estatización de YPF -que permitió recuperar la producción de gas-, la construcción del Gasoducto Nestor Kichner-  que permitió reducir las importaciones de gas-, y el tarifazo que sufren los argentinos. Contra la lógica del mantra libertario, la “herencia política” de un Estado que impulsó el desarrollo nacional a través de sus empresas, fue la que le permitió reducir el 75% de las transferencias a las EEPP.  

Pero, ¿por qué casi todo el recorte se hizo sobre esta empresa? Básicamente porque casi la totalidad de las transferencias son para comprar el gas del GNL de Bolivia y pagar parte del precio subsidiado a productores de gas mediante el Plan Gas. Las transferencias se destinan a cubrir la diferencia entre el precio que compra el gas y al que lo vende ENARSA a transportistas y distribuidoras. Esto implica un subsidio tanto a los productores como a los consumidores de gas. Mientras a los usuarios se les quitan subsidios y le aumentan el precio del gas en dólares; el Estado y los usuarios siguen pagando precios altísimos por el gas, que les garantiza rentabilidades extraordinarias a las empresas hidrocarburíferas.

Por otro lado, si la empresa es privatizada, nada garantiza que estos subsidios no sigan siendo dirigidos a ENARSA o directamente a las empresas generadoras y distribuidoras de gas. Ya sucedió con Aerolíneas, AFJP y con los trenes en los ‘90.

Además el recorte implicó una caída en la inversión de las EEPP. En términos reales, la caída interanual -comparando el 1er semestre de 2024 con el de 2023- fue de un 53%. El recorte se dio principalmente en empresas vinculadas a actividades que son intensivas en inversión y que brindan servicios esenciales, como Aerolíneas, AYSA, OFSE (Trenes Argentinos), Correo y Corredores Viales. En estos casos la motosierra implicó una reducción del 60% al 90% en inversión.

4. ¿Cómo es el proceso de privatización en el actual gobierno? ¿Quienes deciden las privatizaciones? ¿Cuáles son las empresas que se piensan privatizar? 

Dentro de las prioridades del actual gobierno y los grupos económicos que lo apoyan están las privatizaciones. En los primeros meses, luego de la asunción de Milei se creó la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, bajo la órbita de Nicolás Posse, que designó a Mauricio Gonzalez Botto para conducirla. Mediante el DNU 70 se transformaron las empresas públicas en Sociedades Anónimas y se establecieron las bases para su privatización. El gobierno mostró su clara impronta privatista mediante el primer proyecto de Ley Bases que establecía sujetas a privatización prácticamente a todas las empresas públicas. Esto fue rechazado por distintos sectores de la oposición, principalmente encabezado por el peronismo conducido por Cristina Fernández de Kirchner.

En la avanzada privatista, la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado obtuvo el control sobre presupuestos, planes estratégicos y contrataciones de las empresas públicas, consolidando su poder en el proceso de privatización. Se centralizó la decisión estratégica sobre las EEPP, pero no para mejorar su funcionamiento, sino para concentrar la decisión sobre el negocio de las privatizaciones.

Excepto en las empresas de interés estratégico para los grandes empresarios que apoyaron al gobierno – como YPF, ENARSA, Aerolíneas Argentinas y AySA- el proceso de designación de directivos en las empresas públicas fue lento y estuvo signado por las pujas internas y la decisión de paralizar el Estado. 

En mayo se produce la salida de Posse y con ello la decisión política y administrativa de las privatizaciones pasó a manos de la familia Caputo, Santiago y Toto. En reemplazo de González Botto se incorpora Diego Martín Chaher, abogado mendocino con experiencia en medios de comunicación del grupo América, quien había sido designado anteriormente Interventor de Telam y la TV Pública.

Finalmente, con la aprobación de la Ley de Bases en julio se definieron las primeras empresas a privatizar, incluyendo a ENARSA, INTERCARGO, NASA, YCRT y AYSA, donde se establecieron las modalidades de privatización para cada una.

Para organizar el desguace del Estado empresario a las dos semanas se creó la “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” en el Ministerio de Economía con Martín Chaher como director. Ésta pasó casi inadvertida, sin embargo ejerce un poder de decisión trascendental sobre las privatizaciones, ya que las interviene, coordina, evalúa y supervisa. Además, interviene en decisiones presupuestarias, nombramiento de directores y planes de despidos. 

Una vez establecido el andamiaje institucional y una clara división política de quienes intervienen en el negocio de la privatización, el gobierno comenzó a avanzar rápidamente en el intento de privatizar empresas que se encontraban incluidas en la Ley Bases, como también en otras que no lo estaban como Aerolíneas Argentinas y la Casa de la Moneda. Como ya advertimos desde OCIPEx, el gobierno pretende beneficiar a los compradores privados incluyendo a las las empresas privatizadas como “inversiones” alcanzadas por el RIGI.

5. ¿Los trabajadores de las empresas públicas son la casta?

El último informe presentado por Guillermo Francos a la Cámara de Diputados detalló el total de retiros y los montos gastados para costear los mismos.  A tipo de cambio oficial representó 228 millones de dólares. Según la información que brindó, el gobierno echó a 8.929 trabajadores de las EEPP. Más de la mitad de los despidos fueron en Correo (-4.181), seguido por Aerolíneas (13009, AySA (-1231), y Corredores Viales (986). Correo Argentino, Aerolínea Argentinas y AySA representan el grueso del ajuste que pagó el Estado con Transferencias o fondos de  empresas. 

El cinismo del gobierno es tal que “no hay plata” para obra pública pero sí para echar trabajadores. Las únicas empresas donde aumentaron las transferencias fueron en las que se echó más trabajadores.  En Aerolíneas Argentinas no hubo transferencias en 2023 y este año ya se transfirieron $58 mil millones, y Correo Argentino donde aumentaron un +40% respecto al año pasado. 

Teniendo en cuenta que el objetivo del gobierno es privatizar estas empresas, con este accionar logran entregarlas al sector privado con la reducción de personal,y su respectivo costo económico y político, ya consumado.

6. ¿Existe alguna alternativa?

El gobierno de Javier Milei inició un camino de ajuste insostenible e inhumano, con un plan de negocios, que implica –entre otros ítems– la venta o disolución de empresas públicas para rematar sus activos estratégicos. Esto no conlleva, tal como se está ejecutando, una mejora de los servicios para los usuarios, ni una modernización en la administración de esas empresas, sino que es una burda maniobra de negocios.

En un contexto de concentración económica en los principales sectores de la economía, es necesario fortalecer las capacidad del Estado y paliar su fragmentación para conducir el proceso capitalista. Para reconstruir el poder político del Estado Nacional es vital establecer una conducción política centralizada y gestión económica descentralizada de su actividad empresarial. Para ello se necesita planificación, financiamiento, y coordinación entre empresas nacionales y de gobiernos provinciales. A su vez, debe existir un efectivo control y publicidad de la información de las empresas estatales, se debe hacer desde el poder ejecutivo y legislativo. La eficiencia de una empresa pública debe ser medida objetivamente a la luz de los resultados económicos y sociales esperados, y no solamente desde su superávit financiero.

Desde OCIPEx analizaremos periódicamente el proceso privatizador de las empresas públicas en general y el de cada empresa en particular, para ofrecer un cuadro de situación integral de la entrega en curso del patrimonio público. Desde una óptica no dogmática, ni estatista ni privatista, planteareamos alternativas para recuperar el rol del Estado empresario en la tercera década del siglo XXI.