Autor: Pablo Nicolás Almada | Alumno de la Diplomatura
Introducción:
Cualquier persona que haya pisado una obra sabe que la planificación lo es todo. Si calculas mal los costos de los materiales desde arranque, o si atas el precio de un flete local a una moneda extranjera, los números no van a cerrar nunca. Tarde o temprano la obra se paraliza y el que paga los platos rotos es el dueño. Con el sistema eléctrico en Argentina pasó exactamente lo mismo, pero a escala nacional. Para entender por qué hoy las boletas de luz asfixian a las familias y a las industrias, hay que mirar cómo se armó el presupuesto general. Y ese esquema se desvirtuó por completo entre 2016 y 2019, cuando el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) se acopló a un esquema netamente financiero a través de la firma de contratos de generación a largo plazo garantizados por CAMMESA.
El problema no nació de un día para el otro, tiene una base estructural muy clara. El Módulo 3 de esta diplomatura detalla cómo se fragmentó el sistema en la década de los 90 a partir de las Leyes 15.336 y 24.065. Se tomó el sector eléctrico nacional y se lo partió en tres bloques aislados: generación, transporte y distribución. La justificación teórica era generar competencia, pero en la práctica del mundo real significó que cada eslabón de la cadena empezara a buscar su propio margen de rentabilidad sin importar el rendimiento de la máquina completa. Desde la perspectiva de la ingeniería, esto es un error de diseño grave: no podés evaluar el rendimiento de un motor mirando solo el estado de las bujías; Tenes que analizar todo el conjunto. Al separar las partes, el Estado perdió el control de la planificación a largo plazo.
Esa fragmentación dejó el terreno nivelado para lo que se ejecutó a partir de 2016. Bajo el argumento de una emergencia energética y la urgencia de sumar megavatios a la red, el Estado Nacional implementó una serie de resoluciones (como la Resolución 21/2016 de la Secretaría de Energía) que abrieron la puerta a los contratos PPA (Power Purchase Agreements). La teoría indicaba que esto iba a atraer inversiones privadas rápidas para instalar nuevas centrales térmicas o parques de energía renovable. Pero la letra chica de esos documentos resultó ser un negocio redondo para los privados y un ancla económica para el país.
El Estado, a través de CAMMESA, les garantizó a estas empresas generadoras comprarle toda la energía producida a un precio fijo, en dólares, y por plazos de hasta 20 años. Acá es donde la ecuación económica se rompe de forma grosera. Argentina es un país que tiene la capacidad de producir su propio gas y petróleo, los sueldos de los operarios de planta se pagan en pesos, y el mantenimiento local se hace en moneda nacional. Sin embargo, el Estado puso el costo del producto final a la cotización internacional y a la moneda estadounidense.
Esta dolarización forzada del sector de generación es la piedra fundacional de los aumentos tarifarios desmedidos. En lugar de establecer un esquema de precios basado en lo que realmente cuesta extraer y procesar la energía de nuestro propio suelo, se convalidaron precios de privilegio. El sistema fue diseñado para garantizar el recupero acelerado de la inversión privada y asegurar utilidades extraordinarias para distintos fondos de inversión, sin exigir contraprestaciones reales de infraestructura.
El impacto de estas decisiones de escritorio se trasladó de inmediato al precio monómico de la energía, que no es otra cosa que el costo real de generar un megavatio en el territorio nacional. Y como en el sistema eléctrico los costos de arriba siempre bajan en cascada, ese precio inflado artificialmente en la generación terminó reventando la tarifa final que le llega al usuario común, a los comercios y a las industrias. A partir de este punto, es necesario desarmar los mecanismos técnicos específicos de esos contratos para entender exactamente cómo se trasladó ese sobreprecio a la boleta mensual y qué consecuencias territoriales trajo esta política de abandono en zonas como la Patagonia.
Entre 2016 y 2019 se armó un esquema de negocios blindado bajo el paraguas de la emergencia eléctrica. A través de resoluciones como la 21/2016 y los programas RenovAr, el Estado licitó nueva energía térmica y renovable. El anzuelo era sumar potencia rápido a la red. Pero la verdadera trampa estaba en la letra chica de los contratos PPA (Power Purchase Agreements).
A estas empresas privadas se les garantizó un precio fijo en dólares por la energía, firmado a plazos de 10, 15 o hasta 20 años. Esto choca de frente contra cualquier cálculo de costos racional. En el sector eléctrico, las generadoras pagan los sueldos de sus operarios en pesos y compran insumos locales, pero le cobran a CAMMESA en dólares. Esa diferencia cambiaria constante es un sobreprecio directo.
El mecanismo más destructivo para las cuentas públicas dentro de estos contratos es la modalidad “Take or Pay” (Tomar o Pagar) y los pagos fijos por potencia disponible. Esto significa que CAMMESA está obligada a pagar por la capacidad instalada de la máquina, sin importar si el sistema realmente necesitó esa energía o si la turbina estuvo apagada.
Llevado al terreno práctico de la obra, es el equivalente exacto a alquilar una retroexcavadora por mes y tener que pagar la factura completa, aunque la máquina esté apagada y tirada en el obrador. El riesgo comercial de la empresa privada desapareció por completo. El Estado les aseguró la rentabilidad pasara lo que pasara, garantizando un negocio de riesgo cero.
El Estado Nacional quedó como garante de última instancia. Si la recaudación tarifaria no alcanza para pagarles a las generadoras, el Tesoro nacional tiene que intervenir y poner la diferencia económica.
Todo este andamiaje financiero impacta en el indicador técnico central del sistema: el precio monómico. Este valor representa el costo real promedio de generar un megavatio en el país, y con estos contratos se infló de manera artificial. Este sobrecosto de generación no desaparece en el aire. Baja por las líneas de alta tensión, pasa por las distribuidoras y aterriza directo en la boleta del usuario.
Durante esos años se instaló el discurso de que el problema de las tarifas era que el usuario pagaba poco o derrochaba energía. Sin embargo, los informes técnicos de CAMMESA muestran otra realidad de fondo. La energía se volvió impagable porque el costo de origen se diseñó para garantizar rentabilidades extraordinarias en moneda extranjera.
El usuario de a pie, el comerciante y el industrial terminaron financiando indirectamente el negocio de las empresas generadoras. Nos impusieron tarifas internacionales en un país que produce y cobra en pesos. Este desfasaje reventó la cadena de pagos, encareció los costos de producción y golpeó de lleno la economía de las familias.
La falta de infraestructura y la realidad en la Patagonia:
El análisis de los contratos PPA y el precio monómico choca de frente con la realidad de la calle cuando revisamos el estado de la infraestructura física. Durante los años 2016 a 2019, la política energética se concentró exclusivamente en garantizar contratos de generación eléctrica. Sin embargo, el Estado abandonó por completo la exigencia de inversiones reales en los sectores de transporte y distribución.
Vivir y trabajar en la Patagonia, específicamente en Río Gallegos, permite ver esta falla de diseño en primera persona. La provincia de Santa Cruz está ubicada literalmente sobre las reservas de gas y petróleo que mantienen operativo al sistema nacional. Extraemos la riqueza del subsuelo para el resto del país, pero a nivel local padecemos una de las infraestructuras de distribución más deficientes de la región. Pagamos el costo de la energía a precio internacional, pero el servicio que llega a los barrios es insuficiente.
El problema central es la falta de inversión bruta en obras. Las empresas distribuidoras operan bajo una lógica estrictamente financiera: si extender la red hacia un barrio nuevo no les garantiza un recupero rápido de la inversión, directamente no tiran un metro de caño. El Estado, que actuó rápido para garantizarle dólares a las generadoras, se ausentó por completo a la hora de obligar a las distribuidoras a reinvertir sus ganancias en la expansión de las redes locales.
Esta desconexión genera una exclusión directa. Hoy en la ciudad existen barrios enteros poblados por familias de trabajadores que ahorraron durante años para construir su casa, pero que no pueden acceder a la red de gas natural porque la empresa concesionaria se niega a ejecutar la obra de ampliación. En el sur de la Argentina, el invierno no es un detalle menor; las temperaturas bajo cero congelan cañerías, paralizan obras y exigen calefacción constante las 24 horas del día.
Al no tener gas natural, la única salida térmica para estas familias es la electricidad. La gente se ve obligada a calentar sus casas usando caloventores, estufas eléctricas o comprando garrafas con sobreprecio. Esto provoca que en los meses de invierno el consumo eléctrico residencial reviente los medidores y sature los transformadores locales, que tampoco reciben mantenimiento adecuado ni actualizaciones de potencia.
Acá es donde se cierra la trampa perfecta del modelo implementado entre 2016 y 2019. Esa familia marginada de la red de gas se ve forzada a consumir niveles altísimos de electricidad para no congelarse. Y esa electricidad llega a su medidor facturada con los costos de generación dolarizados, inflados por los contratos PPA de CAMMESA que explicamos anteriormente.
El resultado es matemático y brutal: la boleta de luz de invierno termina consumiendo un cuarto del sueldo de un trabajador. Se diseñó un sistema de extracción de recursos de la clase media hacia los sectores financieros, utilizando la necesidad básica de calefacción como mecanismo de cobro. La falta de redes de servicios en plena Patagonia es la demostración física del fracaso de este modelo de mercado desregulado.
Conclusión:
En la construcción y en la industria, el análisis de un sistema es binario: funciona o no funciona. El esquema eléctrico estructurado entre 2016 y 2019 mediante los contratos PPA demostró ser un fracaso absoluto para el desarrollo del país. Fue un diseño de ingeniería financiera perfecto para garantizar rentabilidades en dólares a un grupo reducido de empresas, pero operó como un ancla sobre la economía nacional. Nos dejaron con costos de generación altísimos y con una infraestructura física estancada.
Para solucionar este desfasaje no alcanzan las resoluciones transitorias. Hay que meter mano en las entrañas del Mercado Eléctrico Mayorista y aplicar soluciones estructurales:
✓ Pesificación de la matriz de costos: Las tarifas de generación que convalida CAMMESA tienen que reflejar los costos reales de operación local. Si el gas se extrae de nuestro territorio y los insumos diarios se pagan en pesos, el Estado no puede sostener pagos dolarizados a 20 años.
✓ Auditoría técnica de contratos: Es obligación del Estado revisar cada uno de los acuerdos firmados bajo la emergencia eléctrica de 2016. Si una turbina o un parque generador ya amortizó su inversión de capital inicial, ese contrato se debe renegociar a la baja. No es lógico seguir pagando rentabilidades extraordinarias por equipos ya amortizados.
✓ Fondo de reinversión en infraestructura: Las empresas que explotan los recursos en la Patagonia deben tener una obligación contractual estricta. Un porcentaje de sus utilidades debe destinarse directamente a financiar obras de transporte eléctrico y redes de gas en los barrios donde operan. El desarrollo debe quedar en el territorio.
Recuperar la soberanía energética requiere entender que la electricidad y el gas no son activos financieros. Son el motor básico que necesita cualquier industria para producir y el servicio mínimo que requiere una familia para vivir.
Bibliografía
• Informes técnicos de CAMMESA (Datos de despacho mensual y evolución del costo monómico 2016-2024).
• Material de lectura y presentaciones docentes del Módulo 3 (Sector Eléctrico) – Diplomatura en Energía y Soberanía, UMET.
• Marco regulatorio del Mercado Eléctrico Mayorista (Leyes Nacionales 15.336 y 24.065).
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