Autor: Ignacio Galante | Alumno de la Diplomatura
Pensar la política energética argentina sin considerar su influencia geopolítica es, en el fondo, perder de vista el escenario donde realmente se toman las decisiones estratégicas. Si bien Argentina no es una potencia energética, tampoco es un actor marginal. Sino que se mueve en un espacio intermedio, con recursos abundantes, capacidades tecnológicas significativas y, al mismo tiempo, limitaciones estructurales que condicionan su autonomía. La política energética argentina se desarrolla en un tablero donde interactúan potencias del norte global, corporaciones, organismos financieros y países de la región.
Argentina posee una disponibilidad de recursos energéticos que la vuelve relevante en el mapa global: hidrocarburos convencionales y no convencionales, potencial renovable de clase mundial, recursos hidroeléctricos y un sector nuclear eficiente y consolidado por más de cincuenta años. Aunque también el valor geopolítico del país no depende solo de lo que tiene, sino del contexto internacional que vuelve esos recursos estratégicos. Svampa (2019) plantea que la explotación de hidrocarburos no convencionales en América Latina se inserta en un patrón de “neoextractivismo dependiente”, donde los Estados buscan divisas, pero quedan atados a ciclos de precios y a tecnologías controladas por corporaciones extranjeras. En el caso argentino, esta tensión es evidente ya que Vaca Muerta es una oportunidad, pero también un vector de dependencia.
La integración energética en los países del Cono Sur ha sido históricamente fragmentada, no existe una estrategia regional común. La relación con Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay condiciona decisiones internas. Argentina depende del gas boliviano en determinados momentos, exporta electricidad a Uruguay y Brasil según la estacionalidad, y mantiene una relación fluctuante con Chile. Esta dinámica regional obliga a diseñar una política energética que contemple no solo la oferta interna, sino también la diplomacia energética.
Los tiempos modernos, al igual que en la década de los 90, se encuentran fuertemente marcados por la dependencia de importaciones y de inversiones externas para ampliar la infraestructura. Esto genera tensiones entre la búsqueda de autonomía energética, la necesidad de atraer capital extranjero y los compromisos internacionales en materia climática y financiera. La política energética nacional se mueve en ese equilibrio inestable, donde cada decisión tiene implicancias externas.
El sector nuclear argentino es uno de los pocos ámbitos donde el país posee autonomía tecnológica. La cooperación con China para Atucha III, la exportación de reactores de investigación y la participación en organismos internacionales muestran que la energía nuclear funciona como un instrumento de política exterior.
El sector nuclear, es un sector estratégico para el desarrollo nacional. Al tiempo que tracciona y articula la industria con el entramado productivo y tecnológico, pymes, institutos científicos, profesionales; permite exportar tecnología, ingresar dólares a la economía en un contexto de restricción externa diversificando la matriz exportadora primarizada del país y, por lo tanto, modificar el lugar geopolítico que tenemos asignado en la división internacional del trabajo. (Sánchez Beck, 2022)
Así como en el artículo de OCIPEx “Sectores estratégicos en la mira. Crisis global, FMI y el Sector Nuclear Argentino” (Sánchez Beck, 2022) se plantea al sector nuclear como estratégico, suele suceder lo mismo en los distintos campos de generación energética del país. La presión de multinacionales y potencias del norte global como EEUU dejan al descubierto que tan vulnerable se encuentra en este momento la forma de llevar adelante la política nacional. No solo energética, sino que la influencia del país del Norte es más ambiciosa, ya que desde la asunción del modelo “libertario” en Casa Rosada, la postura intachable de la Argentina en el contexto geopolítico mundial y los vínculos con cualquier país que tenga intenciones de acuerdos bilaterales para el desarrollo en nuestro territorio nacional han quedado en “stand-by”. Ellos no invierten, pero no quieren que otros países lo hagan. Esta gestión política se comporta como el patio trasero de “América”, y cada día estamos más ligados a ese contexto simplemente por tener una deuda (muy importante) con el Fondo Monetario Internacional.
Vaca Muerta es el caso más claro de cómo la geopolítica condiciona la política energética nacional. Empresas estadounidenses, europeas y chinas compiten por posicionarse en la cuenca neuquina. La guerra en Ucrania y la crisis energética europea revalorizaron el gas argentino, la ventana de oportunidad para el gas neuquino se abrió por razones geopolíticas, no por cuestiones estructurales del mercado o mérito por una estrategia propia.
Esto implica que la política energética argentina se diseña en función de un contexto global volátil, donde el país busca aprovechar oportunidades sin perder control sobre sus recursos.
La transición energética global no es un proceso neutral, sino una transformación que consiste en abandonar los sistemas energéticos centralizados y concentrados, basados en recursos finitos y contaminantes para generar energía renovable y sustentable. Trabajar en un nuevo sistema en el que los recursos y la disponibilidad energética sean más accesible a los usuarios, menos centralizado y menos contaminante. (Núñez, 2020)
Pensar en la transición energética, es pensar en un proceso gradual de cambio que permita superar las dificultades que presenta el sistema energético desde una perspectiva popular. Requiere acordar un diagnóstico y un lugar de llegada y procesos, e implica atacar las problemáticas actuales que presenta nuestro sistema energético fósil, desigual, concentrado, neoliberal y mercantilizado. Los tres ejes que se necesitan abordar de forma prioritaria para generar un cambio en el sistema energético actual, transformándolo en uno más inclusivo y popular son la redistribución de las riquezas; la derogación de las políticas, leyes y estrategias desarrolladas durante la década de los ’90 que configuraron un sistema energético mercantilizado, corporativo, empresarial y opaco; y por último, como tercer eje se piensa la necesidad de discutir cómo se gestiona la energía, donde se analice quién consume y cuál es esa cantidad de recurso que se provee. (Bertinat et al., 2021)
Hace más de 30 años argentina vive en un sistema de acumulación financiera. El menemismo privatizo 19 represas hidroeléctricas que al ser previamente estatales se construyeron a partir de la inversión pública, donde luego rápidamente las ganancias pasaron a ser propias del sector privado. Ahora ocurre algo similar con la privatización de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, las cuales son las responsables de producir el 15% de la energía del país y fueron adquiridas por tres grupos económicos por 30 años. (El Destape, 2026)
Por otro lado, Argentina con su litio, su potencial renovable y su sector científico, se vuelve un territorio de interés nuevamente para Estados Unidos, China y la Unión Europea.
La política energética nacional debe decidir si integrarse a cadenas globales dominadas por potencias o desarrollar capacidades propias. Esta decisión es profundamente geopolítica. La transición energética ciudadana podría reducir la vulnerabilidad externa del país. Sin embargo, las tecnologías renovables dependen de las cadenas extranjeras mencionadas, es entonces que se vuelve necesario plantear y planificar estrategias políticas que promuevan la independencia del desarrollo, deben evitar que la transición reproduzca nuevas dependencias.
La política energética argentina se configura en un entramado de tensiones estructurales y presiones externas que condicionan su margen de maniobra. Por un lado, enfrenta demandas simultáneas y muchas veces contradictorias: la presión internacional para exportar materia prima en un contexto de creciente disputa global por recursos estratégicos; la necesidad de avanzar en procesos de industrialización local que permitan agregar valor y reducir la dependencia tecnológica; la competencia entre provincias y el Estado nacional por el control de los recursos y las rentas asociadas; y las crecientes demandas socioambientales de las comunidades, que cuestionan los impactos territoriales y reclaman mayor participación en la toma de decisiones. A estas tensiones se suma la necesidad permanente de divisas, que empuja al país a priorizar actividades extractivas orientadas a la exportación, junto con la dependencia tecnológica y financiera que imponen los organismos internacionales de crédito.
Sin embargo, este escenario no anula las oportunidades estratégicas. Argentina puede consolidarse como proveedor regional de gas en el corto y mediano plazo, fortalecer su sector nuclear (uno de los pocos ámbitos donde posee capacidades tecnológicas propias), liderar una transición energética justa en el Cono Sur, avanzar en la industrialización del litio y promover un desarrollo renovable con participación ciudadana. Aprovechar estas oportunidades requiere una política energética coherente con una estrategia geopolítica de largo plazo, capaz de articular soberanía, desarrollo productivo y justicia socioambiental.
El rol internacional de Argentina influye determinantemente en su política energética. La posición del país condiciona decisiones sobre recursos estratégicos como los hidrocarburos, renovables, nuclear y minería. La política energética nacional puede apreciarse como una expresión de la inserción internacional del país y de sus aspiraciones de soberanía.
Argentina enfrenta un dilema central: aprovechar sus recursos para fortalecer su autonomía o integrarse de manera subordinada a cadenas globales. La transición energética es una puerta hacia oportunidades para construir un modelo más soberano, integrado y participativo. Sin embargo, es evidente que las decisiones que se están tomando actualmente como línea política del gobierno argentino, van por el camino del colonialismo que bien conocemos: preferentemente que sea explotado por un inversor extranjero o multinacional que estará exento de muchos impuestos (por el Régimen a las grandes inversiones, conocido como RIGI), y que después esos mismos recursos en forma de materia prima (no productos con sello argentino) sean vendidos al menor costo posible.
Referencias bibliográficas
Bertinat, P.; Fornillo, B. & Gamba, M. (Radio Rosa Luxemburgo). (24 de Agosto de 2021). “#ElFinDelLitio EP:01” [Audio en podcast]. Recuperado de https://open.spotify.com/episode/3S1QPGqKVT5yKGQdWvCFXB?si=c6Nz03UdSN26z4KaULooDA
El Destape. (10 de enero de 2026). Cuatro represas vendidas por Milei ya están en manos de sus nuevos dueños. El Destape Web. https://www.eldestapeweb.com/economia/privatizaciones/cuatro-represas-vendidas-por-milei-ya-estan-en-manos-de-sus-nuevos-duenos-2026110151335
Nuñez, Jonatan (2020) “Transición justa. Debates latinoamericanos para el futuro energético.” Observatorio Petrolero Sur.
Sánchez Beck, A. (2023). Sectores estratégicos en la mira: Crisis global, FMI y el sector nuclear argentino. Observatorio de Coyuntura y Política Exterior (OCIPEx). https://ocipex.com/articulos/sectores-estrategicos-en-la-miracrisis-global-fmi-y-el-sector-nuclear-argentino
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