Mientras a nivel global las potencias anglosajonas –EEUU, Gran Bretaña y Australia– y las emergentes –Rusia, China e India– muestran cada vez mayor interés por la ciencia, el turismo y los potenciales recursos presentes en la Antártida (bioprospección, agua y un amplio etcétera), e invierten millonarias sumas de dinero en investigación y desarrollo con foco en el continente blanco, la gestión Cambiemos ha llevado adelante un continuo y profundo desfinanciamiento de la política antártica, llevándola, al cabo de tres años, a un estado crítico.
El presupuesto para el desarrollo del Plan Antártico de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) se redujo un 18 por ciento entre 2016 y 2018, mientras que la inflación en este período fue nada menos que del 116 por ciento. Esto implicó una reducción brutal en términos reales del presupuesto asignado al desarrollo de la actividad científica, diplomática y logística antártica. Estimado en dólares, el presupuesto para el Plan Antártico entre enero de 2016 y diciembre de 2018 se redujo un 73 por ciento. Si bien la partida erogada en 2019 aumentó un 37 por ciento respecto a la de 2018, continúa siendo un 62 por ciento menor –en dólares– a la de 2016. En este sentido, entre 2016 y 2018, el gasto en cuestiones básicas, como alimentos para la campaña antártica, disminuyó en términos nominales y reales (de $10.060.000 a $9.960.000) y la inversión en maquinarias y equipamiento se derrumbó, pasando de $19 millones a $5 millones en 2018 y a $15 millones en 2019.
Al contrario de esta sistemática desarticulación de la política antártica nacional, el Reino Unido está haciendo la inversión más grande que se conozca desde los ‘80 en el sexto continente[1]. Esto incluye la construcción de un nuevo buque científico, la modernización del muelle y base científica Rothera, y la firma de un convenio de inversión científica con Estados Unidos por 20 millones de dólares.
Curiosamente, nuestro país aparece como uno de los pilares en el relanzamiento de la proyección antártica británica. En el mes de mayo, la Argentina suscribió con el gobierno británico un acuerdo de “cooperación científica y tecnológica en la Antártida”, en continuidad con el acuerdo Foradori-Duncan de 2016[2]. En el acto de firma del acuerdo, se permitió, sin ningún tipo de protesta formal, que participaran representantes del gobierno ilegal e ilegítimo de las Islas Malvinas, lo cual se repitió en la reunión del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur. A esto hay que sumarle la venta del mayor bien patrimonial que poseía la DNA: el edificio histórico de Cerrito 1244/48, vendido en 2017 a manos privadas por una cifra superior a los 9 millones de dólares.
Como se ha marcado a lo largo de distintos artículos del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx), la relación del gobierno de Cambiemos con el Reino Unido debe analizarse bajo la óptica de una política exterior marcada por los slogans “volver al mundo” e “inserción inteligente”. Para el oficialismo esto significa volver a los mercados financieros y a la atracción de capitales especulativos, priorizar las relaciones con Estados Unidos y Europa, la liberalización del comercio y vincular a la Argentina con ciertas estructuras y organismos internacionales que comprometan al país a futuro con las reformas neoliberales.
La sumisión argentina en el reclamo soberano por las Malvinas, Islas del Atlántico Sur y región antártica volvió a la escena durante la reunión de diciembre último entre Macri y Theresa May, en el marco de la cumbre del G-20. Allí se acordaron cuestiones relacionadas a la pesca en el Atlántico Sur, operativos científicos en la Antártida y la profundización del comercio, todos asuntos relacionados a los intereses británicos[3]. Luego de acordar esta “cooperación”, el día 12 de diciembre el gobierno británico anunció unilateral e ilegalmente la aplicación de una nueva normativa en el “Área Marina Protegida” (AMP) de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ampliando el área de prohibición de pesca comercial al 23 por ciento (284,000 km2) del total del área en cuestión[4]. Mientras Cambiemos “coopera” para no generar “ruidos” en la relación con los británicos, llevando el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur a niveles puramente formales, el gobierno británico sigue adelante con su política imperial y unilateral. Recién cuando esta información tomó estado público en Argentina, la Cancillería realizó un reclamo formal. Y nada más. Luego de la protesta formal no se conoció ningún tipo de continuación del reclamo en otras instancias.
Volviendo al plano institucional, vale recordar que el decreto presidencial N° 368/2018 del mes de abril creó el Comando Conjunto Antártico, órgano al cual se le dio el mandato para conducir las operaciones antárticas, sostener la logística y el desarrollo de la actividad científica fijada por la DNA. El decreto establece, a su vez, que “las bases antárticas permanentes, transitorias, los refugios y toda otra instalación que se cree en el continente antártico, serán conjuntas y dependerán orgánicamente del Comando Conjunto Antártico”[5]. Esta modificación implica, de hecho, que las Fuerzas Armadas (FFAA) asumirán una mayor autonomía respecto a la dirección civil de la política antártica, es decir, la DNA. La labor de las FFAA ha sido –y es– muy importante para preservar y dar continuidad a la presencia argentina en el continente austral, ya que las mismas se han encargado históricamente de ejecutar gran parte de la actividad logística. Sin embargo, para una eficaz coordinación del conjunto de la actividad antártica es imprescindible una real jerarquización y conducción de la DNA en lo que compete a la planificación y financiación de la actividad antártica; de hecho, así lo establece la Ley 18.513.
Por último, el martes 26 de febrero del corriente año, el presidente Mauricio Macri condujo un acto por el día de la Antártida (22 de febrero) mediante el cual se anunció la creación de la “Carrera de Investigador Antártico”, quedando aún numerosas interrogantes respecto a las implicancias de dicha figura. En la previa de dicho acto, se generó cierta expectativa en torno a la eventual presentación de una “Agencia Antártica”, concebida con la premisa de jerarquizar la actividad argentina en el continente. Sin embargo, dado los últimos antecedentes, la creación de una Agencia en la órbita de la Jefatura de Gabinete –al igual que la Agencia de Deporte Nacional– amenaza con una virtual privatización de la actividad antártica y una aún mayor pérdida del (escaso) patrimonio restante de la DNA y el IAA, al tiempo que conlleva la posibilidad de poner el lucro comercial como prioridad en la actividad antártica.
[1] https://www.ship-technology.com/features/rothera-wharf-ugrade/
[2] Para más información leer https://ocipex.wordpress.com/2018/11/02/la-parte-visible-a-dos-anos-del-comunicado-conjunto-foradori-duncan
[3] Para más información leer https://ocipex.files.wordpress.com/2018/06/dossier-malvinas.pdf y https://ocipex.wordpress.com/2018/11/02/la-parte-visible-a-dos-anos-del-comunicado-conjunto-foradori-duncan/
[4] Recuperado de https://www.facebook.com/permalink.php?id=618507628496777&story_fbid=780578188956386
[5] Recuperado de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/309436/DEC368.pdf
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