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LA DESREGULACIÓN ES SINÓNIMO DE INSEGURIDAD: Las únicas libertades son para el narcotráfico.

La desregulación de la economía que promueve el gobierno indefectiblemente supone la supresión del rol del Estado en sus tareas de control y supervisión de la actividad económica. Así, los efectos negativos sobre los índices de criminalidad serán ineludibles.

El crimen organizado se aprovecha de la ausencia estatal. Las noticias de Ecuador muestran que el país se encuentra actualmente transitando una de sus peores crisis. Combatir estos delitos complejos supone una planificación e intervención integral por parte del Estado.

TW: https://twitter.com/alereclus/status/1745060427178889571/photo/1 

El DNU 70/23 promueve “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional” acrecentando significativamente el riesgo y vulnerabilidad de nuestro país ante el narcotráfico y el contrabando.

Como muestra Juan Monteverde, el territorio argentino es clave para el tránsito y exportación de drogas hacia Europa y África. La Hidrovía Paraná-Paraguay es el corredor fluvial por donde salen exportaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

TW:https://twitter.com/juanmonteverde/status/1745061778071941386?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

Según el informe reciente de UNODC titulado “Global Report on Cocaine 2023”, nuestro país se posicionó como el cuarto país de origen de las incautaciones de cocaína efectuadas por las autoridades aduaneras europeas en el año 2021.

Las modificaciones que introduce el DNU sobre el Código Aduanero acrecientan las brechas de control sobre las mercaderías que salen de nuestro país, facilitando su libramiento bajo el pretexto de lograr una mayor agilidad en los procesos de comercio exterior.

Leé más sobre la reforma al comercio exterior: https://drive.google.com/file/d/1aaRd75TzqOnZvPMBmUmYucweLMQzzpKL/view

Las rutas aéreas también son de relevancia para el narcotráfico en la frontera norte de nuestro país. Según el informe ya citado, los vuelos clandestinos se utilizan en combinación con los canales fluviales.

Por ello resulta alarmante que las modificaciones que introduce el DNU al Código Aeronáutico permitan el libre despegue, circulación y aterrizaje en el territorio, incluso de aeronaves extranjeras y drones.

Leé más sobre la reforma aerocomercial: https://drive.google.com/file/d/1bp9ZrOVh-sRWZ_SFrwkmiCMKPECMsfgR/view

Estas modificaciones se inscriben en el marco de una crisis económica galopante favorecida por políticas de ajuste que generan aún más pobreza, la disponibilidad de tipos societarios con escaso control estatal como las SAS y una inminente dolarización.

Link: https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-afip-limito-la-cuit-del-165-de-las-sas-por-inconsistencias-tributarias 

La experiencia ecuatoriana muestra que la dolarización favorece al lavado de activos proveniente del narcotráfico. Los dólares ingresan más fácilmente en circulación en la economía y no queda rastro cambiario.

Entonces, ¿Qué estamos haciendo para detener el avance del narcotráfico? En Argentina, los delitos relacionados a la tenencia, producción y comercialización de estupefacientes están regidos por la Ley N° 23.737 y sus modificatorias.

Según el Sistema Nacional de Información Criminal, Buenos Aires, CABA, Salta y Santa Fe (en ese orden) suman la mayor cantidad de hecho delictivos vinculados a la Ley de Estupefacientes entre los años 2000-2022.


Sin embargo, en absolutamente todos los casos, la tenencia simple de estupefacientes explica la gran mayoría de los hechos delictivos. Esto responde a una política de criminalización del consumo, y no necesariamente de lucha contra el narcotráfico.

Pero si la tenencia de estupefacientes crece año a año en vez de reducirse, entonces claramente hay algo que no está funcionando. Mientras tanto, los hechos delictivos identificados y asociados a la comercialización se mantienen estancos.

Esto resulta preocupante si cruzamos esa información con los delitos vinculados a la tenencia y portación de armas de fuego. Hay un visible correlato entre ambos tipos de delito, a excepción de Salta.

Además, según el “Informe de Homicidios dolosos (2017-2022)” del @MinSeg, es llamativo que la Provincia de Santa Fe posea la mayor tasa de homicidios dolosos del país (víctimas x cada 100 mil habitantes), casi triplicando la de la Provincia de Buenos Aires.

Los índices crecientes de hechos delictivos asociados al consumo personal, lejos de indicar que se están tomando cartas en el asunto, sólo nos indican que el problema del narcotráfico en la Argentina se está agravando. 

En paralelo, delitos que pueden asociarse al narcotráfico, como la portación/tenencia de armas de fuego y los homicidios dolosos, aumentan y se concentran en las principales áreas afectadas del país.

En definitiva, lo que nos muestran estos datos es que no hay una verdadera política nacional contra el narcotráfico como se quiere hacer creer.

De lo que estamos seguros, es que desregular el Estado en función de criterios exclusivamente económicos, sin complejizar respecto a nuestros problemas de seguridad, sólo allana el camino para el avance del crimen organizado.

Si querés leer nuestro análisis completo del DNU 70/2023 entrá a este link: https://ocipex.com/articulos/necesidad-y-urgencia-para-la-destruccion-de-la-argentina-analisis-del-dnu-70-2023

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