Autores: Grupo de Trabajo Malvinas, Antártida, Atlántico Sur y Cuenca del Plata
RESUMEN EJECUTIVO
En este informe se analizan los cambios en la política exterior argentina respecto a las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida bajo el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), con énfasis en la relación con el Reino Unido, y a la vez con otros actores de relevancia internacional como Estados Unidos y China.
Respecto del reclamo por las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, se observa una “baja intensidad” en el reclamo de soberanía por parte del gobierno argentino, evidenciado en la reactivación del Acuerdo Foradori-Duncan (ahora “Acuerdo Mondino-Lammy”) que facilita la administración británica de los recursos y comunicaciones en las islas, sin obtener avances significativos en las negociaciones por la soberanía. Esto generó tensiones internas en el gobierno y críticas por considerarse un retroceso en la defensa de los intereses argentinos.
En lo referente al Atlántico Sur, la política exterior muestra un alineamiento con Estados Unidos, especialmente en la lucha contra la pesca ilegal. Esto genera tensiones geopolíticas y podría afectar la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZoPaCAS). Se destaca la necesidad de una estrategia más integral para proteger los intereses argentinos en la región, considerando la actividad pesquera de otros países como España -que repercute en el reclamo de soberanía en Malvinas- y la importancia de la conservación de los recursos marinos.
En atención a la Antártida, repasamos el proyecto del Polo Logístico Antártico en Ushuaia y las tensiones geopolíticas en torno a su financiamiento y desarrollo, con la influencia de Estados Unidos y China en la región.
En síntesis, se subraya la importancia de analizar la política exterior argentina en el contexto de la reconfiguración del tablero geopolítico mundial, con la emergencia de nuevos polos de poder y la necesidad de definir estrategias a largo plazo para defender la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur.
Soberanía de baja intensidad
En el año y par de meses que lleva transcurrido el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) se observaron cambios significativos en la política exterior referente a Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. A la vez, en el plano internacional ocurrieron diversos sucesos que acentuaron la trascendencia de estos espacios. En la vorágine que signa el escenario internacional actual, intentaremos puntualizar cada uno de estos elementos y abordarlos en clave del interés nacional.
A lo largo de 2024, el gobierno de Javier Milei implementó diversas medidas en el Atlántico Sudoccidental, moldeadas principalmente por las dinámicas políticas con tres actores clave: Estados Unidos, China y el Reino Unido. Desde la perspectiva oficial, Estados Unidos fue categorizado como un aliado estratégico, mientras que China fue presentada como una potencia adversaria. En paralelo, se observaron señales de acercamiento al Reino Unido, especialmente en lo relacionado con la reactivación del Acuerdo Foradori-Duncan, el cual establece pautas diplomáticas y económicas sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos correspondientes. No obstante, algunas decisiones adoptadas a lo largo del año en torno a China y el Reino Unido expusieron una falta de coherencia en la política exterior del gobierno, reflejando contradicciones que limitan su capacidad de sostener una estrategia consistente en la región.
Malvinas y Georgias del Sur
Iniciado el primer año del gobierno de LLA, el entonces Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores y Asuntos de la Mancomunidad del Reino Unido, David Cameron, visitó las Islas Malvinas luego de 30 años sin que un funcionario de ese rango lo hiciera. En dicho viaje no hizo más que enfatizar la posición británica en pos del pretendido derecho a la libre determinación manifestando que “mientras las islas Malvinas quieran formar parte de la familia del Reino Unido, serán bienvenidas a serlo y les apoyaremos y ayudaremos a protegerse y defenderse durante el tiempo que quieran. Y espero que eso sea mucho, mucho tiempo, posiblemente por siempre“. En el mismo sentido y con un mensaje al nuevo gobierno argentino, terminó aseverando que “(…) queremos tener buenas relaciones con Buenos Aires, con el Gobierno argentino. Creo que el nuevo Gobierno ha tomado algunas medidas positivas y tendremos buenas relaciones con ellos. Pero nunca será a expensas de los deseos de los habitantes de las Islas Malvinas”. Esto no deja más que entrever que la posición británica se mantiene dentro de la misma intransigencia de siempre si de hablar de negociaciones por Malvinas se trata.
Estas declaraciones fueron respondidas personalmente por la entonces Canciller de nuestro país, Diana Mondino, en el encuentro bilateral que posteriormente tuvo con Cameron en la Reunión de Ministros del G20 en Brasil. Llamativamente, no hubo pronunciamiento formal y escrito de la Cancillería como es de costumbre frente a estas situaciones, sino que se limitó a publicar un mensaje en su cuenta personal en la red social “X”.
Además de las islas Malvinas, la ocupación tiene impacto sobre el resto de las islas del Atlántico Sur1. Casi como un preludio, apenas unos días después de dicha reunión, y en línea con una práctica ilegal y sostenida en el tiempo, el Reino Unido amplió en un 36% la zona de prohibición de pesca en el área de las Islas Georgias del Sur, llevándola a 449 mil kilómetros cuadrados, a través del Comisionado de las Islas Georgias y Sandwich del Sur2.
Desde el conflicto de 1982, la ocupación británica en la región se ha ido expandiendo de manera gradual, alcanzando las 200 millas marinas. A partir de entonces, el Reino Unido ha implementado medidas unilaterales en la administración de los recursos vivos y no vivos, desconociendo no solo la soberanía argentina, sino también las regulaciones establecidas por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) en relación con las actividades pesqueras en las Islas Georgias y Sandwich del Sur. En este contexto, los permisos de pesca otorgados por el Reino Unido en 2022 y 2023 para la captura de merluza negra en esa zona han violado las normativas de la CCRVMA, generando denuncias de pesca ilegal, incluso por parte de Estados Unidos, con el acompañamiento del gobierno argentino.
Sorpresivamente, ante esta última avanzada real y concreta del Reino Unido, que sigue tomando medidas de índole pesquero en aguas argentinas, no hubo una protesta formal de la Cancillería a. A priori, se puede advertir una baja en la intensidad del reclamo en términos formales.
Más tarde, durante el primer acto por el 2 de abril, Javier Milei sostuvo que “para que los reclamos soberanos sean escuchados y respetados, es condición necesaria primero que el país y su dirigencia sea respetada” y para eso “hay dos condiciones esenciales que deben darse (…) Esa Nación debe ser protagonista del comercio internacional y también debe contar con Fuerzas Armadas capaces de defender su territorio frente a cualquiera que intente invadirlo”. Además, aseveró que “no es coincidencia que poco y nada se haya avanzado en el reclamo por nuestras Islas. Somos, después de décadas, el primer gobierno que se hace cargo de esta situación y que tiene un rumbo claro para hacer un país realmente próspero y soberano” y por eso “todas las reformas que impulsamos hoy son para que los argentinos volvamos a ser libres y de esta libertad surja una Nación fuerte y próspera con poder real para reclamar por su soberanía y ser respetada por otras naciones”3.
Sin adentrarnos en los pormenores de las mencionadas reformas -entre las cuales sobresalen la Ley Bases y el RIGI4– lo curioso es que apenas unos meses después, en el contexto del inicio de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Diana Mondino mantuvo un encuentro en Nueva York con el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, y en dicha ocasión la política exterior argentina volvió a dar un giro de 180°. Lo que formalmente se tituló “Reunión de Cancilleres de la Argentina y del Reino Unido: Comunicado de prensa sobre la Cuestión Malvinas” supuso, en los hechos, la reedición del Acuerdo Foradori-Duncan de septiembre de 2016. Así, se daba inicio al llamado “Acuerdo Mondino-Lammy” que, entre otras cosas, “estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba”5. Es decir, lejos de proponer una estrategia diferente en materia de política exterior, se volvieron a incluir los elementos centrales del anterior acuerdo que hacen al núcleo de la ocupación británica: facilitar la administración de los recursos ictícolas y simplificar las comunicaciones de la isla con el resto del mundo bajando los costos de la base militar británica de Monte Agradable en las Islas. Todo ello sin mayores contrapartidas que la finalización de la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario, el cual responde a un aspecto colateral del conflicto. Es importante destacar que el interés del Acuerdo de 2016 residía en la remoción de todos los obstáculos que limitaban el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. De esta manera, sin ejercer presión, el Reino Unido administra de facto los recursos naturales vivos y no vivos del Atlántico Sur de nuestro país, ya que el verdadero obstáculo es la vigencia de una disputa territorial. Cualquier política que apunte a consolidar su presencia en el Atlántico Sur tiene efectos inmediatos aminorando la posición argentina.
En síntesis, lejos de obtener un acuerdo distinto para avanzar en dirección a un camino que modifique paulatinamente el statu quo de la controversia y que redunde en algún beneficio para Argentina, se restableció lo implementado a partir de 2016 lo cual no produjo un resultado distinto en materia de negociaciones por soberanía. De igual manera, el pretendido “diálogo” y la “construcción de confianza” que signa la nueva etapa de la relación bilateral, no es más ni menos que un allanamiento a la ocupación de facto británica sin mayores exigencias.
A nivel interno tuvo repercusiones en el seno del gobierno, en tanto la vicepresidenta, Victoria Villarruel, manifestó en sus redes personales que “la propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de hecho que puedan seguir depredando nuestros mares, ¿Para qué? ¿Para ir a visitar nuestras islas con visa y pasaporte? ¿Nos toman por tontos? Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación”. Sumado a ello, existieron otros episodios en los cuales se produjeron cruces dentro del gobierno al publicarse un comunicado en el cual se hacía referencia a las islas como “Falklands”6.
Por otra parte, en el plano regional se observaron cambios en el tratamiento de la causa Malvinas en el marco de algunos organismos multilaterales. Por primera vez desde 1996, la cumbre de Presidentes de Estados Parte y Asociados del MERCOSUR no incluyó la reafirmación de los derechos argentinos en Malvinas como solía realizarse habitualmente7.
En conclusión, la baja intensidad en el reclamo de soberanía por Malvinas se hizo patente por medio de acciones y omisiones del nuevo gobierno.
Atlántico Sur
En lo que respecta a los espacios marítimos del Atlántico Sur, la alianza con Estados Unidos se concretó con la llegada del Guardacostas Cutter James al puerto de Buenos Aires a finales de abril, con el objeto de combatir la pesca ilegal en el sector de alta mar adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). Estados Unidos ha utilizado la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR, IUU por sus siglas en inglés) en el Atlántico Sudoccidental como argumento para justificar su presencia en la región. En ese marco, tanto sus voceros oficiales como actores no oficiales, como ciertas fundaciones con sede en Argentina, señalan a China como el principal responsable de estas prácticas en la zona y en otros océanos del mundo. De hecho, en su visita al país unos días antes, la generala Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, reveló la preocupación de su país por la pesca ilegal que desarrolla China en el Atlántico Sur8.
Esta intromisión de Estados Unidos, no solo se da en el contexto de la guerra fría existente con China que se desarrolla en variados ámbitos (militar, comercial, etc.), sino que además se produce dentro de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZoPaCAS). En ese ámbito, los estados miembros se han manifestado a favor de reanudar las negociaciones de soberanía entre Argentina y Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes como lo establece la Resolución 20/65 de Naciones Unidas. También han expresado su preocupación por el desarrollo de actividades ilegítimas de exploración de hidrocarburos en la zona en disputa, así como el refuerzo de la presencia militar del Reino Unido. Sin embargo, la presencia de Estados Unidos en la zona, bajo el paraguas de la lucha contra la pesca ilegal, refuerza tensiones geopolíticas y podría contravenir los objetivos de no militarización de ZoPaCAS, en un contexto ya marcado por la escalada armamentista del Reino Unido en las Islas Malvinas.
Por su parte, la postura de China ha sido objeto de intenso escrutinio debido a su flota de aguas distantes, señalada por prácticas de pesca depredadora, con impactos ambientales negativos y sostenida por subsidios estatales. Aunque la caracterización de pesca ilegal por la flota china en aguas adyacentes a la ZEEA es debatida, su dependencia de subsidios estatales es incuestionable. No obstante, en 2022 China firmó el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC9, comprometiéndose a desarrollar buenas prácticas pesqueras. Este giro estratégico, fue acompañado por la adopción de nuevas políticas ambientales y la difusión del documento oficial del Gobierno Chino Development of China’s Distant-Water Fisheries10 (conocido como “White paper”), puesto a disposición del público en 2023. Allí China se plantea “lograr la conservación científica y la utilización sostenible de los recursos pesqueros y lograr un desarrollo de alta calidad de la pesca de arrastre de fondo…y combatir la pesca ilegal”. Esto claramente refleja un esfuerzo por mitigar su mala reputación internacional a la vez que tiene el fin de garantizar el acceso de sus productos pesqueros a mercados clave.
Aun así, la fuerte campaña mediática de algunos gobiernos y grandes organizaciones ambientalistas internacionales denunciando las prácticas de pesca ilegal y los perjuicios que se generan sobre el ambiente marino11.12 continúan configurando un desafío para el país. De hecho, el proyecto impulsado por distintas ONG’s ambientalistas para la creación de un Área Marina Protegida (AMP) bentónica “Agujero Azul” en el sector de la plataforma continental argentina fuera de la ZEEA, se planteaba limitar la actividad de diversas flotas pesqueras que operan en la región, de las cuales la china es la más numerosa. Sin embargo, este plan presentaba diversas inconsistencias, como la falta de alineación entre los objetivos de conservación propuestos y la viabilidad real de su implementación bajo la legislación internacional vigente. Además, incluía desafíos en los mecanismos de control y posibles implicancias negativas para los intereses pesqueros argentinos y la cuestión Malvinas 13.14. En este contexto, una lectura más amplia sugería que el proyecto también estaba diseñado para afectar los intereses chinos en la zona.
La decisión del gobierno argentino de no respaldar esta propuesta deja dudas sobre las razones detrás de su postura. Es posible que el rechazo se haya basado en una evaluación consciente de las desventajas que implicaba para los intereses nacionales, o bien que respondiera a la reticencia general del gobierno a considerar cuestiones ambientales. Esto último se vincula a las declaraciones públicas de altos funcionarios que niegan la existencia del cambio climático global y rechazan implementar políticas como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Un nuevo indicio del cambio en la estrategia pesquera de China se hizo evidente a partir de 2021/2022, cuando su flota de aguas distantes comenzó a establecer zonas de amortiguación (“buffer zones”) entre sus áreas de operación en alta mar y las aguas jurisdiccionales de distintos países, como Ecuador (alrededor de las Islas Galápagos) y Perú15. Esta práctica parece tener como objetivo evitar denuncias de pesca ilegal por incursiones en las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de dichos países. La misma estrategia parece estar siendo replicada actualmente en el Atlántico, específicamente en las áreas adyacentes a la ZEEA, donde la flota china muestra un patrón similar de operaciones.
Este proceso de “greenwashing” por parte de la flota pesquera china de aguas distantes va acompañado de una segunda estrategia de poder blando conocida como “embanderamiento”. Esta práctica consiste en registrar barcos extranjeros bajo la bandera de otro país mediante acuerdos con asociaciones comerciales, lo que les permite operar legalmente en las aguas jurisdiccionales del país anfitrión. Actualmente, se estima que empresas chinas controlan al menos 62 barcos poteros que enarbolan la bandera argentina y se dedican a la pesca de calamar, representando la mayor parte de la flota nacional para este recurso16.
La extranjerización de la pesca en Argentina no es un fenómeno reciente, dado que diversos países han controlado o tenido fuertes intereses en algunas pesquerías clave. Un ejemplo destacado es España, que ha mantenido una importante participación en la pesca del langostino patagónico, una de las principales pesquerías del país. Además, España juega un rol central como socio pesquero del gobierno ilegítimo que ocupa las Islas Malvinas, principalmente a través del sistema de joint-ventures. En este esquema, varias empresas con sede en Vigo se han asociado con capitales malvinenses para formar empresas conjuntas que operan en el Atlántico Sur. Cabe mencionar que, en 2021, estas empresas conjuntas recibieron la extensión de sus cuotas de pesca por un período de 25 años, consolidando aún más su presencia e influencia en las aguas argentinas bajo control británico. Caso contrario es el de China, país que desde 2008 no hace uso de licencias pesqueras otorgadas por el gobierno ilegítimo de las islas Malvinas.
Estos movimientos podrían estar vinculados a intereses estratégicos más amplios, como la posible concesión china para construir las represas sobre el río Santa Cruz, una de las prioridades económicas y geopolíticas de China en el país. Además, la presión ejercida por provincias patagónicas como Santa Cruz y Chubut para habilitar sus puertos como bases logísticas para la flota china en el Atlántico Sudoccidental17 puede ser vista como una extensión de esta estrategia.
Parte de las tensiones entre Estados Unidos y China han tenido como caja de resonancia la Isla Grande de Tierra del Fuego y sus principales proyectos de inversión en infraestructura vinculadas con la Antártida18. Tal como mencionamos anteriormente sobre la importancia de la promoción económica fueguina19, una serie de anuncios sobre proyectos de puertos de capitales chinos en Río Grande o incluso el financiamiento del Polo Logístico Antártico en Ushuaia desencadenó una serie de pronuncmiamientos de parte del Comando Sur de los Estados Unidos que bloquearon cualquier ingreso chino en la Isla. En su lugar, avanzó una iniciativa de Puerto Multimodal en Río Grande sin objeciones norteamericanas y liderada por el grupo empresario argentino Mirgor. Esta dinámica demuestra cómo los intereses geopolíticos y los proyectos de inversión extranjera directa en la región están siendo disputados intensamente por ambas potencias globales.
Antártida
En relación al Polo Logístico Antártico o Base Naval Integrada de Ushuaia, como se ha mencionado en otras oportunidades, su piedra fundamental se emplazó en el año 2022 y constituye uno de las obras fundamentales para nuestra proyección hacia la Antártida. Lo que se está definiendo es quién será el principal receptor de la logística antártica a nivel mundial, si Punta Arenas (Chile), el eje Ushuaia-Río Grande (Argentina) o Puerto Argentino en las Islas Malvinas bajo el control colonial británico. El plan original era que pueda ser financiada con capitales chinos, pero tras las tensiones con Estados Unidos, se descartó esta opción que fue reemplazada por la opción de autofinanciamiento mediante el Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF) en un convenio entre el Ministerio de Defensa y el astillero Tandanor. En abril de 2024 la titular del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, se reunió con Milei en Ushuaia en donde circularon rumores (luego desmentidos) de que el país del norte tendría alguna participación en la construcción de la Base Naval Integrada. En lo que va de 2025, el FONDEF quedó sin ejecutarse por lo que en marzo de este año el gobierno nacional decidió continuar la obra del Polo Logístico Antártico pero utilizando los recursos del Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) que se financia de las empresas beneficiarias del subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y cuyo destino original era de obras de infraestructura tanto de Río Grande como de Ushuaia y diversificar la matriz productiva de la Isla Grande de Tierra del Fuego.
La soberanía en la reconfiguración del tablero geopolítico
Las decisiones adoptadas por el gobierno de Javier Milei en 2024 han generado un cambio en la política exterior argentina, con un marcado alineamiento hacia Estados Unidos, una redefinición de la relación con China que no termina de quedar clara y una postura complaciente al Reino Unido respecto a la cuestión Malvinas. Estos movimientos deben analizarse en el contexto de una región en disputa, donde los intereses estratégicos y económicos de actores globales se entrecruzan con los reclamos de soberanía de Argentina. A la vez, los últimos acontecimientos mundiales, marcados por la asunción de Donald Trump y con él la definición de determinados conflictos internacionales (principalmente, el conflicto ruso-ucraniano y la región de medio oriente), están gestando los contornos de un nuevo tablero internacional con varios polos de poder; lo que sin dudas repercutirá en nuevas alianzas y posicionamientos.
En este marco, resulta clave evaluar cómo una posible salida de Estados Unidos de la OTAN impactaría en la presencia militar británica en Malvinas. Si bien esto podría debilitar la posición del Reino Unido al perder a su principal socio estratégico, también podría derivar en una mayor militarización de las islas, como un intento de “escape hacia adelante” ante un escenario incierto. Esto obligaría a Argentina a revisar su estrategia diplomática y a fortalecer sus alianzas con otros actores en foros internacionales.
Por otro lado, la cuestión pesquera revela inconsistencias en la política exterior argentina. Mientras que el embanderamiento de buques poteros nacionales por China y su penetración en la industria pesquera argentina genera fuertes críticas y rechazo, una situación en parte similar realizada por España en la pesquería de langostino pasa prácticamente desapercibida. Esto resulta paradójico si se considera que España es el principal socio comercial de las pesquerías que operan bajo licencias británicas en Malvinas, un hecho que Argentina no ha utilizado con suficiente contundencia en su estrategia diplomática.
A su vez, la flota de arrastre española en el Agujero Azul realiza pesca no reglamentada de especies transzonales como la merluza común y el abadejo, afectando la sustentabilidad de los recursos pesqueros argentinos. Sin embargo, este tema recién está comenzando a ser tenido en cuenta en la agenda exterior, lo que evidencia la necesidad de un enfoque más integral en la defensa de los intereses nacionales en el Atlántico Sur.
En conclusión, la política exterior argentina debe abordar la geopolítica del Atlántico Sur desde una visión estratégica que trascienda las coyunturas y responda a los desafíos geopolíticos, de defensa y soberanía de los recursos naturales. La redefinición de alianzas globales, el impacto de los conflictos internacionales en la región y la gestión de los recursos pesqueros deben ser considerados en un marco de acción que permita a Argentina consolidar su presencia en un área de alta competencia internacional, la que cada vez tendrá mayor complejidad por las características de las actividades que allí se desarrollan y por los actores -públicos y privados- que intervienen.
Habiéndose cumplido un nuevo aniversario por el conflicto del Atlántico Sur, la causa Malvinas sigue siendo un eslabón fundamental en la integridad territorial argentina, aún incompleta, y su resolución demanda el fomento de soberanía de alta intensidad en distintos niveles. Esto debe verse refejado en dos aspectos que se retroalimentan y deben guardar congruencia: 1) en la política interna, para que en su planificación se contemple la situación territorial argentina y en consecuencia se elaboren políticas que redunden en favor de acrecentar nuestra soberanía; 2) en la política exterior, que como actúe como reflejo de la anterior y ejecute acciones que defiendan el interés nacional.
En línea con lo expuesto a lo largo de la nota, el accionar de diferentes actores que se encuentran en el Atlántico Sur y, sobre todo, la negativa del Estado que usurpa ⅓ del territorio argentino a sentarse a negociar, requieren al máximo el diseño y la ejecución consistente de una política de Estado que esté a la altura de las exigencias del conflicto territorial más grande y a la vez más prolongado en el tiempo del mundo, toda vez que “(…) la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Referencias:
1- Para más información, recomendamos la lectura del libro “Una Nación en el Mar: la proyección argentina desde la Cuenca del Plata al Polo Sur a través de Malvinas y el Atlántico Sudoccidental”: https://ocipex.com/wp-content/uploads/2022/09/Una_Nacion_en_el_Mar_Digital.pdf
3- https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/50420-palabras-del-presidente-javier-milei-en-el-acto-en-conmemoracion-del-42-aniversario-del-dia-de-veterano-y-de-los-caidos-en-la-guerra-de-malvinas
4-https://ocipex.com/informes/el-rigi-bases-para-el-saqueo-de-la-argentina
9- https://www.wto.org/spanish/news_s/news23_s/fish_19oct23_s.htm
10- Development of China’s Distant-Water Fisheries. The State Council Information Office of the People’s Republic of China. October 2023.
13 https://cesarlerena.com.ar/2021/11/17/la-inconveniente-area-marina-protegida-bentonica-agujero-azul/
14- https://www.senado.gob.ar/upload/archivo/49616
15- https://mag.hookandnet.com/2022/12/07/2022-12s-amchinesees/content.html
19- https://ocipex.com/articulos/ampliar-la-promocion-fueguina-para-profundizar-la-soberania
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