La dolarización del precio de los alimentos

Por Fernando Oviedo

La estrategia económica de Cambiemos, y el modelo de política económica puesto en ejecución a partir del 10 de diciembre de 2015, tiene como norte y premisa esencial la inserción subordinada de la economía argentina en el mercado mundial,  en el marco de una reedición de la lógica de las ventajas comparativas estáticas de la vieja teoría del comercio internacional del liberalismo clásico. Todo esto acompañado de una virulenta modificación de la matriz distributiva de la economía argentina,  a pedido de las distintas fracciones del bloque de poder económico que integran y sustentan al actual gobierno, luego de doce años de vigencia de un esquema de política económica de corte heterodoxo.

En ese sentido, la eliminación de las retenciones o derechos de exportación al trigo, maíz, al girasol, a la carne, y la reducción de cinco puntos porcentuales de las retenciones a la exportación de soja sin procesar, en el primer año de gobierno de Cambiemos, más la reanudación de la reducción en el corriente año a razón de medio punto porcentual por mes a los fines de llegar a diciembre de 2018 con una alícuota del 24% y a fines de 2019 con una alícuota del 18%, va en sintonía con lo mencionado.

Cabe recordar que en el 2015 los derechos de exportación tenían una alícuota del 35% para la soja, 23% para el trigo y 20% para el maíz. Desde diciembre de 2015, con el Gobierno de Macri, el trigo y el maíz tienen 0% de retenciones y la soja pasó de un 35% a un 30%, manteniéndose esta alícuota durante todo el 2017, implementándose un esquema de baja paulatina a partir de enero de 2018, a razón de 0,5 puntos porcentuales mensuales,  por  lo que la exportación del poroto de soja terminará el 2018 con una alícuota del 24%.

La desarticulación del esquema de retenciones introdujo una serie de inequidades y desequilibrios en la macroeconomía y en el sistema productivo, los cuales fueron exacerbados en virtud a la inédita combinación de la eliminación de retenciones aludida con una virulenta devaluación del tipo de cambio, acontecida a comienzos del gobierno de Macri y en el reciente proceso devaluatorio de los últimos meses, lo cual configuró una transferencia de ingresos al sector de características elefantiásicas.

Las retenciones o derechos de exportación, amén de obrar como fuente de ingresos para el fisco nacional, tienen una serie de virtudes macroeconómicas que son ocultadas sistemáticamente por el discurso económico dominante, a saber:

• Actúan como instrumento de redistribución de ingresos, ya que gravan la renta diferencial de la tierra y las superutilidades derivadas de una devaluación o de un alza del precio internacional. Estas superutilidades poco tienen que ver con el esfuerzo empresario y si tienen mucho que ver con la productividad natural de la Pampa Húmeda.

Este efecto redistributivo se potencia teniendo en cuenta que,  según estudios varios sobre la base de datos del último censo nacional agropecuario [1], la propiedad de la tierra sigue estando muy concentrada en la Argentina. De los más de 170 millones de hectáreas agropecuarias en todo el país, 74,3 millones están en poder de tan sólo 4000 dueños.

En la región pampeana, existen 4.110.600 hectáreas en manos de solo 116 dueños.  También se verifica una muy alta concentración de la producción, añadiéndose a la altísima concentración de la propiedad. Estos sectores hoy conforman parte principal de la base de sustentación política de Cambiemos.

• Actúan como un instrumento de equilibrio de la estructura productiva al incorporar incentivos a la agregación de valor.
• Actúan como instrumento de desacople del precio internacional. Sin retenciones los precios relativos internacionales se transferirían al mercado interno y el campo sería un apéndice más del mercado mundial.

Sobre el último ítem es que nos interesa detenernos, ya que se encuentra en directa relación con el título del presente artículo. Tal como acabamos de expresar, en ausencia de retenciones, los productores y/o acopiadores de bienes alimenticios exportables tienden a vender sus productos en el mercado interno al equivalente en moneda local del precio internacional, es decir, al precio en dólares multiplicado por el tipo de cambio. Con la vigencia de retenciones a las exportaciones se reduce el precio que cobra el productor por tonelada vendida al exterior.

De esta forma, al disminuir el precio de referencia en el mercado mundial también cae el precio local. Las retenciones siempre desacoplan los precios internos de los precios internacionales, reduciendo los precios internos aún frente a aumentos de los precios internacionales y compensando el efecto inflacionario provocado por devaluaciones del tipo de cambio.

Como producimos alimentos en cantidad y calidad, en el marco de las notables condiciones de fertilidad de la Pampa Húmeda, el precio interno de la producción de cereales y oleaginosas siempre tiende a ser más bajo que el precio internacional. A continuación, ofrecemos un ejemplo simple y elemental, a modo ilustrativo: supongamos que la tonelada de trigo en el mercado interno cuesta $ 5.500,- y en el mundo, u$s 230, lo que equivale a $ 7.015,- al tipo de cambio de $ 30,50 por dólar. Entonces, el precio interno siempre es más barato en el mercado local. En función a esto, para que el productor y/o acopiador no se viera tentado en exportar la totalidad de la producción, vendiéndole todo al exportador, se le aplicaba una retención del 23% que le bajaba el precio de exportación a casi $5.400, prácticamente el mismo que en el mercado interno, o lo que es igual las retenciones actuaban como un tipo de cambio diferencial siendo este en la práctica un 23% menor que el tipo de cambio oficial.

Hoy, cómo ya no hay retenciones, y para que el productor y/o acopiador no venda la totalidad de la producción en el mercado internacional, el mercado interno le tiene que pagar el mismo valor que le abona el mundo, es decir, $ 7.015, según el ejemplo. Esto ilustra a las claras como el precio interno del alimento,  teniendo en cuenta que la canasta exportadora del país es semejante a la canasta de consumo interno, sube de manera considerable por la eliminación de retenciones, pasando a depender íntegramente del precio internacional. Por otro lado, con cada suba del precio del dólar, es decir del tipo de cambio, el precio en dólares que cobra el exportador se incrementa nominalmente, lo cual refuerza este proceso de internacionalización y dolarización del precio de la comida.

Para corroborar lo afirmado y haciendo un repaso por algunos indicadores que ofrece la coyuntura económica del 2018, observamos como el tipo de cambio subió nominalmente casi un 60% [2] entre enero y julio, siendo la tasa de inflación acumulada para los primeros siete meses del año del 19,6% [3], mientras que el precio de la harina de trigo subió, solo para los primeros seis meses de 2018, un 87,7% [4].

Teniendo en cuenta todo lo expresado, estamos en condiciones de afirmar que solo bajo dos condiciones es admisible la ausencia de derechos de exportación o retenciones a la exportación de alimentos: 1) En el marco de un sistema productivo industrial completo e integrado, con fuerte presencia de la Manufactura de Origen Industrial en la canasta exportadora, lo que evitaría que esa canasta exportadora coincida casi exactamente con la canasta alimenticia de los argentinos. 2) En el marco de la no existencia del latifundio, con la condición de ausencia de concentración en la propiedad de la tierra, lo cual no sucede en la Argentina, conforme a lo manifestado en párrafos anteriores.

Ninguno de esos dos requisitos se verifican en la Argentina, por lo que, en el marco de un esquema macroeconómico de retenciones cero, y conforme a todo lo expresado, estamos en condiciones de afirmar que el precio del alimento en la Argentina se encuentra dolarizado, atado doblemente a la evolución nominal del tipo de cambio y al precio internacional de los alimentos, en cuya determinación, Argentina tiene poca incidencia. Esto claramente constituye un atentado a la mesa de los argentinos, amén de lo que significa que el Tesoro del Estado Nacional pierda ingresos en un contexto de ajuste fiscal recesivo severo.

Será tarea de una futura gestión política y económica de signo contrario a la actual, revertir esta infausta lógica que no solo provoca desigualdades flagrantes en términos de distribución de la renta diferencial de la tierra, y en términos del encarecimiento del precio de la comida para el conjunto de los argentinos, sino que también provoca severos desequilibrios macroeconómicos y productivos en términos de pérdida de recaudación fiscal, en términos de caída del consumo popular (por la baja elasticidad precio de la demanda de alimentos, lo que redunda en que la población no sacrifique consumo de alimentos y sí  consumo de otros bienes) y en términos del desincentivo tanto a la agregación de valor, como a la industrialización de la producción primaria y a la diversificación de la matriz productiva del país.

Notas

[1]Datos del Último Censo Nacional Agropecuario. Año 2002.

[2]Según datos del BCRA: http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Tipos_de_cambios.asp

[3]INDEC, Informe publicado el 15/08/2018.

[4]Informe del Observatorio de Políticas de UNDAV, el cual trabajó sobre información estadística aportada por el INDEC. Agosto de 2018.