En esta edición de Agenda 2020, Julia Drusila Gordillo, economista (UBA) e integrante del Ocipex, dialogó con Leo Bilanski, empresario argentino y presidente de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) -que nuclea 300 empresas de 17 provincias-, sobre la situación de la pequeña y mediana industria: la vulnerabilidad ante la crisis, el modelo de inserción internacional, el rol del Estado en su conjunto y los desafíos productivos de mediano y largo plazo.
El COVID-19 aterrizó en una Argentina crítica, con grandes problemas del orden social y económico que significaban verdaderos desafíos para el gobierno recién asumido de Alberto Fernandez y Cristina Fernandez de Kirchner. Los cuatro años de la administración Cambiemos devastaron la potencialidad productiva del país y el empleo formal. En el esquema de inserción al mundo, que implicó levantar los controles de las cuentas capital y financiera, las “inversiones” especulativas desplazaron a las productivas y la depreciación sistemática de la moneda nacional dinamitó el poder de compra de los trabajadores argentinos. En un país donde el 50% de su riqueza está explicada por 800 mil empresas chicas y medianas con cerca de 8 millones de trabajadores[1], el modelo de valorización financiera resulta recesivo y particularmente dañino para el entramado productivo y la capacidad de penetrar en el mercado internacional con bienes de alto valor agregado.
Si bien las primeras estadísticas del año mostraban signos de recuperación y auguraban un sendero virtuoso -la desaceleración de la inflación permitió a los salarios reales crecer un 5,5% y las ventas de supermercados, mayoristas y shoppings crecieron en febrero por primera vez después de 20 meses-, la necesidad del aislamiento social obligatorio condujo a un cese productivo que generará una caída del PBI de aproximadamente 7% para el 2020, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central[2].
En este contexto, resulta enriquecedora la mirada y el análisis de un dirigente empresarial como Leo Bilanski, quien se especializa en el desarrollo de la pequeña y mediana industria argentina.
JDG: Podemos enumerar los grandes canales por donde la crisis golpea a las pymes como: caída en la demanda, imposibilidad de producir debido al aislamiento social obligatorio y la dificultad de los empresarios de cumplir con el pago de salarios e impuestos. ¿Cuál crees que es el problema que debería afrontarse con mayor urgencia y qué medidas concretas se pueden proponer hoy para el sector PyME?
LB: El aislamiento social, preventivo y obligatorio tiene una consecuencia que es el aislamiento productivo. El primer tramo de cuarentena -que arrancó el 20 de marzo-, donde se prohibieron todas las actividades excepto las esenciales, provocó que el 53% de las empresas tengan que detener totalmente la producción. 72% de las empresas estaban en el veinte por ciento de su capacidad operativa. Tres de cada cuatro empresas estaban cerradas debido al aislamiento productivo. Quince días después, en el segundo tramo, las que están totalmente cerradas bajan al 40%. Esto quiere decir que las empresas no venden, no funcionan y por lo tanto no existe su rol dentro de la economía. Sin embargo, las responsabilidades siguen corriendo: salarios, alquileres, cheques de proveedores, responsabilidades financieras. Hay que decir que faltan estadísticas en la Argentina, es una deuda pendiente que tiene el Estado para con todos, pero la información más precisa que existe al momento es que 85% de las PyMEs tiene menos de 10 trabajadores y son los mayores empleadores de los puestos de trabajo formales. Por lo tanto, es una economía principalmente de subsistencia y como tal es una economía que ante graves situaciones recibe grandes daños para su aparato productivo. Cincuenta días de no vender ubica al menos a un 25% de estas empresas en una zona de daños irreversibles, entre ellos el cierre. Estamos hablando del 25% de 550 mil, son muchas las empresas que en poco tiempo ya se encuentran en situación de riesgo. La demanda es el primer daño colateral que impacta en nuestras actividades, no obstante, existe un gran apoyo a que la cuarentena sea el instrumento principal para cuidar la salud.
En este sentido, las estimaciones preliminares con las que cuenta Empresarios Nacionales (ENAC) sobre el costo económico del aislamiento es que se pierden cinco mil pymes por cada tramo de la cuarentena y, si se estiman en promedio diez trabajadores por empresa, serían cincuenta mil puestos de trabajo destruidos en cada tramo.
Por otro lado, la comprometida situación financiera de las empresas es un problema extra para la normalización de la producción. Al endeudamiento preexistente privado se suman las nuevas necesidades de financiamiento producto de la pandemia y, en este sentido, el auxilio del Estado garantizando créditos a pymes profundiza el nivel de deuda y con ello la sustentabilidad de esta se vuelve más incierta.
Según la encuesta trimestral de monitoreo que realiza ENAC, el 50% de las pymes arrancó el año 2020 con deudas de largo plazo que debieron asumir para poder seguir operando desde la recesión sostenida que comenzó a principios de 2018. Durante la cuarentena el porcentaje de pymes endeudadas se incrementó al 66% y cerca de treinta mil empresas tomaron los nuevos créditos a tasas del 24% anual.
De la misma manera en que el gobierno nacional está trabajando arduamente en las negociaciones para lograr una reestructuración de la deuda externa que otorgue un alivio financiero y permita alumbrar un sendero de crecimiento sostenible, Bilanski sostiene que habrá que sentarse a resolver el endeudamiento de las empresas, donde una reestructuración o un “reperfilamiento” serán probablemente mecanismos necesarios.
Como se sabe, la crisis generada por la pandemia tiene escala global y Argentina no está sola en su delicada situación económica y social. Y los momentos de crisis mundial, donde la demanda externa de bienes manufacturados indefectiblemente cae, suelen ser propicios para repensar los modelos de inserción al mercado internacional de los países en desarrollo. De esta manera prudente lo interpretó la cancillería argentina al retirarse de las mesas de negociación de los tratados de libre comercio del Mercosur en el último abril.
JDG: ¿Cómo entendés o analizás los patrones de inserción internacional de nuestra economía? ¿Cómo creés que pueden repercutir los TLC en el trabajo, la industria y el desarrollo nacional en este contexto?
LB: Yo no soy un especialista en comercio internacional o política exterior, yo te puedo contar la mirada política que tenemos como organización que nuclea empresarios que viven del mercado interno. En la Argentina hay 545 mil empresas empleadoras, y alrededor de 1 millón y medio más de monotributistas, que son la parte del iceberg desconocido de la economía real en este país. Solo hay 1048 empresas de más de 500 trabajadores, o sea grandes. De las 500 más grandes, 302 son de capitales extranjeros. Esto es una radiografía para saber a qué nos referimos cuando se habla de empresas de comercio exterior. En el pico de la era kirchnerista, con el gobierno de Néstor (Kirchner), las empresas que exportaban fueron dieciséis mil. El número bajó después del 2009 hasta el fin del mandato de Cristina a diez mil. Con la política de integrarnos al mundo de Macri llegamos a seis mil en algún momento. (…) Son las pymes las que dejan de exportar. Porque tienen condiciones muy vinculadas al devenir de la economía nacional.
Cuando uno mira las exportaciones industriales, se está hablando prácticamente de la industria automotriz. Hacemos mal a veces al hablar de la globalización y decir “la exportación argentina”: en general cuando uno lee los diarios ve cómo las empresas extranjeras intercambian bienes entre ellas mismas como si fuesen comercio exterior, pero en realidad son ventas intra-empresarias. A mí no me interesa qué pasa con el 90% de las exportaciones que son automotrices, me interesa el otro 10% que son las pymes y es donde el Estado tendría que estar enfocado.
Desde la mirada pragmática desde una asociación de empresarios nacionales, te puedo decir que las empresas que exporten nuestros bienes y nuestros servicios tienen que ser de capital local, que no estén radicadas en un paraíso fiscal, que no sean filiales de empresas extranjeras o empresas que se dediquen a triangular las exportaciones, etc. Tenemos un comercio exterior profundamente colonizado. Yo entiendo que la economía tiene que mirar los dólares que salen y que entran y después ver cuáles bienes salen y entran. Pero a nosotros los que nos debería preocupar es qué riqueza deja para los trabajadores y las trabajadoras y para el país. Esa es una agenda que no está en discusión, está oculta.
Bilanski ejemplifica que dentro de ENAC se encuentran empresas que exportan bienes con valor agregado de la industria ortopédica, que introducen inyecciones de polímeros, plásticos o medias especiales. También se ha desarrollado una innovación para pegar bolsas de cemento que generó un producto que se vende en toda Sudamérica y que además explica 50 puestos de trabajo argentinos. Pero la falta de diseños arancelarios enfocados en las necesidades pyme y la asimetría que caracteriza el comercio internacional, y que los TLC reflejan y refuerzan, hacen muy difícil la competitividad de los productos industriales y conduce a sistemáticas pérdidas de mercados.
Al momento de pensar en un horizonte más lejano, donde la “nueva normalidad” pos-pandemia se encuentre establecida y las fábricas y talleres puedan volver a funcionar, Leo Bilanski interpreta que harán falta fuertes determinaciones políticas que trastoquen las relaciones de fuerza reinantes en la economía. Solo así se podrá abrir paso a un camino de desarrollo sustentable, donde se ponga en valor el trabajo argentino y la industria nacional sea el sector sobre el cual graviten los dólares que el país necesita para crecer.
El empresario es particularmente insistente en el llamado a la creación de un “Ministerio PyME”, que con partida presupuestaria propia pueda trazar las estrategias necesarias e imponer en la agenda pública las problemáticas sectoriales:
“Hay una deuda muy grande del Estado Nacional con la falta de un Ministerio PyME. El empresario pyme no se ve representado en el Estado. Creo que un caso de éxito, para que se entienda, es la cuestión de género. Como el sujeto emergente finalmente se institucionalizó, me parece que ese es un gran logro que ha tenido la sociedad en su conjunto. En el tema productivo, está faltando esta analogía con las pymes. Quieren ver pymes tomando decisiones, quieren verse reflejados en la realidad cotidiana.”
En cuanto a las posibilidades de rentabilidad que se traduzcan en inversiones reales, el dirigente empresario es especialmente duro con el sector bancario. Es imprescindible normalizar la rentabilidad de los bancos e igualarla con las del resto del mundo, asegura Bilanski, y de esa manera poder llevar las tasas de interés domésticas a niveles acordes con las necesidades productivas y financieras del país. Emerge de esta forma el vector trabajo como ordenador de la sociedad y fuente de la riqueza, que se ve representado en una matriz productiva material que debe predominar sobre la financiera:
“Quiero decir que cuando Matías Kulfas y Martín Guzmán, anunciaron 100 mil millones de pesos en créditos (que finalmente los bancos dieron solo 30 mil) los empresarios pymes iban a los bancos, donde fueron cotidianamente destratados y despreciados por el sistema financiero, y se vio la falta de un Estado que los ponga “en vereda”. Primó que el que manda es el banco. Si el banco no es el mayor generador de empleo, entonces ahí hay una cuestión que mete mucho ruido: ¿quién es el que ordena?, ¿quién es prioritario en este esquema de gobierno?, ¿el sistema bancario o el sistema productivo? Porque los dos no se pueden, y hoy claramente es el sistema bancario el que domina nuestro aparato. Los empresarios tienen que ir a pedir por favor a los ejecutivos del banco para que les den un crédito.”
En esta línea, se abre una dimensión que resulta de gran relevancia a la hora de estudiar la historia de la industrialización argentina y, por lo tanto, del trazado de estrategias futuras: la concentración del mercado y el poder que poseen las grandes corporaciones que oligopolizan la competencia. Este poder es ejercido en la práctica imponiendo condiciones aguas arriba, aguas abajo o en ambos segmentos de la cadena productiva, impactando directamente sobre los costos de las empresas más débiles, y por lo tanto en sus decisiones de producción. Sujetas a esta restricción que les impone la estructura de mercado es que deben planificar sus estrategias productivas, salariales y de inversión e innovación. Esta dinámica resulta para el sector pyme en un esquema de salarios bajos pero que absorben la mayor parte de la masa salarial agregada, tecnologías lejos de la frontera internacional e insuficiente competitividad en el mercado externo. Así, la desmonopolización como política productiva activa y la reglamentación de las compras públicas orientadas a pequeños y medianos proveedores de origen nacional son ejes de acción que podría reducir costos y mejorar la rentabilidad relativa de la industria local frente al sector agropecuario exportador y a los bienes finales importados.
“El Estado tiene que crear 150 nuevas grandes empresas. Existen 500 grandes empresas de las cuales 300 son extranjeras y eso tiene que cambiar. Hay que crear 150 multilatinas argentinas. Elegir las mejores empresas, los mejores empresarios y fortalecernos de tal manera que puedan exportar a toda Latinoamérica. Nosotros tenemos 9 multilatinas y Chile 18. Ahí hay un problema de managment y de nuestro empresariado. Después hay muchas tareas, micro tareas que a veces son despreciadas pero que a mi parecer son estratégicas, por ejemplo: ver qué se está importando en la Argentina para después preguntarse ¿no hay una empresa que fabrique respiradores? En 2 meses, de repente, aparecieron cientos de pymes que quieren fabricar respiradores asistidos. Si antes no fabricaban eso, ¿por qué lo hacen ahora? Porque el Estado dice yo voy a comprar eso y tienen capacidades para hacerlo.”
Surgen entonces en la conversación dos conceptos clave que deberían regir la planificación estratégica de la industria: por un lado, la triangulación política que logre alinear los incentivos entre los trabajadores, el sector empresario y el Estado en sus 3 dimensiones: municipal, provincial y nacional; y, por otro lado, un espíritu solidario intra-empresarios, que transforme las decisiones individuales de cada productor en acciones enmarcadas dentro de una estrategia sectorial. El 85% de las empresas que operan en la Argentina dependen en gran medida de la demanda interna y, por lo tanto, del ciclo económico. Por este motivo es que Leo Bilanski, en base a su experiencia y conocimiento de empresario y dirigente, afirma que “nadie se salva solo” y que el héroe colectivo también debe articular el futuro de la riqueza y el trabajo nacional.
“Lo que viene siempre es superador. Argentina tiene mucha capacidad emprendedora e inventiva. El llamado tiene que venir de la política. El hombre Tesla no existe[3]. En los casos de éxito de todas partes del mundo, el Estado es el socio estratégico que los ayuda a triunfar.”
[1] https://www.observatoriopyme.org.ar/novedades/falso-dilema/
[2] https://www.infobae.com/economia/2020/05/08/las-consultoras-que-releva-el-bcra-esperan-una-caida-de-7-del-pbi-y-una-inflacion-de-casi-50-para-los-proximos-12-meses/
[3] Referencia al famoso inventor de origen serbio y nacionalidad estadounidense Nikola Tesla, quien además de inventar la radio, descubrió la corriente alterna y la distribución polifásica de la electricidad.
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