El horizonte de Brasil con Bolsonaro: Neo-autoritarismo y liberalismo económico.

Por Ney Amazona

El fin de la Nueva República.

Iniciada en el período de la redemocratización a mediados de la década de 1980 y consolidada en paralelo a la estabilización de la economía con el Plan Real (1994), la Nueva República garantizó la llamada gobernabilidad al integrar el residuo de la dictadura militar al residuo de la oposición a la misma, estableciendo el modelo presidencialista de coalición que atravesó los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso a los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Según el analista brasilero Vladimir Safatle, es posible definirla como un acuerdo fundado sobre una zona gris de amoralidad resultante de disfunciones estructurales y democratización limitada. La Nueva República se caracterizó por la baja intensidad tanto de las propuestas progresistas de la oposición a la dictadura, como por las propuestas conservadoras de los residuos de la misma, en un pacto que permitió una modesta distribución de ingresos y ganancias espectaculares en la era Lula. El principal garante de la Nueva República, al intercambiar su apoyo por cargos en el poder de turno, fue el PMDB (partido de Temer y Cunha), actor político que sale profundamente debilitado de las elecciones de 2018. Las recientes elecciones mostraron la mayor tasa de renovación del Congreso desde la redemocratización, a la vez que una gran fragmentación. Por este motivo es incierta la organización de las nuevas fuerzas y la reorganización de las fuerzas residuales. Bolsonaro ya anunció una reducción drástica del número de ministerios, comparable sólo al gobierno de Collor en la historia de la Nueva República. Con menos cargos a ser ocupados por el primer escalón del gobierno, la pregunta sobre cuál será el poder de negociación permanece. También se mantiene la pregunta sobre la capacidad de articulación de un congreso formado por inexpertos notables que recién ingresan en la política nacional como youtubers, pastores y actores porno, especialmente en la aprobación de medidas sensibles como la reforma jubilatoria, así como la pregunta sobre qué influencia tendrán las bases de estos nuevos parlamentarios, organizadas ahora en la esfera digital, y no en la esfera pública. Aún es pronto para decir si esa organización difusa que involucra grupos de pertenencia que trascienden partidos y una militancia teleguiada por fake news a través de Whatsapp puede constituir algo como un bolsonarismo.

Bancada evangelista.

Si con estas elecciones el Congreso se fragmentó en 30 partidos y el principal garante de la Nueva República sale debilitado y desmoralizado, el presidente debe buscar nuevas formas de negociación con los parlamentarios más allá de la estructura partidista que, según el filósofo Marcos Nobre, poseía un sistema disciplinado que permitía el intercambio de favores entre gobierno y congreso. Otros garantes deben entrar en juego, como la bancada evangélica y la bancada ruralista, en mayor medida, y, en menor medida, la bancada de la bala (versión brasileña de los “mano dura” pero mucho más violentos). Aquí, nuevamente, si esos grupos podrán asegurar la fidelidad y la disciplina que los partidos aseguraban todavía es algo incierto.

El sector evangélico de la sociedad encuentra en Bolsonaro, un evangélico recién convertido, un político en perfecta sintonía con sus valores. Si bien no tiene una propuesta política económica muy clara, el proyecto de poder del evangelismo se manifiesta en una pauta de costumbres, sobre todo en el rechazo a los derechos reproductivos de las mujeres y a los derechos civiles de los homosexuales. Bolsonaro levantó, esencialmente, su proyecto de poder sobre esas pautas: con el denominado kit gay ganó proyección nacional (se trataba de material anti-homofobia dirigido a los profesores que el capitán transfiguró en un kit para convertir niños a la homosexualidad). Pero más allá de la retórica, uno de los pocos proyectos presentados por Bolsonaro en co-autoria con políticos de la bancada evangélica en sus más de 20 años de vida pública, versaba sobre retirar la obligatoriedad del Sistema Único de Salud de atención para las víctimas de violencia sexual. Comprometida en aprobar el estatuto del no-nacido que garantiza derechos al feto, Bolsonaro y la bancada evangelista encontró en esa propuesta la excusa para evitar que la píldora del día siguiente fuese administrada a las mujeres víctimas de violencia sexual.

En los últimos años, la Suprema Corte constituyó un contrapeso al congreso conservador, reconociendo el matrimonio homosexual y despenalizando el aborto en caso de fetos anencéfalos. El brazo político del evangelismo entendió que para implementar su proyecto de poder sería necesario llegar al máximo tribunal. La primera señal de alerta de ese proyecto aparece con la elección del alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, muy mal evaluado por los cariocas y que mantuvo una absoluta discreción durante las elecciones. La experiencia de los evangelistas en el ejecutivo es menos satisfactoria que la experiencia legislativa.

Si, por un lado, durante los gobiernos del PT esos sectores ejercían un poder de veto, conferido por sus respectivos capitales electorales cortejados tanto por Lula como por Dilma, ahora encuentran un terreno favorable para salir de esa agenda de veto y establecer una agenda propositiva. Esta agenda tendrá el beneficio de interpelar a los amplios sectores conservadores de la sociedad y, al mismo tiempo, de atraer la atención de la oposición y la opinión pública, mientras que la pauta ultraliberal en lo económico es puesta en práctica. Si bien para el gobierno y para la bancada, que alcanzó ahora 90 diputados, es interesante mantener esa dinámica, no se sabe cómo los fieles podrán reaccionar ante una agenda económica liberal radicalizada. Se trata, después de todo, de un electorado compuesto por individuos que están muy expuestos a la precariedad de los servicios públicos y que ya dio manifestaciones de votar pragmáticamente cuando se adhirió a la candidatura de Lula.

Lava Jato: de Curitiba a Brasilia.

La invitación de Bolsonaro a Sergio Moro para asumir el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública trae muchos dividendos al primero y dividendos todavía inciertos al segundo. La medida encaja con la pauta anticorrupción alardeada por el político, que pasó la mayor parte de su carrera política en el PP, el partido que más fue denunciado en la operación Lava Jato. Para Moro, sin embargo, la maniobra es arriesgada: por un lado, aumenta las sospechas de que el juez actuó con motivación política al juzgar y condenar a Lula y luego asumir cargo político en el gobierno del opositor del expresidente. En ese sentido, es incierto no sólo cómo la operación Lava Jato será analizada en retrospectiva a la luz de este nuevo dato, sino también el propio el futuro de la operación. La expectativa es que los principales cuadros de la operación sean trasladados de Curitiba a Brasilia y que el controvertido método, incluyendo las delaciones, sea nacionalizado. El paquete de medidas de combate a la corrupción, redactado por integrantes de la operación y hasta ahora ignorado por los miembros del legislativo, podrá ser retomado. La relación del nuevo ministro con la Suprema Corte también presenta incertidumbres, desde el momento que la más alta corte del país declaró ilegal algunas medidas adoptadas por Moro durante el desarrollo de la operación, como por ejemplo la filtración del audio entre la entonces presidenta Dilma Rousseff y expresidente Lula.

Tampoco está muy claro cómo será la actuación del nuevo ministro ante propuestas muy controvertidas del nuevo gobierno, como la doctrina del “auto de resistencia”, que en la práctica elimina el juicio de policías acusados de matar sospechosos en el ejercicio de sus actividades, o el proyecto Escuela sin Partido, que apunta contra escuelas primarias y secundarias contrarias al autoritarismo militar y evangélico.

Escuela sin Partido.

En lo que constituyó la primera prueba a las instituciones democráticas brasileñas a partir de las elecciones de 2018, la Suprema Corte anuló las acciones de los Tribunales Electorales en las universidades. Estas acciones fueron una maniobra contra las manifestaciones de oposición al entonces candidato Bolsonaro, posibilitadas por el uso indebido de la ley electoral que criminaliza la propaganda política en órganos públicos y que atropellaron la Constitución Federal. En aquella ocasión, la semana anterior a las elecciones de la segunda vuelta, profesores fueron amenazados con prisión, alumnos y docentes fueron interrogados por la policía, y carteles contra el fascismo (que no mencionaban ni el partido ni el nombre del candidato Bolsonaro) fueron retirados de los edificios de las universidades. Paralelamente, una diputada recién elegida por el estado de Santa Catarina creó un canal de denuncias para que alumnos pudieran denunciar profesores por “adoctrinamiento ideológico marxista y/o de género”. El Ministerio Público de Santa Catarina abrió una acción contra la diputada. Se espera que maniobras autoritarias como esta se intensifiquen en el gobierno electo.

En las primeras semanas del presidente electo, el proyecto Escuela sin Partido volvió a ser analizado por una comisión que ya manifestó su opinión favorable a la aprobación. El proyecto, creado en 2004 por el abogado Miguel Nagib, pretende cohibir lo que entienden como “adoctrinamiento ideológico” del marxismo cultural en las escuelas y universidades, lo que incluye no sólo reescribir la historia con especial atención al período de la dictadura militar, sino también prohibir cualquier discusión sobre lo que llaman ideología de género. Cabe recordar que, no hace mucho tiempo, la filósofa Judith Butler sufrió manifestaciones de hostilidad en su visita a Brasil para participar en un seminario sobre democracia. Manifestantes la compararon a una bruja y fueron quemados libros de la autora.

En esta esfera, el político con más chances para asumir el Ministerio de Educación ya se manifestó favorable a la educación a distancia ya en la enseñanza fundamental, es decir, para niños de seis años de edad, como forma de combatir la influencia del marxismo cultural en la formación de los niños y jóvenes brasileños. El presidente electo, por otro lado, ya se manifestó favorable a expandir el modelo de escuelas militares para las instituciones públicas de enseñanza. Es interesante notar que la propia campaña de difamación del entonces candidato Bolsonaro contra el candidato Fernando Haddad ya arrojaba las bases de su proyecto de reorganización de la educación. Por un lado, al insistir en la mentira de que Haddad quería implementar el kit gay en las escuelas, Bolsonaro logró degradar la imagen de una de las profesiones más respetadas por los ciudadanos brasileños. Esta degradación de la imagen del profesor permitió, a su vez, que la imagen de un militar ganara respeto y apareciera no sólo como una opción posible, sino como una opción deseable de voto durante la campaña. La campaña difamatoria sirvió para degradar el papel de la propia educación pública hasta el punto de que la opción de la enseñanza a distancia aparece no sólo como una opción posible, pero igualmente deseable, en un país en el que la escuela no sólo cumple el papel de la formación de la enseñanza, sino que es la institución que garantiza al menos una comida a muchos alumnos. No hace mucho tiempo, la educación era apuntada de forma recurrente como la solución para los más diversos problemas brasileños. De la solución a todos los problemas, la escuela pasó a ser vista como el enemigo de la sociedad y el blanco de ataques. También hay un proyecto de recuperación de una disciplina impuesta por la dictadura y abolida en el período de la redemocratización, la Educación Moral y Cívica. Lo que esas iniciativas pretenden en su conjunto es minar el papel de la escuela como promotora del sentido crítico y podrán abrir camino para que los facilitadores ligados a las iglesias evangelistas actúen en lugar de profesores.

Conclusiones preliminares

El proyecto bolsonarista en la presidencia se apoya en la tercerización de las principales decisiones de los rumbos del país a dos super ministros: el Ministerio de Justicia a cargo de Sergio Moro, y el Ministerio de Hacienda a cargo del Chicago Boy Paulo Guedes. Los nombres celebrados del mercado como Joaquim Levy ya aceptaron la invitación del nuevo ministro para integrar la nueva administración. Si bien las expectativas de los electores que se dispusieron a dinamitar la Nueva República para la “refundación” de la república son altas, es necesario señalar que Bolsonaro no detalló ninguna propuesta de gobierno hasta el momento. Así, el presidente electo ya se exime de presentar resultados. Si fracasara, la culpa será de los ministros, ya que el presidente enfatizó en varias ocasiones que no entiende de muchas áreas. Si no fracasara, cosechará los frutos porque se ha rodeado de gente que sí entiende de gestión, como enfatizó durante la campaña.

Lo que parece cierto es que el presidente electo estará libre para hacer lo que más le gusta y lo que más se ha preparado para hacer: antagonizar al gran enemigo que es “el comunismo”, para que el país finalmente regrese al camino virtuoso del que se lo ha desviado. Para ello contará con la ayuda del recién nombrado canciller, Ernesto Araújo, un cuadro del tercer escalón de Itamaraty que parece muy en sintonía con el presidente en la lucha contra el marxismo cultural, el globalismo, el racialismo y otros ismos importados de los conservadores estadounidenses. El enigma es si la quijostesca tarea quedará restringida al discurso, o Don Quijote y Sancho Panza pretenden incluso emprender esa lucha, poniendo en riesgo toda la tradición multilateralista de la diplomacia brasileña, además de algo un poco más tangible que eso, es decir, exportaciones a China y a los países árabes.