Megadevaluación, Megadéficit… ¿Megacanje?

Por Emanuel Bouza

Hiperinflación: un portaaviones en la 9 de julio. 

Desde julio pasado, a efectos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC 29) y tras acumular más de 100 puntos de inflación en tres años, la economía argentina comenzó a ser considerada por las mayores auditoras contables internacionales como hiperinflacionaria. El hecho, no obstante, pareció ser rápidamente conjurado por los equipos de comunicación del gobierno y sus medios afines. No resulta fácil dar con el término hiperinflación en titulares de diarios, graphs de noticieros o informativos de radio. Es como si no estuviera ahí. Pero está. Tanto que dos de las multinacionales más importantes que operan en nuestro país, Telefónica y Unilever, han comunicado a inversores y autoridades regulatorias la decisión de reajustar sus ajustes contables a la “hiperinflación argentina”.

En una nota fechada el 1ro de octubre, Unilever aclara que tras un largo período en el que se mantuvo a la Argentina ‘en estudio’, cuatro firmas contables acordaron que están dadas todas las condiciones para que el país sea formalmente clasificado como “hiperinflacionario” [1].  Según reza el documento, es la primera vez en casi veinte años que la empresa decide aplicar esta categoría en una de sus filiales.

Telefónica, por su parte, refiere en un informe dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España que, como consecuencia de este reajuste, su “ganancia operativa antes de depreciaciones y amortizaciones” (OIBDA) entre enero y junio de este año pasó de 463 millones de euros a 363 millones. El holding señala que la inflación en Argentina “ha crecido significativamente desde el segundo trimestre de 2018” y, a continuación, concluye que a efectos contables la Argentina debe ser considerada actualmente economía hiperinflacionaria.

A este blanqueo de la híper por parte del “mercado”, se suma otro fenómeno derivado de la vertiginosa pérdida de valor del peso: el auge del bitcoin. Pese a que la moneda virtual registra una caída de más del 60% a nivel global en el último año (de 14 dólares hacia finales de 2017 a los actuales 6,1), en Argentina ocurre precisamente lo opuesto. Sólo en los últimos tres meses, el bitcoin describió un aumento en pesos de casi un 40% y, según datos de coin.dance, el volumen de la criptomoneda en nuestro país pasó de 900 millones en enero de 2016, a 8.8 billones en septiembre de este año.

Ante esta flamante “tercera rueda” de la bicicleta financiera criolla -tal vez en breve hablemos de triciclo financiero– uno pensaría que el gobierno ya ha dispuesto medidas destinadas a contener una nueva ola especulativa capaz de sumar aún más volatilidad a la economía. Pensaría mal. Desde hace varios meses, Cambiemos viene alentando la instalación de cajeros automáticos que procesan criptomonedas y se estima que para fin de año la cantidad de terminales podría ascender a treinta. Para finales de 2019, según afirma la firma Athena Bitcoin, podrían entrar en operaciones hasta 150 cajeros automáticos criptográficos. Estas unidades operarán con Bitcoin y otras criptomonedas como Litecoin, Ethereum y Bitcoin Cash.

Comercio exterior: apostando al caballo equivocado

En estos días se cumplen dos años del relanzamiento formal del Acuerdo Birregional de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Desde entonces, se han desarrollado nueve rondas de negociación entre ambos bloques, decenas de reuniones preparatorias, misiones de avanzada y encuentros ministeriales y presidenciales que tuvieron a la Argentina como principal impulsor. Hasta la onerosa organización de la Conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) Buenos Aires 2017, que costó cerca de 500 millones de pesos y ni siquiera tuvo un documento final, procuró generar el momentum para que las partes al menos definieran una fecha tentativa de firma. Pero nada de eso ocurrió.

No nos detendremos a analizar la estrategia negociadora del Mercosur en general y de la Argentina en particular, que ya ha sido abordada en entregas anteriores. Sólo agregaremos que, a pesar de que el mes pasado en una nueva ronda de negociación celebrada en Montevideo los delegados mercosureños volvieron a flexibilizar posiciones en rubros ultrasensibles como sector automotor, industria láctea, indicaciones geográficas y servicios marítimos, la UE continúa incólume en su plan de exigir aún más concesiones y dilatar el proceso.

En esta oportunidad, nos parece más pertinente hacer una lectura en clave de balance, y es la siguiente: la principal y prácticamente exclusiva apuesta del macrismo en materia de comercio exterior fue un rotundo fracaso. Equipos técnicos de todos los Ministerios (Cancillería, Producción, Hacienda, Agroindustria, Medio Ambiente, etc.)  se abocaron por casi tres años a una negociación que, además de engendrar un acuerdo desequilibrado, socialmente regresivo y desindustrializador, prácticamente clausuró todo frente comercial alternativo al europeo. Tres estudios recientes demuestran el carácter profundamente dogmático y extemporáneo de esta decisión:

-De acuerdo a cifras del INDEC, de enero a junio de este año el comercio entre la Argentina y la Unión Europea arrojó un saldo negativo de 1.504 millones de dólares. Durante el mismo período, por citar un ejemplo, el intercambio comercial con el Magreb (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez) y Egipto, generó un superávit de 1.659 millones de dólares.

-Según un informe de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), de los 30 principales destinos para las exportaciones de nuestro país en el primer semestre, 22 fueron países en desarrollo o “emergentes” y apenas 8 fueron países desarrollados. Además de Brasil y China, países como Argelia, India, Egipto e Indonesia aparecen entre los 10 principales destinos para las ventas argentinas. Asimismo, en términos de volumen, de un total de 24.749 millones de dólares exportados, el 70% (USD 17.308 millones) correspondió a países en desarrollo, mientras que sólo el 30% (USD 7.441 millones) se orientó a países desarrollados.

–El tercero es el más curioso, si vale el término. Se trata de un trabajo elaborado por el Centro de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería argentina, que lleva como título “Localizador de Mercados Prioritarios” [2]. De este estudio se desprende que las mayores oportunidades para la producción nacional se encuentran en países con los cuales la Argentina ya tiene acuerdos –como Brasil y México–, con los que inició negociaciones –por ejemplo, Canadá–, y con otros mercados atractivos ya sea por su alto poder de compra –Estados Unidos– como por el dinamismo de su economía –China–. Como indica el Gráfico 1, la Unión Europea aparece prácticamente en el límite trazado entre los mercados de “potencial medio” y “potencial bajo”.

Que el macrismo se empeñe en firmar a toda costa un tratado de libre comercio con un mercado caracterizado -por sus propios técnicos- como de regular o escaso potencial, tal vez sería motivo de alguna humorada si no fuera por la desazón que genera la actual situación del sector externo. En 2017, el déficit en la balanza comercial de bienes alcanzó un récord histórico de 8.500 millones de dólares y, como si fuera poco, pese a la mega devaluación del peso registrada en los últimos meses, el rojo acumulado en lo que va del 2018 es de más de USD 7.000 millones.

En un intento desesperado por mostrar algún tipo de reacción ante este ominoso panorama, el gobierno lanzó a comienzos de este mes el plan “Argentina Exporta”. Bajo premisas de “mejorar el acceso a mercados”, “ampliar el financiamiento” y “promover la calidad”, que en ningún caso contemplan acciones concretas, el plan aspira a “triplicar las exportaciones para 2030 y cuadruplicar la cantidad de empresas que exportan”. Este exceso de voluntarismo, en un contexto en que las PYME´s padecen día a día la caída del consumo, la apertura importadora y una tasa de interés por las nubes, fue motivo de un intercambio de tuits entre un corresponsal de Bloomberg, Patrick Gillespie, y el por entonces director del Banco Central, Pablo Quirno. “El gobierno argentino se ha fijado como meta triplicar las exportaciones en 2030. El año pasado se exportó por un monto de 58 billones de dólares. Admirable, pero no sé si es una meta muy ambiciosa o muy tímida. 12 años para triplicar un valor tan bajo. Además, es imposible hacerle rendir cuentas a esta administración en 2030”, escribió Guillespie en su cuenta personal. La respuesta de Quirno fue: “Nada es Imposible (Impossible is Nothing). Podríamos estar ante un 4to mandato de Cambiemos para ese entonces”.

Deuda externa: el sacrificio de Grecia

El pasado 19 de septiembre, ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseveró que “en la Argentina del presidente Macri no va a haber ninguna reestructuración de la deuda”. Unos días después, la Oficina de Evaluación Independiente del FMI hizo público un informe en el que concluye que la larga depresión económica que afectó a Grecia fue resultado, precisamente, de no haber renegociado el pasivo externo del país desde un comienzo.

Al referirse al plan de ajuste al que se sometió a la sociedad griega desde 2010 en el marco de un Acuerdo Stand-By, esta suerte de departamento de asuntos internos del Fondo describe que, con el objetivo de dar mayor sostenibilidad a la deuda, “el programa contempló un esfuerzo fiscal inusualmente fuerte y adoptó varios supuestos optimistas sobre un eventual regreso a los mercados de capitales; los efectos positivos que tendrían las reformas estructurales; los beneficios que arrojaría la devaluación interna; y los dividendos de las privatizaciones”. La oficina aclara que “partir de supuestos más realistas habría impactado negativamente sobre las proyecciones, pero en todo caso habría habilitado una discusión abierta respecto a posibles planes alternativos”.

El informe indica que el intento de restaurar la competitividad vía recortes de salarios nominales y reformas estructurales redundó en una fuerte caída del PBI, lo cual acabó por comprometer el cumplimiento de las metas fiscales y, al mismo tiempo, erosionó la autoridad del gobierno griego para llevar adelante las reformas. “En este contexto, la experiencia griega es un recordatorio de que el costo global de una crisis de cesación de pagos puede reducirse mediante un mecanismo bien diseñado para la resolución de crisis de deuda soberana”, concluye el informe.

En definitiva, por más declaraciones grandilocuentes que ensaye el ministro Dujovne, en crisis como la que atravesó Grecia a comienzos de la década y como la que hoy padece la Argentina tras apenas dos años y medio de gobierno de Cambiemos, la cuestión de la reestructuración de la deuda no pasa por una dicotomía “si o no”, sino por dos interrogantes: cuándo y cómo. Es decir, ¿hablamos de una futura reprogramación de vencimientos y quita parcial en función de las necesidades de recuperación económica y social del país? ¿O, por el contrario, de una nueva ventana para un negociado del estilo del Plan Brady de finales de los 80 o el Megacanje de Cavallo de junio de 2001? Desafortunadamente, y como hace pocas semanas denunció el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), existen elementos que anticipan un desenlace más próximo al segundo escenario [3]. Quizá el más relevante sea el artículo 53 del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2019, que habilitaría al Poder Ejecutivo a hacer reestructuraciones aun cuando de las mismas no se deriven mejoras en el monto, los plazos o los intereses de la deuda, siendo el único requisito que las operaciones atiendan a “las condiciones imperantes en el mercado financiero”.

NOTAS

[1]https://www.unilever.com/Images/unilever-argentina-adoption-of-ias 29_tcm244526510_en.pdf

[2] http://www.cei.gob.ar/userfiles/Localizador.pdf

[3] http://centrocepa.com.ar/informes/93-un-anticipo-para-la-reestructuracion-de-deuda