Autor: Godoy Medel Khalll Elunoy | Alumno de la Diplomatura
Introducción
En las últimas décadas, la energía – tanto los recursos no renovables como, especialmente, las energías renovables – ha comenzado a ocupar un papel importante en la configuración del orden internacional. Las disputas por el acceso a recursos estratégicos como hidrocarburos, minerales críticos y tierras raras, han adquirido un rol protagónico en la competencia de las grandes potencias. Este fenómeno se intensificó tras la crisis financiera del 2008, que dio inicio al auge de las energías renovables. Posteriormente, la guerra en Ucrania marcó un punto de inflexión en materia energética; Europa redujo su dependencia del gas ruso, promovió la importación de gas natural licuado (GNL) y aceleró sus políticas de transición energética. Este escenario junto a las tensiones comerciales impulsadas por la administración de Donald Trump, profundizó la fragmentación del sistema internacional y consolidó una nueva etapa geopolítica, caracterizada por el control de los recursos energéticos, la rivalidad entre las potencias y la reconfiguración del mercado energético global.
Mientras Estados Unidos busca garantizar su liderazgo en hidrocarburos y minerales estratégicos, China ha consolidado una posición dominante en la producción y procesamiento de tierras raras, insumos clave que llevaron al gigante asiático a convertirla en el principal líder tecnológico y referente en la transición energética, definiendo las condiciones del mercado, patentando los procesos avanzados y exportado sus estándares tecnológicos. Una parte significativa de estos recursos se encuentran en el continente africano, donde China implementó una estrategia destinada a enviar fondos a inversiones de infraestructura crítica a cambio de tener acceso preferente a recursos naturales estratégicos. La expansión de la influencia china, se extendió a países de América Latina y Europa, convirtiéndose en el principal socio comercial e invirtiendo en sectores estratégicos como el llamado “triángulo del litio”, conformado por Argentina, Bolivia y Chile. Estos yacimientos también son de especial interés para Estados Unidos, lo que ha generado fricciones entre ambas potencias en torno a la influencia en la región sudamericana.
La competencia por llegar a los recursos críticos antes de que otros actores, ha intensificado la rivalidad entre las principales potencias mundiales, quien controle estos recursos, controlará el futuro.
La Argentina como país semiperiferico
La Argentina pertenece a la categoría de países definidos como semiperiferia. Los países semiperiféricos poseen capacidad industrial e impulsan procesos de desarrollo dependientes de los países avanzados, los cuales establecen estrategias para limitar su autonomía y evitar que se altere el “equilibrio” —militar y/o comercial— del sistema mundial (Hurtado, 2013).
Como país semiperiférico, la Argentina se caracteriza por el desarrollo de algunos sectores estratégicos que no lograron replicarse en otras áreas clave de la economía. Como señalan Burton et al. (2024), la trayectoria del sector nuclear, el desarrollo de satélites geoestacionarios y la producción pública de medicamentos constituyen ejemplos exitosos de políticas científico-tecnológicas orientadas a resolver problemas sociales. Sin embargo, las complejidades de la estructura normativa, económica y político-social, la disponibilidad limitada de recursos financieros, la dependencia de tecnologías extranjeras y la volatilidad de las políticas públicas han dificultado la consolidación de otros sectores estratégicos. Esta diferencia en la soberanía relativa de distintos sectores estratégicos, evidencia el carácter semiperiférico del país.
A su vez, la relación del Estado argentino con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha conducido a la implementación de programas de ajuste que promueven austeridad fiscal, apertura comercial y reducción de subsidios. Estas medidas han afectado la inversión pública en sectores estratégicos y contribuido a procesos de desindustrialización. Asimismo, el impulso de agendas globales promovidas por los países centrales ha fomentado la primarización de la economía, generando una prosperidad a corto o mediano plazo vinculados al aumento de los precios internacionales y de las exportaciones, pero con alta vulnerabilidad frente a cambios en el contexto político y económico (González Cantero, 2025). En este marco, la periferia tiende a la provisión de bienes y servicios de menor valor agregado, subordinándose a las normas regulatorias del centro (Gullo, 2013).
Actualmente, la deuda externa argentina supera el 46 % del Producto Interno Bruto (PIB) (Infobae, 2025), lo que implica que una parte significativa de las divisas generadas se destina al pago de servicios de deuda, reduciendo el margen para la importación de bienes de capital e insumos intermedios necesarios para el desarrollo industrial (OCIPEX, 2020).
Finalmente, la falta de articulación entre los actores del mercado nacional, el destino de la producción y la complejidad industrial, sumada a políticas que no se sustentan en demandas nacionales actuales ni en el aprovechamiento de oportunidades de una industria incipiente, así como la alternancia entre modelos de desarrollo e inserción internacional divergentes y gobiernos de enfoques neoliberales –que desmantelan capacidades previamente construidas— han dificultado la consolidación de una estrategia de largo plazo. La profundización de un perfil exportador agroindustrial y minero, junto con la promoción de la inversión extranjera directa y la eliminación de retenciones e impuestos a determinados sectores (Burton et al., 2024), ha reforzado la dependencia de organismos externos y contribuido al aumento del endeudamiento.
Política fiscal y reducción de subsidios energéticos
En los dos años de gestión del presidente Javier Milei, el gobierno argentino implementó un programa de ajuste fiscal, desregulación económica y reformas estructurales con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal, reducir la inflación y bajar el riesgo país para traer inversiones. En este contexto, se adoptaron diversas medidas orientadas a reducir el gasto público, entre ellas la venta de activos estatales, privatizaciones, reformas regulatorias y una reducción significativa de los subsidios a los servicios públicos, particularmente en los sectores de energía y transporte.
Una de las principales herramientas para sostener el equilibrio fiscal fue la reducción de los subsidios energéticos, que implicó la eliminación de la asistencia estatal a millones de usuarios (Perfil, 2025). Este recorte explica una parte importante del incremento del superávit fiscal alcanzado por el gobierno (Maza, 2025b).
En este marco se implementó el programa denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que estableció un esquema con dos categorías principales de usuarios: aquellos que reciben subsidios y aquellos que deben pagar el precio pleno de la energía (Giménez, 2026). Este sistema implicó una mayor transferencia del costo real de la energía a las tarifas finales, generando aumentos significativos para sectores de clase media y para los hogares no inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Dicho esquema, surge del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye entre sus objetivos avanzar en reformas del mercado mayorista de electricidad (Maza, A. 2025a). No obstante, la implementación de estas medidas ha generado interrogantes respecto de su impacto social, especialmente en los hogares sin acceso a la red de gas natural, que dependen de la electricidad para calefacción durante el invierno (Maza, 2025b).
Desde el inicio de la gestión hasta enero de 2026, los servicios públicos registraron incrementos superiores a la inflación. Según datos del Observatorio de Subsidios y Tarifas del UBA-CONICET, en los hogares de ingresos altos (N1) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las tarifas de gas aumentaron un 1545 %, mientras que las de electricidad lo hicieron en un 351 %. En el caso del agua, el incremento alcanzó aproximadamente el 362 % en el mismo período (Einstoss & Rojo, 2026).
En el mercado de combustibles, los precios también registraron aumentos que en algunos casos se ubicaron en línea con la inflación acumulada o incluso por encima de ella, dependiendo de la provincia y del tipo de combustible (Vargas, 2026; Diario Época, 2025; Economía Riojana, 2025). Parte de estos incrementos se explica por la actualización de impuestos aplicados a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (Diario Río Negro, 2025).
Reforma estructural del sector energético
Las transformaciones más importantes en el sector energético se introdujeron a partir de la Ley Bases (Ley 27.742), que plantea una reorganización del sector hacia un modelo más desregulado y orientado a la exportación. La normativa prioriza la maximización de la renta energética, la liberalización de los mercados y la promoción de la inversión privada. Entre otras modificaciones, la ley introduce cambios en la legislación hidrocarburífera y gasífera, elimina la prioridad del autoabastecimiento energético y promueve una mayor liberalización de precios y exportaciones (Ámbito Financiero, 2024; EconoJournal, 2024).
Transformaciones en el mercado hidrocarburífero
En el sector de hidrocarburos, la reforma modificó la Ley de Hidrocarburos N.º 17.319 y la Ley de Soberanía Hidrocarburífera N.º 26.741. Las nuevas disposiciones priorizan la maximización de la renta del sector y eliminan el objetivo del autoabastecimiento energético como principio central de la política energética. Asimismo, se amplían las posibilidades de libre comercialización de petróleo y gas, limitando la capacidad del Estado para intervenir en los precios del mercado interno y facilitando las exportaciones (Opsur, 2024a; Montamat, 2024).
Otra medida relevante fue la privatización de las importaciones de gas natural licuado (GNL), mediante la designación de un único comercializador privado encargado de la importación y comercialización en el mercado interno. Esta decisión se inscribe en un proceso de retiro del Estado de determinadas actividades del mercado energético y en la privatización de activos vinculados a ENARSA (Spaltro, 2026).
Uno de los cuestionamientos, es el impacto que esta medida generará en las tarifas de gas, particularmente en relación con la seguridad del abastecimiento interno de gas natural, considerando que aproximadamente el 55 % de la matriz energética argentina depende de este recurso (CIPPEC, 2024).
Reforma del mercado eléctrico
Las reformas también alcanzaron al sector eléctrico mediante modificaciones en las leyes N.º 15.336 y N.º 24.065. Estas reformas implican un cambio desde un modelo de servicio público regulado con fuerte planificación estatal hacia un esquema basado en la liberalización de los mercados y la competencia entre actores privados. El nuevo esquema establece que los precios de energía y potencia del Mercado Eléctrico Mayorista se determinen a partir de los costos marginales de producción. Además, se habilita la firma de contratos libres entre generadores, distribuidores y grandes usuarios. En este contexto, cada generador térmico debe adquirir su propio insumo, mientras que CAMMESA pasa a desempeñar funciones de despacho y liquidación de transacciones (Ámbito Financiero, 2025).
Sin embargo, también implica una mayor exposición a riesgos de mercado y a la volatilidad cambiaria, lo que podría generar aumentos tarifarios significativos en determinados contextos macroeconómicos (Ámbito Financiero, 2025).
Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)
Otra de las herramientas centrales de la reforma económica es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destinado a promover proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares en sectores estratégicos como minería, energía, petróleo y gas, ofreciendo beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años (De Urieta, 2024).
Entre ellos los beneficios que se le otorgan a las empresas se incluyen, la reducción del impuesto a las ganancias del 35 % al 25 %, la devolución acelerada del IVA, la eliminación de retenciones a las exportaciones y la libre disponibilidad de divisas (Clarín, 2024).
No obstante, diversos analistas han advertido posibles efectos negativos, como una competencia desigual con la industria local, la exclusión de pequeñas y medianas empresas debido al elevado umbral mínimo de inversión, potenciales conflictos con regulaciones provinciales o municipales, desabasteciendo en el mercado interno y las no inversiones en en capacidades productivas locales (Randi & Fernández, 2024; Clarín, 2024).
Reestructuración de YPF
Las transformaciones también alcanzaron a la principal empresa energética del país, YPF. La compañía, controlada mayoritariamente por el Estado argentino, lidera las inversiones en la formación Vaca Muerta y ha orientado su estrategia hacia el desarrollo del petróleo y gas no convencional, fortaleciendo sus exportaciones de petróleo con el oleoducto y puerto de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y los proyectos de gas natural licuado (GNL) que saldrán por el Golfo San Matías (Mottura, D., 2025).
Bajo la conducción de Horacio Daniel Marín se implementó el denominado Proyecto Andes, que implicó la venta de 55 concesiones de áreas convencionales maduras en distintas provincias argentinas. El objetivo de esta estrategia fue concentrar inversiones en los desarrollos no convencionales de Vaca Muerta y mejorar la eficiencia operativa de la empresa (Opsur, 2024b).
Sin embargo, este proceso también ha suscitado interrogantes sobre el futuro de la producción convencional y sobre la situación financiera de la empresa, que registró pérdidas por 198 millones de dólares en el último trimestre de 2025 y una deuda superior a los 9500 millones de dólares (Glezer, 2026).
Nuevos proyectos estratégicos: energía nuclear
En el ámbito nuclear, el ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, presentó el denominado Plan Nuclear Argentino. Este programa propone la construcción de reactores modulares pequeños (SMR) de diseño nacional y el desarrollo de un modelo industrial orientado a la exportación (Maza, A. 2025c).
El proyecto contempla la posibilidad de combinar la venta de reactores con contratos de suministro de uranio argentino, teniendo como potenciales mercados a países como Estados Unidos. Asimismo, se plantea la posibilidad de vincular este desarrollo con la participación de YPF en la provisión de energía para centros de datos y aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial (El Economista, 2025; Ojeda, 2025).
Conclusiones
En este análisis desarrollado se observa que la posición geopolítica adoptada por el gobierno de Javier Milei se caracteriza por un fuerte alineamiento con los Estados Unidos y por una orientación hacia la liberalización de los mercados energéticos. Este enfoque implica una reducción del rol del Estado como actor central en la planificación del sector, promoviendo una mayor apertura comercial y ampliando la participación del capital privado en la explotación de los recursos energéticos. Asimismo, estas transformaciones podrían profundizarse por las nuevas reformas y un eventual acuerdo comercial subordinado a la seguridad nacional estadounidense.
En lo que respecta a la principal empresa energética del país, YPF, constituye un claro reflejo de las orientaciones adoptadas por el gobierno. A pesar de los récords de producción alcanzados en la Formación Vaca Muerta y de las medidas implementadas para mejorar la eficiencia operativa, el nivel de endeudamiento de la empresa continúa en aumento. En este contexto, en el que YPF ha decido ampliarse a otros sectores como la gastronomía, podríamos decir que quizás, el verdadero valor agregado de Vaca Muerta no sea el petróleo, sino el combo energético: crudo para exportar y hamburguesas para el mercado interno.
Durante los dos primeros años de gestión, y como resultado de las reformas estructurales implementadas, determinados sectores económicos se han visto favorecidos. Sin embargo, estos beneficios se concentran en un segmento relativamente reducido de la estructura productiva y social del país.
Las problemáticas planteadas reflejan limitaciones estructurales, económicas y tecnológicas que condicionan el desarrollo energético de Argentina. En base a ello, se propone un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la soberanía energética, promover el desarrollo tecnológico nacional y garantizar un sistema energético más equilibrado y sostenible.
Una de las principales propuestas consiste en la creación de un Fondo Soberano Energético, con el Estado como actor central en la administración de las rentas generadas por la explotación de recursos energéticos. Este fondo se financiaría a partir de impuestos al sector hidrocarburífero, regalías provinciales, derechos de explotación y exportaciones de petróleo y gas.
Este fondo tendría como fin invertir en infraestructura energética —como gasoductos, redes eléctricas y sistemas de almacenamiento energético— así como proyectos tecnológicos vinculados al desarrollo de baterías de litio y como tecnologías energéticas renovables. Estas inversiones permitirían diversificar la matriz energética nacional, mejorar la estabilidad del sistema energético y garantizar un suministro de calidad para la población, reduciendo la dependencia de los hidrocarburos.
Esto vendría acompañado con el desarrollo de un sistema energético regionalizado que aproveche las ventajas geográficas y climáticas de cada región del país, con el fin de llegar hasta los hogares más apartados. En función de dichas características, podrían impulsarse distintos tipos de energía: eólica en la Patagonia, solar en el noroeste argentino, geotérmica en zonas volcánicas, biomasa en regiones agrícolas y energía mareomotriz en áreas costeras, entre otras. A su vez, se plantea la construcción de reactores nucleares modulares pequeños (SMR) y reactores de mayor escala en zonas con alta demanda industrial. Asimismo, se propone la creación de un Sistema Nacional de Almacenamiento Energético, basado en baterías de gran escala, sales fundidas y otras tecnologías emergentes. Este sistema permitiría almacenar excedentes de energía para su utilización posterior o eventual exportación.
Otra medida central consiste en la implementación de legislaciones que establezcan la transferencia tecnológica obligatoria y la industrialización local de los recursos estratégicos. De esta forma, cada proyecto energético de gran escala debería incorporar un componente obligatorio de desarrollo tecnológico nacional, con participación obligatoria de universidades públicas locales y con desarrollo de patentes compartidas. Además, ningún recurso energético o mineral estratégico podrá exportarse sin un nivel mínimo de industrialización local.
Otro rol de las universidades, es la de evaluar los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas, así como de realizar monitoreos ambientales permanentes sobre las actividades energéticas.
También se propone la creación o el fortalecimiento de organismos encargados de la Fiscalización y control del sector energético, con facultades para inspeccionar operaciones, aplicar sanciones, suspender proyectos y revocar licencias en caso de incumplimientos regulatorios o ambientales.
Finalmente, se plantea la necesidad de fortalecer las alianzas con los países de América del Sur, con el objetivo de coordinar infraestructura energética regional, negociar precios internacionales de manera conjunta y avanzar hacia la construcción de una red eléctrica regional integrada.
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