¿Qué medidas han tomado los países frente al aumento del precio de los alimentos?

GT Agroindustria y desarrollo rural.

Contexto agroalimentario internacional

El sistema agroalimentario internacional se encuentra atravesando una crisis generalizada que afecta a la producción, la comercialización, la distribución y el consumo de alimentos de primera necesidad por varios motivos. En primer lugar, la pandemia del COVID-19 produjo un agravamiento de la inseguridad alimentaria a nivel global. La crisis comercial y logística suscitada por esta, y los efectos del cambio climático, afectaron a las poblaciones más vulnerables, entre ellas, a las 811 millones de personas (la décima parte de la población mundial) que ya padecían subalimentación en el año 2020. Por otra parte, los conflictos geopolíticos producto del recrudecimiento de los combates en Eurasia impactaron negativamente en el comercio agroalimentario internacional, generando un aumento de los precios internacionales de los commodities agrícolas, los combustibles y los insumos agropecuarios. 

Finalmente, la fuerte presencia de un número reducido de empresas transnacionales en diversos sectores agroproductivos, agrocomerciales y agrotecnológicos a nivel local, regional y global se concentró aún más, agudizando la dependencia de las poblaciones.

Estos fenómenos de amplio espectro repercutieron en las economías de la región, lo cual está conduciendo a muchos de los actores sociales afectados a movilizarse y a los gobiernos a implementar medidas para paliar los efectos más graves de la crisis agroalimentaria. A continuación abordamos someramente la situación de algunos de estos países y las políticas adoptadas por sus gobiernos.

• Brasil:

El gigante sudamericano, aún con la derecha en el gobierno, viene implementando medidas para dar respuesta a los miles de reclamos (en su mayoría provenientes de movimientos sociales) que están demandando medidas para combatir la creciente inseguridad alimentaria. El año pasado, Bolsonaro creó el programa Auxilio Brasil en reemplazo del Bolsa Familia implementado durante el gobierno de Luiz Inácio da Silva, destinado a los hogares de menos recursos. Actualmente, se prevé elevar el monto de 400 reales (equivalente a 75,5 dólares aproximadamente) a 600 reales (USD 113). Además, se incrementarán los recursos del programa Alimenta Brasil, enfocado en comprar alimentos producidos por la agricultura familiar para distribuirlos en familias con inseguridad alimentaria.

• Argentina: 

En Argentina el alza sostenida de los precios de los alimentos está empujando a sindicatos y movimientos sociales a la calle. Mientras tanto, el gobierno, a través de la Secretaría de Comercio, suscribe y revisa periódicamente acuerdos de precios con la finalidad de garantizar el acceso a la alimentación. Entre otras medidas, se creó el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) para aumentar la oferta de harina a precio subsidiado. También se mantiene el cupo a las exportaciones de carne vacuna y cereales, productos clave del consumo interno cuyos precios internacionales los tornan cada vez menos accesibles.  

• Cuba:

La situación en la isla ha llevado a la población a protestar públicamente por la creciente escasez de alimentos, medicinas y combustibles. Frente a ello, el gobierno del Partido Comunista tomó medidas históricas, como la aprobación de las primeras 35 Mipymes, entre las que se cuentan 32 de propiedad privada y 3 estatales. De éstas, 13 se encuentran enfocadas en la producción de alimentos.

• Colombia:

Si bien en Colombia no se han registrado protestas en fecha reciente, el gobierno de Gustavo Petro le ha dado continuidad a la regulación del mercado exportador de carne establecida durante la presidencia de Duque. Además, el recientemente electo gobierno de Colombia planea una serie de medidas orientadas a reactivar el uso de tierras improductivas y a penalizar la tierra ociosa, tales como la creación de impuestos y la compra de tierras subutilizadas. 

• Venezuela:

Venezuela atraviesa una crisis agroalimentaria producto del bloqueo que sufre a nivel comercial y la incapacidad del Estado de articular medidas que aumenten la producción y mejoren la distribución de diversos productos básicos. El país se enfrenta a una situación de continuo desabastecimiento de alimentos y bebidas.

Ante ello, el gobierno optó por profundizar el control de precios y realizar un acuerdo con distintos productores y productoras para incentivar la producción agropecuaria. Además, se está planificando una apertura paulatina del mercado que mejoraría el abastecimiento de productos de primera necesidad. En este sentido, Venezuela y Colombia iniciaron conversaciones orientadas a coordinar estos procesos.

• Chile:

La sociedad chilena no registra protestas masivas en los últimos meses. Aún así, frente a una  inflación que alcanzó los 2 dígitos, el gobierno lanzó el Observatorio de Precios Básicos, una plataforma que le muestra a los consumidores los precios más baratos y promedios, correspondientes a diferentes grupos de productos, en los locales de comercio disponibles en todo el país. 

Por otro lado, se realizó una inversión por 3.726 millones de dólares destinada al programa Chile Apoya. De ellos, 1.386 millones de dólares serán para la generación de empleo y apoyo a sectores rezagados; USD 1.340 estarán destinados a ayudas directas a los bolsillos de las familias (Bono Invierno y la extensión del IFE Laboral) y mil millones de dólares se destinarán al apoyo de las Mipymes. Con esa inversión, se espera que la población tenga garantizado el acceso a los alimentos básicos, y que las Pymes agroalimentarias puedan aumentar su capacidad de producción y comercialización.

• Perú:

Sin medidas de gobierno en el horizonte, la República del Perú se encuentra actualmente atravesada por protestas, manifestaciones y un paro de transportistas en reclamo por el alza de los precios de los combustibles. A su vez, el campo peruano está exigiendo medidas que frenen el aumento de los precios de los fertilizantes. El precio y el suministro de los alimentos también se encuentra afectado.

• Panamá:

En Panamá hay un cuadro de crisis generalizada (protestas y movilizaciones) por el alza de los precios del combustible, los alimentos, entre otros. Frente a ello, el Consejo de Gabinete de Panamá aprobó el control de precios a 10 productos de la canasta básica de alimentos (pollo, carne de res, huevos, vegetales, frutas, leche y cereales, entre otros).

• Ecuador:

Ecuador también registra protestas recientes por el alto precio del costo de vida (alimentos, entre otros). La situación ha llevado a Guillermo Lasso y el Movimiento Indígena a suscribir un acuerdo sobre las políticas a implementar para enfrentar el alza de los precios. Concretamente, el Decreto Ejecutivo 452 instruye a las gobernaciones de todo el país a coordinar acciones para intensificar los mecanismos de control con la finalidad de erradicar procesos especulativos sobre el precio de productos básicos.

• El Salvador:

Aún sin protestas o movilizaciones populares, el gobierno dictó una ley especial transitoria para verificar los precios de las principales cadenas de supermercados.

• México:

En México, el gobierno lleva adelante la supervisión del precio de los alimentos; la suscripción de acuerdos con empresarios, productores y comerciantes para estabilizar el precio de 24 productos básicos e impulsa la producción agropecuaria. Las diversas medidas aplicadas, tienen por objetivo combatir la inflación de productos básicos, entre ellos, alimentos y bebidas. Por otro lado, se comenzaron a controlar los precios de las principales cadenas de alimentos, como por ejemplo Walmart y Bimbo, y se firmó un acuerdo con diversos sectores para mantener estos precios.

• Uruguay:

El gobierno uruguayo dispuso el incremento de las asignaciones familiares y de la Tarjeta Uruguay Social, sumado a descuentos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA); la reducción de aranceles para importación de aceites y harinas, descuentos en la tasa del LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay, encargado de acompañar a diversos sectores productivos y comerciales) para importación de alimentos; y subsidios de empleo temporal para personas que no trabajaron en el último semestre.

• Paraguay:

El gobierno viene tomando medidas para garantizar la subsistencia de distintos sectores y el crédito a la población en general. Al programa de atención a adultos mayores, se sumarán 14.700 beneficiarios y al plan de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad se incorporarán 2.700 grupos familiares. El paquete oficial incluye recursos para préstamos que beneficien a unas 11.600 familias campesinas y una disposición para que el sistema de la banca pública no eleve las tasas de los créditos.

• Estados Unidos:

En los Estados Unidos, la economía de mercado cede en pos de subsidios a sectores productivos y el control de la concentración y de los precios. El Secretario del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), Tom Vilsack, anunció que el USDA ha puesto a disposición U$D 200 millones para fortalecer la cadena de suministro de alimentos y crear oportunidades para pequeñas empresas y empresarios en comunidades rurales. Dentro de esta medida, se incluye financiamiento para que las empresas cárnicas capaciten a sus trabajadores. Por otro lado, el gobierno de EE.UU busca garantizar que los participantes de WIC (Programa Especial de alimentos suplementarios para Mujeres, Bebés y Niños) puedan continuar accediendo a la leche de fórmula durante tiempos de crisis. Además, el USDA busca asegurarse de que las agencias estatales de WIC estén preparadas para futuras interrupciones en la cadena de suministro. El gobierno de EE.UU está realizando un seguimiento de la concentración que existe en el mercado cárnico, el cual es considerado por la administración de Biden como una de las causas de la inflación en los alimentos.

• Canadá:

Canadá posee una asociación de bancos de alimentos (Food Banks Canada), encargada de asesorar al gobierno, adquirir y distribuir alimentos a precios diferenciados con el objetivo de combatir la inseguridad alimentaria en su territorio.

• Bolivia:

Bolivia cuenta con diversas empresas del Estado encargadas de producir y comercializar alimentos (productos lácteos, miel, frutas, verduras, legumbres, entre otros) a precios diferenciados y de calidad a la población. En este sentido, el gobierno optó por seguir empoderando a estas empresas estatales con el objetivo de afrontar el nuevo contexto agroalimentario. Actualmente, se registran protestas de productores alimentarios y cocaleros.

Consideraciones finales

Tal como surge de nuestro breve análisis, la crisis generalizada del mercado agroalimentario internacional ha empujado a los Estados a tomar una serie de medidas paliativas tales como:  controles de precios, cupos a la exportación de ciertos productos, subsidios a sectores productivos, apoyo a sectores sociales para garantizar un adecuado consumo de alimentos, entre otras. Este tipo de medidas son, en su mayoría, instrumentos de corto plazo que se encuentran desarticulados de una política integral. Sin embargo, es prioritario adoptar medidas estratégicas y de mayor alcance que impacten de en cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria (producción, comercialización, distribución y consumo final) con el objetivo de ampliar el margen de participación de los Estados y cubrir las necesidades básicas de la población en momentos de crisis, tal y como lo recomiendan distintos organismos internacionales¹.

La inflación en los alimentos es un fenómeno global que exige una intervención responsable de los Estados. Dicha intervención debe ir desde el seguimiento, fiscalización y control de la cadena agroalimentaria, hasta la generación de incentivos para aumentar la producción agropecuaria y agroindustrial con la intención de fomentar una sinergia público-privada, y con el objetivo de asegurar una vida digna.

¹https://www.fao.org/newsroom/detail/joint-statement-by-the-heads-of-the-food-and-agriculture-organization-international-monetary-fund-world-bank-group-world-food-programme-and-world-trade-organization-on-the-global-food-security-crisis/es