Políticas Energéticas Argentinas 2003 – 2025

Autor: Pedro D. Díaz | Alumno de la Diplomatura

El cambio de paradigma argentino: de Soberanía Energética (2003-2015) a la gran tragedia del Libre
Mercado – Ley Bases 2024 (Ley 27.742).

Cuando en 2024 se aprueba y promulga la Ley 27.742, mediáticamente conocida como Ley Bases, se produce en la Argentina uno de los cambios más potentes, y antagónicos implementados por el actual gobierno y que guardaban, entre otras, directa relación con las entonces políticas energéticas que regían en nuestro país.

El abrupto cambio en la visión de país con relación a la energía originó que se pasará de un esquema de desarrollo industrial con inclusión social, con serias perspectivas de exportación, a una platilla de libre mercado, con una casi nula participación estatal, priorizando la inversión privada y la rentabilidad, en desmedro del bienestar general y el desarrollo armonioso.

Desde el año 2003 hasta 2015, inclusive, se llevó a cabo un plan de gobierno que estableció como una de sus prioridades, el desarrollo energético nacional con un alto sentido de soberanía.

Es así, que entre las medidas más sobresalientes podemos mencionar, entre otras: la recuperación del 51 % del paquete accionario del YPF, con participación del 25 % de las Provincias productoras, convirtiéndola de esta manera en una sociedad público/privada con control estatal.

1 Otro hito de gestión con perspectiva soberana fue el inicio del desarrollo del Yacimiento Vaca Muerta, cuya área más extensa se encuentra en la Provincia de Neuquén, pero su cuenca se extiende también a las Provincias de Rio Negro, Mendoza y La Pampa, constituyéndose como una de las reservas de petróleo y gas, no convencional, más importantes del mundo.

Se destacan también la construcción de las Represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en la Provincia de Santa Cruz, sobre el rio homónimo. Las mismas actualmente se encuentran paralizadas, argumentado el actual gobierno argentino, que se encuentra en una etapa de renegociación con el gobierno chino. El objetivo de las mencionadas represas era el aporte de aproximadamente 5.000 GWh al año.2

No podemos omitir como otro logro de gestión, la construcción de 5.500 km de redes de alta tensión durante el período que nos ocupa (2003-2015), lo que permitió integrar al sistema nacional la región patagónica, Puerto Madryn, Pico Truncado – Río Gallegos, cumpliendo con una demanda histórica de esa amplia extensión del territorio argentino.

En el marco de las obras de extensión de redes se logró una notoria confiablidad y estabilidad del sistema logrando el cierre de un “anillo” entre el NOA y el NEA, mejorando el abastecimiento en Provincias como Salta, Jujuy y Tucumán.

Referencias:

1. Fuente: Clase Magistral Dr. Pablo Gerardo González.

2. Fuente: Energía Argentina S.A.

3. Fuente: Chequeado. La llamada “Ley de Bases” también introdujo cambios sustanciales en el régimen de hidrocarburos, “so pretexto” de incentivar la inversión, aumentar la producción y las exportaciones, y mejorar la eficiencia del sector. Estas modificaciones se implementaron principalmente a través de la incorporación del Título VIII a la Ley 17.319, y podemos mencionar como las principales modificaciones a:

1. Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción (Art. 70 a 73) 

Estabilidad Fiscal: las empresas que realicen inversiones en nuevos proyectos de producción, infraestructura de transporte (oleoductos/gasoductos), procesamiento, etc., podrán acceder a un régimen de estabilidad fiscal por 20 años. Esto implica que no se verán afectadas por aumentos de impuestos nacionales, derechos de exportaciones o la creación de nuevos gravámenes sobre sus actividades o activos específicos.  Elegibilidad: para acceder, las inversiones deben ser nuevas, incrementar la producción o la capacidad de transporte/almacenamiento, y superar un monto mínimo establecido por la autoridad de aplicación (se estima en alrededor de US$250 millones para proyectos de producción).

2. Desregulación y Competencia en el Mercado del Gas (Art. 74) 

Fin del monopolio de Transporte: se derogan los artículos que establecían que los gasoductos troncales debían ser operados exclusivamente por Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS). A partir de la derogación los capitales privados podrán construir y operar nuevos gasoductos, siempre sujetos a regulaciones técnicas por parte de ENARGAS. (Fuente: AN)

Lo enunciado precedentemente no describe en su totalidad los logros y avances en materia energética durante los gobiernos kirchnerístas, pero si alcanza para dimensionar y proyectar los objetivos preestablecidos dentro de su Plan de Gobierno.

Sin entrar en un desarrollo más pormenorizado de la gestión propiamente dicha y los resultados concretos de la misma, debemos asumir que, SÍ existió un Plan de Desarrollo Estratégico en materia energética, y que conllevaba, en sí mismo, un alto contenido en materia social, dado que existió una política de subsidios que permitía el acceso a los servicios de prácticamente la totalidad de los habitantes donde existía la infraestructura necesaria para ello, además de tener valores tarifarios más que razonables para el usuario común, además de una tarifa diferenciada dirigida a los grupos socialmente más vulnerables. Esto se pudo ver en tarifas sociales, bonificaciones, uso racional de la energía, construcción de gasoductos troncales, energías renovables y la presencia estatal como actor principal en el ámbito energético. La integración de estos factores permitió llevar adelante las políticas de desarrollo energético con inclusión e integración social, demostrando de manera palmaria que no existe incompatibilidad entre sí, como se pretende hacer creer con el discurso del actual gobierno.

La LEY BASES (Ley 27.742) y sus consecuencias en materia energética

La sanción y posterior promulgación de la 27.7427/2024 que, a la postre, colisionaron de manera frontal y violenta con las políticas y criterios aplicados durante el período comprendido entre 2003 -2015, produjeron, a mi entender, un severo retroceso en materia de soberanía energética con desarrollo industrial y con inclusión e integración social, toda vez que, como ya lo mencionara, antepone la rentabilidad empresaria por sobre derechos reconocidos a lo largo de la historia, muchos de los cuales fueron sostenidos y ampliados por gobiernos de perfil Progresista, Nacional y Popular.

A continuación, detallaré algunas de las medidas adoptadas por el actual gobierno de corte neoliberal y pro mercado:

– Una de las primeras medidas del actual gobierno tiene que ver con las facultades dela Secretaria de Energía de la nación, en cuanto a la libre exportación, decisión que implica la cuasi “no intervención” o “no objeción” de los envíos.

– Prohíbe la intervención estatal en la regulación de los valores internos, inhabilitando cualquier mecanismo de control de precios, habilitando de esta manera la auto regulación de los precios de acuerdo a las variables del mercado, con valores mucho más próximos, sino igual, a los de exportación. De esta manera el autoabastecimiento interno ya no es prioridad excluyente y, mucho menos, a valores diferenciados, estableciendo la rentabilidad por sobre cualquier otro aspecto.

– Con relación al mercado eléctrico, la Ley Bases establece como prioridad la inversión privada en el transporte y una adecuación al alza de las tarifas del servicio, previendo, además, la elección del proveedor, aunque esto último con una mirada a largo plazo.

– En sentido inverso a las políticas implementadas entre 2003 – 2015, que imponía al estado como actor primario en el sector, el actual gobierno busca fomentar la inversión privada en el mercado y la privatización de empresas como Enarsa, Núcleoeléctrica Argentina, centrales termoeléctricas, etc.

Fuente: Estudio O’Farrell.

Conclusiones finales

Las políticas energéticas en Argentina han sufrido un agudo cambio de paradigma donde el estado abandona su rol de interventor para pasar un rol de facilitador, lo que implica una fuerte involución en cuanto a la accesibilidad y la inclusión social que primaba entre 2003 y 2015, inclusive Dicha aseveración encuentra su sustento en el hecho que las mismas conllevan un fuerte impacto en las tarifas domésticas, industriales y comerciales, dada la decisión política de dejarlas libradas a los imponderables del libre mercado y que guardan incidencia directa en la variación, por lo general en aumento, de los valores tarifarios de las mismas. Este aspecto pone en serio riesgo la inclusión, seguridad y soberanía energéticas, al establecer como prioridad la exportación y su rentabilidad, en desmedro del mercado interno y las oportunidades de desarrollo industrial y el acceso a los sistemas con inclusión social.

La recuperación de la soberanía energética será entonces uno de los más grandes desafíos para la oposición, en caso de acceder al poder en la inmediatez de las próximas elecciones de 2027.

Sólo si aquello se logra, podremos avanzar como país en la restitución de derechos conculcados por el actual gobierno y en la implementación de urgentes políticas de inclusión e integración social, porque las políticas energéticas con sentido nacional, posibilitan en sí mismas el desarrollo sostenible que demandarán los nuevos tiempos y que traen aparejadas mayor justicia social, cuya consecuencia final es mayor bienestar y dignidad para el Pueblo Argentino.

Un estado sin control sobre sus políticas energéticas, es un país sin Soberanía.