Autora: Agustina Sánchez Beck
GT Sectores Estratégicos
Introducción
Nos encontramos frente a un proceso global denominado “transición energética” que tiene por fin reconfigurar la matriz energética global para reducir a cero de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050. El objetivo se ha establecido en el marco de las instituciones multilaterales mediante diversos tratados y acuerdos globales. Este proceso pone el foco en abandonar la utilización de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas para la generación de energía, y reemplazarlo por fuentes de energías renovables, como la solar y la eólica. Esto ha tenido como consecuencia un aumento de la inversión en tecnologías verdes, mercado que tras la crisis financiera del 2008 se convirtió en uno de los más rentables.
En efecto, esta transición hacia una “economía verde” ha despertado el interés de corporaciones tecnológicas, energéticas, incluso hidrocarburíferas y mineras que ven en este proceso de destrucción e innovación tecnológica una oportunidad para hacer negocios. En 2020 Amazon, Apple, Alphabet (Google), Microsoft y Facebook invirtieron 501.300 millones de dólares en la “descarbonización”. A su vez, la mayoría de las empresas ha creado dentro de sus estructuras un área de “sustentabilidad”, “ecología”, “cuidado ambiental” o de “negocios verdes” con el fin de “contribuir” a la descarbonización de la economía y el cuidado del ambiente.
Sin embargo, estas acciones no cuestionan la financiarización de la naturaleza, la forma en la que se explotan los recursos naturales, ni las estructuras jurídicas internacionales que permiten la explotación irracional de los recursos naturales sin ningún tipo de control, causando daños irreparables en los territorios y ambientes. La ausencia de marcos legales globales vinculantes que obliguen a las empresas energéticas y mineras a realizar sus actividades con criterios de sostenibilidad y cuidado ambiental, así como a asumir responsabilidades y políticas de reparación por los daños ocasionados, resulta ser un problema estructural. El mismo tiene sus raíces en el modelo económico capitalista neoliberal basado en la maximización de las ganancias, la reducción de los costos y el achicamiento del Estado, mediante la reducción de las capacidades de regulación y control de la actividad económica.
La lógica de la inversión extranjera directa que rige en las regiones periféricas y semi periféricas como único modelo de desarrollo posible y que apunta a una flexibilización económica y ambiental para la atracción de inversiones, profundiza los impactos ambientales del accionar de esos capitales transnacionales y multinacionales. Esto afecta directamente a los países de América Latina donde se localizan grandes reservas de recursos naturales estratégicos que posibilitan los procesos industriales y productivos del presente. Un informe de la Organización Meteorológica Mundial señala que América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático. El reporte afirma que el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos, producto del calentamiento global, se ha llevado más de 312.000 vidas en América Latina y el Caribe entre 1998 y 2020.
La transición energética y ecológica debe ser capaz de revisar y controlar el accionar impune de las corporaciones energéticas globales. Sino este proceso será un mero eslogan que profundizará la concentración de la riqueza, el aumento de la pobreza y la destrucción del ambiente.
Breve historización sobre la explotación de recursos naturales en América Latina
En la década de 1970, en plena Guerra Fría, el sistema económico internacional de Bretton Woods entró en crisis tras el fin de la convertibilidad del dólar al oro. Desde ese momento los capitales de los países centrales, bajo la hegemonía del sector financiero, abandonaron los acuerdos monetarios de la post segunda guerra y migraron a las periferias y semiperiferias los eslabones productivos más intensivos en mano de obra. Comenzaba así un fuerte proceso de relocalización (reshoring) en búsqueda de eficiencia y reducción de costos, en el curso del cual las empresas internacionales encontrarán en los países de América Latina mano de obra precarizada y grandes reservas de recursos naturales estratégicos.
A partir de ese momento, los grupos económicos concentrados y las elites políticas de la región latinoamericana promoverán la inserción primaria y la captación de inversión extranjera directa mediante políticas de apertura económica, flexibilización laboral, reducción de las capacidades estatales para la generación de empleo, desarrollo industrial y tecnológico, así como para el control y la regulación. Dichas medidas estuvieron impulsadas, principalmente, por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Estos planes económicos, en el Cono Sur, se implementaron mediante golpes de Estado, digitados por el Comando Sur en el marco del denominado Plan Cóndor.
Tras la caída del muro de Berlín, el denominado Consenso de Washington, profundizó este modelo económico en los países de América Latina. La nueva economía global tendría su eje en la “financiarización de la naturaleza” proceso conceptualizado con mucha claridad por la autora peruana Monica Bruckmann quien sostiene: “La financiarización de la naturaleza no sólo expresa su mercantilización, sino que crea un nuevo campo de acumulación y de valorización que se nutre de la destrucción acelerada de los recursos naturales y el medio ambiente, provocando daños irreversibles a los procesos geofísicos y a la biósfera con un impacto social de gran envergadura” y continua “Durante las últimas décadas, las materias primas y recursos naturales, que el mercado financiero ha llamado commodities, se han convertido en un nuevo tipo de activos financieros que operan a través de una dinámica profundamente especulativa, estimulada por la desregulación de este sector como principal mecanismo de atraer a los inversionistas” (Bruckmann, 2011). En América Latina donde se encuentra un tercio de las reservas de agua dulce de todo el mundo, la quinta parte de los bosques naturales, 12% de los suelos cultivables, abundante biodiversidad, al menos 49% de las reservas de plata (Perú, Chile, Bolivia y México), 44% de las reservas de cobre (Chile, Perú y, en menor grado, México), 33% de las reservas de estaño (Perú, Brasil y Bolivia), el 22% de las reservas de hierro (Brasil, Venezuela y México) y el 68% de las reservas de litio (Argentina, Bolivia y Chile) el 20% de las reservas de petróleo (Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina) y el 4% de las reservas mundiales de gas (Bolivia) (CEPAL, 2020), este proceso ha tenido un impacto directo y profundo.
La doble vara de las corporaciones energéticas
La imposición de un modelo económico, productivo e industrial basado en la explotación de recursos naturales, acorde a los intereses de las grandes corporaciones y potencias ha tenido como consecuencia no solo el achicamiento del Estado mediante su descapitalización, sino también su total transformación y orientación hacia los intereses de las grandes corporaciones, mediante numerosas reformas jurídicas e institucionales. Se han eliminado prácticamente todo tipo de capacidad de regulación y control soberano, al tiempo que se ha ampliado la burocracia para la protección de la inversión extranjera y de los intereses foráneos. La imposibilidad de gestionar, regular y legislar en favor del interés nacional ha permitido y permite un accionar leonino por parte de las corporaciones energéticas y mineras que aterrizan en los países de América Latina para extraer y llevarse los recursos naturales; que luego estos mismos países importan en forma de productos tecnológicos y bienes industriales de altos precios, profundizando la división internacional del trabajo y, por lo tanto, las desigualdades entre Estados y las asimetrías de poder.
El caso de Chevron
Para graficar este accionar tomaremos el caso de Chevron, corporación petrolera estadounidense que opera en varios países de América Latina y cuyo accionar evidencia el doble estándar de las corporaciones en el marco de los procesos globales “verdes”.
La empresa transnacional Texaco de capitales estadounidenses, comprada por Chevron en 2001, operó en Ecuador entre 1964 a 1990, período durante el cual perforó y operó 356 pozos de petróleo sin utilizar los métodos acordados en el contrato de explotación para la preservación de la naturaleza, a pesar de que los patentaba y utilizaba en EE.UU. Debido a este accionar la petrolera derramó petróleo en la Amazonía ecuatoriana, afectando a más de 2 millones de hectáreas y a numerosas comunidades indígenas que allí viven. Desde comienzos de siglo, el Estado ecuatoriano emprendió numerosos juicios contra la petrolera demandando la responsabilidad por la contaminación atroz que la corporación realizó sobre una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo. La mayoría de estos casos no tuvieron un resultado positivo, hasta que en 2011 Steven R. Donziger, abogado que representó a los pobladores de la Amazonia en Nueva York, ganó un juicio contra la empresa en la Corte Provincial de Sucumbíos.
En el caso conocido como “Lago Agrio” Chevron fue sentenciada a pagar 9.500 millones de dólares por contaminar la Amazonía durante sus operaciones entre 1964 y 1992. Sin embargo, desde entonces, la justicia ecuatoriana no pudo hacer cumplir la sentencia. Chevron recurrió al sistema de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado y demandó a Ecuador en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, alegando violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos en 1993. El tribunal arbitral aceptó la demanda y falló a favor de la empresa, le ordenó al Estado ecuatoriano anular la sentencia de la Corte de Sucumbíos de 2011 por considerarla fraudulenta.
Ante esta situación, la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco-Chevron (UDAPT) en Ecuador, parte demandante en el caso Lago Agrio, ha denunciado internacionalmente la decisión del tribunal arbitral acusándolo de jerarquizar los intereses corporativos y financieros por sobre los daños sobre el territorio y las comunidades de la Amazonía. Durante los años de juicio, la empresa ha emprendido una campaña de desprestigio internacional contra la UDAPT, de desacreditación de las cortes ecuatorianas y una persecución política y judicial contra el abogado Donziger, querellante en la causa, quien se encuentra aún en prisión domiciliaria. “El problema fundamental es que Chevron destruyó la Amazonía ecuatoriana y yo era parte de un equipo legal que hicimos que la compañía rindiera cuentas por ello” afirma Donziger, quien se encuentra monitoreado las 24 horas en EE.UU con una tobillera electrónica.
Reflexiones finales
A pesar de que la empresa en su página web afirme tener una política de cuidado del medioambiente, sustentabilidad y protección de la naturaleza, en la práctica ha hecho todo lo contrario sin hacerse responsable por los daños irreparables sobre el medioambiente y las comunidades locales. Este caso ejemplifica la forma en que las corporaciones utilizan la arquitectura internacional para proteger sus intereses y vulnerar la soberanía de los países.
Fuente: https://www.chevron.com/sustainability/environment
El caso Chevron en Ecuador, como tantos otros conflictos ambientales y sociales en donde las corporaciones energéticas, tecnológicas y mineras han estado involucradas directamente: desde los desechos mineros tóxicos de las multinacionales Vale y BHP en Brasil, el derrame de petróleo en el Golfo de México por la British Petroleum, las presiones de Repsol durante el proceso de nacionalización de YPF en Argentina, hasta la represión y persecución de las comunidades, hasta incluso el asesinato de dirigentes y lideres ambientales como es el caso aún irresuelto de Berta Cáceres en Honduras, evidencian que es urgente revisar los marcos normativos que regulan la actividad financiera y económica global que jerarquiza el interés de las corporaciones, el lucro y las ganancias extraordinarias por sobre los impactos en el medioambiente y en las personas. La impunidad en su accionar se sustenta en la complicidad de la justicia y también en los medios de comunicación que operan a favor de las corporaciones que los financian.
Más que insistir en la transición acelerada hacia las energías renovables para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el paso hacia una economía más justa y sostenible debe ser capaz de revisar y controlar el accionar impune de las corporaciones energéticas, tecnológicas y mineras globales. Para eso resulta tan necesario como urgente orientar las capacidades y facultades de los Estados de aquellos países que poseen recursos naturales codiciados por estas empresas, para la regulación y el control soberano de los mismos, priorizando el cuidado del medioambiente y sus habitantes. Quizás, en la revisión de las arquitecturas internacionales de la desigualdad que rigen hoy el sistema internacional, se encuentra la verdadera justicia ambiental.
Fuentes consultadas:
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/06/Expediente-Caso-Chevron-abril-2015.pdf
https://www.pagina12.com.ar/352742-un-abogado-denunciante-sufre-la-venganza-de-chevron
Bruackman, Mónica (2011). Recursos naturales y la geopolítica de la integración suramericana. Disponible en:https://cronicon.net/paginas/Documentos/Libro-Bruckmann.pdf
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